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Basta con releer las crónicas de los últimos dos años para coincidir en dos particularidades del actual Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso: que lo diseñó con un componente «técnico» notablemente superior a los anteriores, y que la Consejería de Educación era el claro ejemplo de ese perfil. Unas características que incluso aprovecharon en la izquierda madrileña para, tras la pandemia, hacer de la Educación el principal objetivo a batir, con el consejero Emilio Viciana, una figura discreta en el organigrama de Sol, en el centro del huracán político de manera continuada desde entonces. Pero superado el ecuador de legislatura Ayuso ha activado una operación de rearme en la consejería y la ha dotado de peso político para los dos años siguientes.
Un hito en el corto plazo explica el cambio de criterio: la cuestionada ley de universidades regional, que previsiblemente verá la luz antes de final de año. El encontronazo continuo entre la consejería y los sindicatos, los rectores y el Gobierno por la nueva ordenanza obliga a la Comunidad a reforzar el departamento de Viciana.
El desembarco la pasada semana de Mercedes Zarzalejo, la diputada que comandó en la Asamblea el interrogatorio a Begoña Gómez sobre su cátedra en la Complutense, en la viceconsejería de Universidades viene a confirmar la nueva dinámica del departamento de Educación.
La nueva norma está a punto de salir al trámite de audiencia pública como paso previo a su desembarco en la Asamblea, previsto para mediados de diciembre. El trabajo entre la Comunidad y los rectores, según ha sabido este diario, se ha acelerado en los últimos meses, con reuniones prácticamente semanales, y se ha pulido el contenido del texto legislativo.
Por ejemplo, se ha concretado en materia de financiación la creación de un capítulo extra de diez millones por objetivos, que se podrán repartir entre las universidades públicas madrileñas cuando éstas acrediten determinados logros relacionados con su actividad académica o investigadora.
Una medida en línea a lo anunciado este verano por Ayuso, que dio a entender que la Comunidad «reforzará» la inversión en los siguientes años. Un paso hacia un mayor entendimiento entre instituciones que va acompañado, además, de nuevos detalles relativos a uno de los puntos más polémicos de la ley: las sanciones por infracciones en el ámbito universitario.
Educación ha fijado ya en 300.000 euros el máximo de sanción por infracciones muy graves. Eso sí, entre este tipo de penalizaciones no se incluirá aquellas vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus. Es decir, que no se ha decidido todavía cuál será la sanción por la realización, por ejemplo, de escraches.
Un punto de fricción que deberá gestionar la nueva cúpula de Educación, al mismo tiempo que lidie con el particular choque con el Ministerio de Educación y el de Universidades que se vislumbra por la activación de esta norma. Pero el enfrentamiento con el departamento de Pilar Alegría tiene más frente abiertos: Viciana le ha enviado una carta en la que le solicita que modifique la normativa para de manera extraordinaria aumentar los profesores de Matemáticas.
Este diario avanzó en septiembre el plan de choque de Ayuso por la falta de docentes de esta materia. Ahora Madrid reclama alGobierno que los profesores jubilados si lo desean puedan retornar a dar clase, que permita a los estudiantes de tercer curso de carrera también impartir, y que flexibilice las exigencias para poder dar esta materia entre los titulados de ingeniería y aquellos que no tengan el máster.