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Quince de marzo de 2022. Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez se reúne con Javier Oliván, vicepresidente de Meta y natural de Sabiñánigo (Huesca). Aún con mascarilla, tras la reunión se anuncia la creación de 2.000 empleos gracias al metaverso. Diecinueve de noviembre de 2025. Sánchez asegura que citará a los dirigentes de Meta en el Congreso acusados de "espiar a los españoles" por una investigación del centro español Imdea. En ella, se prueba que la vigilancia de Meta sobre sus usuarios llega más lejos de lo que se pensaba.
Resulta curioso que sea en noviembre cuando el Gobierno decida pedir explicaciones a Meta sobre un informe que se publicó el 3 de junio. Por el camino los 2.000 empleos que la empresa prometió crear en España han desaparecido y Meta se ha alineado junto al resto de grandes tecnológicas con Donald Trump, otro enemigo de Moncloa.
Sánchez no está solo en su lucha. En el último mes, Yolanda Díaz ha lanzado su propia "macroinspección" contra las tecnológicas y propuesto un nuevo impuesto para el sector, al que ha bautizado como tasa Trump. Al Gobierno siempre le ha funcionado tener un enemigo económico. Con la banca y las energéticas amortizadas, las tecnológicas son un blanco perfecto, en el que es fácil acertar por su capacidad para generar escándalos. El problema es que también son el motor económico global, uno contra el que no es sencillo legislar, sobre todo cuando a la vez se quiere ser el hub digital del sur de Europa.
No será porque no ha habido oportunidad para plantear batalla a estos gigantes. La última de ellas, de hecho, sigue en pie. La Comisión Europea ha lanzado una revisión a gran escala de las leyes digitales que vienen rigiendo el continente en una enorme concesión a EEUU y sus empresas.
La nueva ley retrasaría la entrada en vigor de la mayoría de limitaciones a la hora de tratar datos para el entrenamiento y uso de IA, especialmente las más sensibles. La reacción pública del Gobierno a esta medida ha sido nula y se desconoce su posición. Un silencio chocante, dados los discursos del presidente, que se agrava si se piensa que fue su presidencia española del Consejo de la UE la gran impulsora de la ley que ahora se revisa. A las puertas de los ministerios también esperan las empresas europeas a las que se prometieron nuevos contratos ahora en manos de EEUU. Mientras sea de cara a la galería, la nueva guerra de Sánchez será más artificial que inteligente.