El año pasado por estas fechas, el Gobierno sufrió una de sus derrotas parlamentarias más duras cuando el Congreso tumbó su decreto omnibus en el que, como si fuera un cajón de sastre, incluyó medidas de todo tipo. Entre ellas, la renovación del entonces Plan Moves III de ayuda a la compra de coches eléctricos. El varapalo supuso que esa ampliación no se aprobase hasta abril, con efectos retroactivos al 2 de enero y que, a efectos prácticos, las subvenciones no volviesen hasta el verano.
Hoy, la historia se ha repetido con el nuevo decreto omnibus debatido en el Congreso y que no ha salido adelante, con 171 votos a favor y 178 en contra. La norma tenía en la revalorización de las pensiones en un 2,7% el reclamo que tirase de todo lo demás en una especie de trágala y con ella ha quedado sin efecto la prórroga en la desgravación del 15% en el IRPF (con un máximo de 3.000 euros) de la que podrían beneficiarse todos los compradores de un coche con enchufe.
No usar los carriles VAO si viaja solo el conductor
Es la puntilla a la incertidumbre general que sobrevuela el impulso a estos vehículos, a los que la DGT parece empeñada en ponerles palos en las ruedas. Porque, antes o después, pero siempre este año, los modelos con etiqueta CERO -coches eléctricos e híbridos enchufables- ya no podrán acceder libremente al carril Bus VAO (para Vehículos con Alta Ocupación) en la A6 si su conductor va solo.
La medida, que se extenderá al resto de carriles VAO en España de forma progresiva, responde a esos casos en los que se muere de éxito. Porque se permitió la barra libre para fomentar la compra de automóviles con etiqueta CERO y nulas o muy bajas emisiones. Pero ya son tantos los que usan el carril VAO -donde el resto deben llevar dos ocupantes, al menos- que han terminado por crear un problema de congestión, justo lo que busca evitar este tipo de infraestructuras. Según el Centro Nacional de Gestión de Tráfico,en las horas punta la intensidad alcanza valores de saturación. Por ejemplo, si las retenciones en la calzada exterior aumentaron un 20% entre 2019 y 2025, dentro del Bus VAO lo han hecho en un 90%.
Prerrogativa de la DGT
La maniobra apenas admite réplica legal. «Es una medida especial de regulación del tráfico dentro de la prerrogativa que la ley permite a la DGT cada año» señala Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. «Otra cosa es que se haya hecho mal, igual que con las motos: de dejar que se aparquen en las aceras, lo que estaba prohibido, se ha pasado a perseguirlo con saña», añade.
La marcha atrás de la DGT es lógica, pero no deja de quitar atractivo la compra de un automóvil eléctrico o un PHEV, del mismo modo que años atrás el acceso al Bus VAO, que reducía ostensiblemente el tiempo de desplazamiento, disparó las matriculaciones de estos coches en el área de influencia del citado carril. Una zona también con una de las rentas per cápita más altas de España.
Un problema para las ciudades
Además, se suma al mensaje que el director de la DGT, Pere Navarro, repite desde hace meses en contra de las ventajas que tienen los eléctricos: el libre acceso al centro de grandes ciudades como Madrid, donde tampoco pagan por aparcar. «No se trata de cambiar unos coches por otros y que las ciudades se llenen de electricos creando un problema de congestión», argumenta.
Y quien pudiera estar barajando comprar un pequeño coche de baterías precisamente para eso, pues quizá piense que ya no merezcan la pena el desembolso extra y soportar las limitaciones para viajar. Los dos casos se refieren a Madrid, donde el año pasado se vendieron cuatro de cada 10 vehículos con enchufe. Aunque en todo el país, estos automóviles no llegaron ni al 10% del total de matriculaciones.
La lenta aprobación de las nuevas ayudas
Se reducen o reducirán los beneficios a los coches con enchufe, por un lado; mientras sigue sin aprobarse el Plan Auto+ de ayudas a la compra que el Gobierno ha prometido para 2026, con una dotación de 400 millones. Y el rechazo del Congreso a la desgravación del 15% en el IRPF añadiría aún más incertidumbre entre los compradores.
«Se está notando un parón en el tráfico de los concesionarios» han reconocido esta semana los directivos de varias marcas, como pasó cuando el Congreso rechazó la ampliación del Moves III hace un año.
En este sentido, es seguro que no habrá ayudas para poner postes de recarga; tampoco se premiará el achatarramiento de un coche antiguo y las subvenciones se cobrarán no de forma inmediata, pero sí en unas pocas semanas al estar centralizado el plan. También se sabe que será retroactivo al 1 de enero.
¿Cual será su importe?
Queda como gran incógnita el importe de la ayuda. Algunos medios han dado la cifra de 2.000 euros por coche, de cara a que los 400 millones presupuestados den para mucho más, aunque se antoja un importe tan rácano como poco atractivo. Parece más lógico toparlo en unos 4.000 o 4.500 euros, y reducir esa cifra a la mitad en el caso de los híbridos enchufables.
Asimismo, se sigue debatiendo el criterio que determine qué coches podrán ser elegibles para recibir las subvenciones. Primero, se planteó una especie de pasaporte que redujese (hasta en un 25%) el importe de aquellas para los automóviles fabricados fuera de Europa, lo que penalizaría especialmente a los producidos en China (algunos de marcas occidentales), pero también a coreanos y asiáticos.
Medir la huella de carbono
Para ello, como desveló La Tribuna de Automoción, se pretendería medir la huella de carbono de cada automóvil tanto durante su periodo de uso, como en el proceso de fabricación, al final de su vida útil y considerando también las emisiones de su transporte hasta llegar al cliente final. Lo que, de nuevo, penalizaría a todos aquellos producidos fuera del Viejo Continente.
Como referencia, Alemania acaba de aprobar un programa sin ninguna de esas excepciones y que estará vigente hasta 2029, con una dotación de 3.000 millones de euros. Segun las bases, la ayuda mínima es de 1.500 euros en un PHEV o un eléctrico de autonomía extendida; y de 3.000 en un eléctrico. No obstante, teniendo en cuenta el número de hijos y los ingresos familiares -que no pueden pasar de 80.000 euros anuales, una renta que no es exagerada en aquel país- se podrán añadir otros 3.000 euros.