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Ciudad abierta

Cómo responder a una tragedia de forma racional

¿Cómo no preguntarse si quienes han estado tomando decisiones, tanto en el ministerio competente como en las principales empresas públicas implicadas, estaban cualificados, o si se guiaban por un criterio de servicio público?

Pedro Sánchez, entre Óscar Puente y Juanma Moreno, en Adamuz.
Pedro Sánchez, entre Óscar Puente y Juanma Moreno, en Adamuz.J. ZapataEFE
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Hay una tendencia a ver las reacciones que se producen tras una tragedia como un ejercicio de irracionalidad colectiva. No, curiosamente, las reacciones emocionales, como la tristeza que provoca pensar en los muertos, o la angustia que sentimos al comprobar lo arbitraria y cruel que puede ser la vida. Más bien se sospecha de las reacciones aparentemente reflexivas: las especulaciones sobre lo ocurrido, la búsqueda de responsables. Es fácil presentar este tipo de respuestas como los espasmos justicieros de una ciudadanía conmocionada. O como la manifestación de una necesidad psicológica de ver sentido donde muchas veces solo hay caos. O como las maniobras cínicas de quienes intenta n obtener algún tipo de beneficio. O, sencillamente, como cuñadismo desinformado. Y quién duda de que, en muchas ocasiones, todo esto ha sido así.

Sin embargo, las principales preguntas que se hace la sociedad española desde el domingo son perfectamente racionales. Está claro que, en ausencia de una investigación completa sobre lo ocurrido, las especulaciones acerca del accidente de Adamuz pueden producir lecturas equivocadas y señalamientos injustos. Pero, mientras se desarrollan las investigaciones, tiene todo el sentido que el foco se haya puesto en los posibles efectos de una inversión insuficiente en el mantenimiento de las infraestructuras. Como tiene sentido que se haya insistido en la escalada de incidencias de los últimos años, o en los avisos de los maquinistas sobre el estado de las vías y las posibles revisiones del límite de velocidad.

También se entiende que se hayan recordado los escándalos de corrupción que han salpicado al Ministerio de Transportes desde que el PSOE llegó al poder. ¿Cómo no preguntarse si quienes han estado tomando decisiones, tanto en el ministerio competente como en las principales empresas públicas implicadas, estaban debidamente cualificados, o si se guiaban solo por un criterio de servicio público? Del mismo modo, ¿cómo no iba a recelar la ciudadanía de la gestión de un ministro que se ha comportado, de forma consciente y explícita, como un vulgar trol en vez de como un gestor? Que una sociedad que tuviese estos elementos de juicio no se hiciera esas preguntas... eso sí sería irracional. Aunque también resultaría muy útil para el Gobierno. Lástima.