La consejera de Justicia María Jesús San José ya ha activado los expedientes disciplinarios contra los ya más de cien funcionarios de la prisión de Zaballa que han estado enfermos desde el pasado 4 de diciembre. El Departamento de Justicia ha reclamado al director de Zaballa Benito Aguirre las identidades de los trabajadores con baja médica y "cualquier otra información" sobre la presunta "huelga encubierta" que, según la magistrada Ruth Alonso, se estaría utilizando en este centro penitenciario vasco. Alonso no solo ha cuestionado en su último auto la profesionalidad de la plantilla sino que con anterioridad ha enmendado el criterio de las Juntas de Tratamiento en la concesión del régimen penitenciario regulado por el artículo 100.2.
El responsable del programa de análisis e inspección de centros penitenciarios del Gobierno vasco ha solicitado al director de Zaballa la identidad de los funcionarios de baja médica como paso previo a la apertura de un expediente disciplinario. La petición de estos datos personales se justifica al asumir la petición cursada por la juez de Vigilancia Penitenciaria en un auto fechado el pasado 18 de diciembre. En él y tras recibir la denuncia formulada por el director Benito Aguirre, se reproduce la reclamación de la juez Alonso para que "de modo urgente" estudiara la posibilidad de "adoptar medidas de carácter disciplinario" contra los 73 trabajadores incluidos en la primera comunicación al juzgado. Después, la cifra de trabajadores con baja médica ha fluctuado -con altas y bajas- hasta situarse por encima del centenar; la mitad de los trabajadores que se encargan del control directo de los 840 presos en el régimen ordinario.
Alonso incluía también en su auto la autorización para que el Departamento de Justicia reforzara la plantilla y la denuncia ante el juzgado de guardia de Vitoria sobre un presunto "ilícito penal" cometido por los trabajadores. La consejera San José activó de un día para otro la incorporación de 10 interinos que comenzaron a trabajar el pasado viernes 20 de diciembre y de otros 20 que se han incorporado esta semana. Todos ellos fueron 'formados' con un cursillo exprés de cinco jornadas teóricas y carecen de experiencia en el ámbito penitenciario.
El requerimiento de información ha sido comunicado por el director Aguirre a toda la plantilla de Zaballa en lo que se interpreta, según fuentes sindicales, como una medida de presión cuando más tensión y problemas de funcionamiento interno existen en la mayor cárcel gestionada por el Gobierno vasco. Fuentes penitenciarias han advertido que durante el día de ayer al menos se produjeron tres incidentes que obligaron a intervenir a los funcionarios más veteranos con presos que tuvieron que ser trasladados a la fuerza al módulo de Ingresos. En este módulo también se produjo un incidente "grave" cuando uno de los internos comenzó a destrozar con violencia material del centro.
El auto de Ruth Alonso sobre el incremento de las bajas médicas constata que "respecto al origen de las causas sobrevenidas referidas se informa que existen indicios racionales de que éstas deben ser encuadradas en el contexto de un conflicto laboral acaecido en el proceso de negociación de las condiciones laborales del personal penitenciario de la administración vasca". La magistrada da a entender que fue el director de Zaballa quien le trasladó la existencia de "indicios racionales" que vinculaban las bajas con un "conflicto laboral" en el centro penitenciario de Zaballa. Sin embargo, el director Benito Aguirre negó este extremo ante los medios y desmintió que él hubiera "denunciado" a sus trabajadores con su comunicación a la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Ruth Alonso no solo mantiene un posicionamiento crítico con la profesionalidad de funcionarios de Zaballa sino que también discrepa de los criterios técnicos de las Juntas de Tratamiento de las prisiones vascas. La magistrada, según información facilitada por el Gobierno vasco al diputado del PP Santiago López, ha autorizado la concesión del 100.2 a 44 presos de los 86 concedidos pese al criterio en contra del equipo de profesionales de los centros. Uno de las progresiones concedidas por Alonso ha facilitado al ex dirigente del PNV Alfredo de Miguel disfrutar de salidas diarias de la cárcel de Basauri para trabajar en una consultora vizcaína. De Miguel fue condenado a nueve años de prisión por delitos de corrupción pero logró un tratamiento penitenciario singular cuando llevaba poco más de un año entre rejas.