En la conmemoración del quinto aniversario de la pandemia se homenajeó a las víctimas y a sus familiares, la labor de los sanitarios y médicos, a una comunidad científica que, con la vacuna, evitó que la tragedia fuera aún mayor... Y eso estuvo muy bien, pero se quedó en el olvido una de las secuelas más dañinas de los años del Covid: el descubrimiento por parte del poder político de que podía pisotear libertades y derechos fundamentales sin apenas despertar respuesta ni tener que afrontar consecuencias políticas y/o penales. Al contrario, las suyas fueron cacicadas aplaudidas por el grueso de unos ciudadanos aterrorizados y con nostalgia de dictador chino.
Muchos gobiernos occidentales encontraron en la pandemia el contexto y la justificación para explorar una senda totalitaria: los encierros inconstitucionales, el control de la prensa, la utilización de la policía y el ejército de manera intimidatoria, la mentira y la opacidad de la información oficial, la desactivación de la oposición con el cierre de los parlamentos, la criminalización de las esporádicas protestas ciudadanas (¡cayetanos!)... Y un largo etcétera con el que líderes esencialmente narcisistas, como Sánchez, Trump u Orban, perfeccionaron una agenda autoritaria que, un lustro después, explica el asalto al poder judicial y a otros estamentos.
Sin el autocrático aprendizaje adquirido durante la pandemia, Sánchez no se habría atrevido a apoderarse de manera tan obscena de la Fiscalía General, y los españoles no habrían asistido a estas maniobras con la actual indiferencia. Más preocupados por la ropa interior de las meretrices de Ábalos y sus orgías salvajes que por la utilización soviética del Estado para la destrucción de la principal opositora del sanchismo: Ayuso.
De las causas que acechan a Moncloa, la imputación de García Ortiz es la peligrosa para Sánchez, la única que amenaza su continuidad. La entrega de Google y Meta al Tribunal Supremo de los mensajes que Alvarone destruyó puede aclarar muchas cosas, porque la explicación más lógica de que se deshiciera del contenido de su móvil, cual vulgar Gonzalo Boye -abogado de narcos y de Puigdemont-, es que su contenido lo incriminaba.
Aunque, en el caso de que no lo haga, el mero hecho de que el Supremo necesite la ayuda de empresas extranjeras para sortear las trampas de un fiscal general es de tal gravedad política y moral que se debería llevar por delante a García Ortiz y a sus jefes, Bolaños y Sánchez. Si España fuera, claro, una democracia plena y si más españoles entendieran lo que comporta y obliga ser un ciudadano.