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La Real Casa de Correos va a ser restaurada y por ello de manera inminente se le va a colocar una lona en la fachada. Pero desde ayer, además, cuenta con un escudo legal que la protege tanto por fuera como por dentro. Desde que arrancó el curso político Sol y Moncloa chocan por la «resignificación» de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid como «Lugar de Memoria Democrática». Ayer Isabel Díaz Ayuso logró que el Tribunal Constitucional levantara la suspensión solicitada por el Gobierno de la ley regional diseñada para blindar el célebre palacio de la Puerta del Sol.
Una decisión que da oxígeno a la Administración madrileña: cada placa o distinción que se pretenda colocar en este edificio, o cada acto que se quiera celebrar en la Real Casa de Correos, deberá contar con la aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad. Algo que, se entiende, se convertiría en un muro de contención en el caso de que el Gobierno central tratara de aplicar la denominación de «Lugar de Memoria Democrática» al inmueble por el uso como centro policial que se le dio durante el franquismo.
El Constitucional prácticamente ha agotado los cinco meses de plazo con los que cuenta para ratificar la suspensión, desde que el 8 de abril admitiera la demanda del Gobierno y paralizara en concreto el artículo 4 de la ley 8/2024 sobre la Real Casa de Correos. Pero la pugna por la catalogación del inmueble venía de meses atrás, y la estrategia del Partido Popular por intentar taponar el plan del Ministerio de Política Territorial se articuló a través de varios frentes: cruces de cartas entre Administraciones, recursos al Tribunal Constitucional, declaraciones explosivas e incluso un documental en defensa de la Real Casa de Correos.
También desde la Asamblea, donde los populares han aprovechado su cómoda mayoría para armar sin problemas la defensa de la Real Casa de Correos desde el plano legislativo. Allí, de hecho, nació hace ocho meses, a finales de noviembre, la enmienda que introducía la nueva redacción del artículo 4 de la ley.
Una treta, una artimaña que establecía importantes trabas al objetivo gubernamental de incluir la sede de la Presidencia regional entre aquellos edificios que fueron lugar de «singular relevancia» durante la dictadura. En él, a través de varios puntos, se establece que «la instalación de placas o distintivos», así como la celebración de actos, «requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid».
Del mismo modo, queda fijado que no se aceptará ninguna placa, distintivo o evento «que pueda perjudicar o resultar incompatible con la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, su significado actual, o que pueda generar confusión sobre la Real Casa Correos como Sede de la Presidencia». Un apartado que ampararía a Ayuso en su denuncia sobre el «afán manipulador» de Pedro Sánchez con esta medida sobre el palacio de la Puerta del Sol.
Ahora, ocho meses después de introducir estos apartados en la legislación, el Constitucional tumba el intento del Gobierno por suspender este texto bajo la tesis de la invasión competencial. El tribunal, de hecho, va más allá y define como hipótesis las argumentaciones esgrimidas desde Moncloa, motivo por el que no considera necesario mantener la suspensión de este artículo.
Así, en la nota informativa se explica cómo los perjuicios alegados por el Ejecutivo central «se formulan en términos hipotéticos», ya que ni tan siquiera se ha resuelto todavía el procedimiento para declarar Lugar de Memoria la Real Casa de Correos. «Por tanto, la posible instalación de placas o distintivos, así como la celebración de eventos y otros actos, no pasa de ser un suceso futuro e incierto; como también lo es la eventual negativa de la Comunidad a autorizar dichas actuaciones», estima el tribunal, que concluye que se decreta el levantamiento de la suspensión «al carecer los perjuicios alegados del necesario grado de certeza».
Queda por ver, pues, cuál será la reacción en los tribunales si, como todo parece indicar, Moncloa profundiza en su propósito de catalogar de esta manera el edificio y la Comunidad aplica la normativa ahora ratificada. El Gobierno regional de Ayuso ya ha advertido que activará todos los recursos necesarios para impedirlo.