El caso del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, al que una subordinada ha denunciado por agredirla sexualmente, va más allá del ámbito penal. El episodio revela un problema mayor: la seguridad del Estado ha estado en manos de una cúpula sobre la que pesa la sospecha de haber convertido el mando en un instrumento de intimidación y encubrimiento, y el responsable político de ello es el ministro Fernando Grande-Marlaska.
La gravedad no reside sólo en el contenido de la querella, que deberá probarse, sino en la secuencia que la rodea. Según los hechos conocidos, la presunta agresión habría ocurrido en abril de 2025 y en julio el número 2 del DAO habría contactado con la denunciante -ex pareja de González- para ofrecerle un destino a cambio de su silencio. Si esa tentativa de coacción se confirma, estaríamos ante un abuso de poder: el uniforme y la jerarquía empleados no para proteger, sino para someter.
El ministro alega que no supo nada hasta que el caso se ha hecho público. Esa defensa es, paradójicamente, autoinculpatoria en términos políticos. Si lo sabía, es inaceptable que mantuviera en el vértice operativo de la Policía a un mando bajo sospecha y permitiera que su entorno maniobrara contra una subordinada. Pero si no lo sabía, tampoco es aceptable: significa que el ministro carece del control mínimo sobre la cadena de mando que dirige, y que en su cúpula pudieron operar durante meses dos responsables -uno acusado y otro presuntamente encubridor- sin que saltara ninguna alarma eficaz. La responsabilidad política consiste precisamente en responder ante los ciudadanos por lo que ocurre bajo su autoridad, no en limitarse a reaccionar cuando la realidad estalla.
A esa quiebra de supervisión se añade un hecho que agrava la carga de responsabilidad: Marlaska forzó la continuidad del DAO cuando se aproximaba su jubilación, blindándolo mediante un decreto ajeno a esa finalidad con la excusa de la dana de Valencia. Ese gesto certifica la absoluta confianza personal y política que el ministro depositó en él. Por todo ello, no basta con presentar su cese -y el de su mano derecha- como una prueba de contundencia: el listón de la ejemplaridad no se mide por la rapidez de una destitución tardía, sino por la prevención y la asunción de responsabilidades. Las alarmas debieron saltar antes. La única salida posible para Marlaska es la dimisión.
El enrocamiento desafiante del ministro y el respaldo público que le ha otorgado Pedro Sánchez sólo pueden ser entendidos dentro de la cultura política instaurada por el presidente, centrada en la no rendición de cuentas. Una cultura política que favorece la conciencia de impunidad y que ha destruido el concepto mismo de responsabilidad: la idea de que el poder protege hasta el último minuto, de que lo decisivo no es el comportamiento sino la capacidad de resistir, de que la dimisión es un recurso retórico y no un principio de higiene democrática.