La encuesta de Sigma Dos que publica hoy EL MUNDO arroja una conclusión nítida que trasciende el ruido político: los españoles no creen que la corrupción que rodea al PSOE sea un accidente, sino un síntoma. El 62% considera que existe «corrupción estructural» en el partido y solo un 30% acepta la tesis oficial de los «casos aislados». El dato es aún más revelador dentro de los propios socialistas: un 36% de los votantes de Sánchez admite ya ese carácter sistémico, una desafección creciente que explica la erosión de confianza en torno a la figura del presidente.
Paradójicamente, ese diagnóstico grave coexiste con una convicción mayoritaria de que no habrá una regeneración inmediata a través de las urnas. El 63% de los ciudadanos cree poco o nada probable un adelanto electoral en 2026, pese a que el 38,8% desearía elecciones o un cambio de Gobierno. Es la fotografía de un país que detecta el problema, pero que todavía ve lejana la activación de la solución. Una ciudadanía que identifica el deterioro político, pero que percibe al presidente como un personaje aferrado al calendario, su único instrumento de supervivencia.
El contraste entre las expectativas públicas y esta supervivencia institucional alimenta la desconfianza. La legislatura avanza marcada por causas judiciales que cercan al entorno del presidente, sin presupuestos aprobados y con un Gobierno sostenido en una aritmética fatigada. Pese a ello, Sánchez parece insistir en agotar mandato, confiado en que el paso del tiempo diluya responsabilidades y desgaste a la oposición más que al Ejecutivo.
Pero la opinión pública ha dejado de comprar su relato complaciente. Ve una estructura corroída, donde el poder se defiende antes que regenerarse. Y recuerda una verdad elemental en democracia: la confianza no debe exigirse, sino ganarse a través del buen hacer. Si Sánchez ignora esa alerta, serán los ciudadanos quienes terminen por transformarla en un proceso mucho más contundente.