No es casual que muchas delegaciones que visitan Israel pidan reunirse con representantes del Tribunal Supremo. Desean conocer su actuación en un país sin Constitución y con dilemas en torno a asuntos como la relación entre religión y Estado y el conflicto con los palestinos. Segundo, porque el TS es uno de los organismos más respetados como garante de un sistema judicial independiente, capaz de anular leyes y de confirmar la condena de cárcel a un presidente (Katsav) o primer ministro (Olmert).
En Israel, la máxima instancia judicial causa admiración pero también malestar. Sin tener esto en cuenta no se puede entender la reforma judicial promovida por la coalición que integran el Likud, dos partidos ultraortodoxos y otros dos del ala más radical en la derecha. Sus bases piden «cortar las alas» del Supremo desde los 90, cuando su presidente, el juez Aharon Barak, lideró lo que llaman una «revolución judicial» que, según las críticas, convirtió al tribunal en «un club cerrado, izquierdista y elitista» con más poder que los políticos electos.
El proyecto del ministro de Justicia, Yariv Levin, es la respuesta a esa demanda que tiene motivaciones ideológicas, personales y sectoriales. Los puntos cardinales del plan establecen la limitación o incapacidad del TS para modificar o anular leyes de la Knésset, y el papel del Gobierno en el nombramiento de jueces. Israel no dispone de Constitución ni de dos cámaras, por lo que su sistema de contrapesos se resentirá sin un ente judicial independiente.
El proyecto ha provocado protestas desde enero, tanto por el fondo («golpe a la democracia») como por la forma (exprés). A los manifestantes, en gran parte del campo liberal y secular, no sólo les preocupa la independencia judicial sino también el rumbo de Israel. La propuesta ha destapado las tensiones latentes en un país donde la cuestión identitaria es crucial, y la guerra cultural seguirá vigente. El Gobierno ha rechazado una propuesta del presidente, Isaac Herzog, que suaviza la reforma y se ha comprometido a consensuar su proyecto. De lo contrario, Israel se enfrenta a una crisis institucional inédita.
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