La rectificación del Gobierno con su decreto ómnibus, con el que pretendía aprobar la subida de las pensiones junto a una treintena de variopintas medidas, desde el «escudo» antidesahucios hasta cambios fiscales, energéticos o laborales, ha dejado al descubierto la burda estrategia en la que una vez más ha incurrido el Ejecutivo. El fin es netamente electoralista, ante los comicios que este domingo pronostican otra debacle del PSOE en Aragón. El medio han sido, de nuevo, los pensionistas, utilizados como rehenes con el fin de retratar al PP -también a Vox- como enemigos de sus intereses. La maniobra, propia de un Ejecutivo sin mayoría y sin más proyecto que mantener el poder, no solo contraviene la jurisprudencia respecto a las indeseables leyes ómnibus: retrata una forma de hacer política basada en el abuso y la propaganda que el Gobierno ni siquiera se esfuerza ya por ocultar.
Ante la negativa de sus propios socios a aprobar el paquete la semana pasada, el Gobierno divide ahora el decreto para que puedan votarse las pensiones por separado. La incapacidad de los ministros de explicar por qué no se hizo algo tan sencillo desde el principio es elocuente, cuando tanto el PP como el PNV y Junts habían dejado claro que la medida contaba con su apoyo si no se mezclaba con otras. El episodio es significativo de una forma divisiva e irresponsable de ejercer el poder, que no solo genera incertidumbre en los ciudadanos -incluidos los diez millones de pensionistas-, sino inseguridad jurídica en las empresas, que se ven obligadas a tomar decisiones a diario sin saber qué deparará la tómbola parlamentaria semana tras semana.
Lo más dañino es, en todo caso, que un escenario político de estas características imposibilita abordar la verdadera prioridad, que no es revalorizar las pensiones, sino reformar en profundidad un sistema de pensiones que es insostenible. La continuidad del propio sistema está en riesgo, al mismo tiempo en que la creciente brecha generacional condena a los jóvenes a una vulnerabilidad estructural. Para ello es preciso un consenso político mayoritario hoy inimaginable y cuyo coste ya estamos pagando entre todos.