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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto este martes, por carambola, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los Estados miembros. El tribunal había sido consultado por dos polacos casados en Alemania a quienes se les denegó la transcripción de su certificado marital en su país de origen, donde no se permite la unión entre personas del mismo sexo. Denegar este reconocimiento "es contrario al derecho" europeo, ya que constituye un obstáculo a la libertad de los ciudadanos afectados para circular de un país a otro disfrutando de los derechos adquiridos en el seno de la Unión.
Esto "viola dicha libertad y vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar", considera el TJUE. Por lo tanto, "los Estados miembros están obligados a reconocer, a efectos del ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere, el estatuto marital adquirido legalmente en otro Estado miembro", añade.
La sentencia abrirá una nueva brecha política, cultural, moral y religiosa entre los Veintisiete, al confrontar el derecho común de la Unión con las identidades nacionales que algunos Estados consideran intocables. No les obliga a cambios en el ordenamiento jurídico, pero impone algo que, en la práctica, roza lo revolucionario en países como Polonia o Hungría. Porque si un Estado está obligado a reconocer los efectos plenos de un matrimonio -residencia, derechos familiares, herencias, decisiones médicas, protección social-, ese matrimonio existe de facto en su territorio. Las consecuencias son enormes.
Actualmente, más de la mitad de los países de la UE reconoce plenamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. El resto conforma un bloque de resistencia, con matices distintos, en el que figuran Italia, que reconoce uniones civiles pero no el matrimonio; Polonia y Hungría, que lo rechazan frontalmente; y varios Estados del Este, como Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia, donde el matrimonio sigue definido constitucionalmente como la unión entre un hombre y una mujer.
Que el origen de esta sentencia esté en el caso de dos ciudadanos polacos no es casual. Durante los años de Gobierno del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), liderado por Jaroslaw Kaczynski, el país vivió una campaña institucional de hostilidad contra el colectivo LGTBIQ+. En varias regiones llegaron incluso a aprobarse resoluciones que se declaraban "zonas libres de ideología LGBT", creando un clima de estigmatización sin precedentes en la Europa comunitaria. La llegada al poder de Donald Tusk ha suavizado el tono frente a Bruselas y ha devuelto a Polonia a una línea más proeuropea. La secretaria de Estado, Katarzyna Kotula, celebrado ayer la sentencia como "un paso importante en el camino hacia la igualdad matrimonial".
Pero la realidad institucional es mucho más dura. El presidente de la República, Karol Nawrocki, abiertamente contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo, mantiene intacta su capacidad de veto. Esto convierte cualquier intento de reforma profunda en una misión imposible. Polonia podrá verse obligada a reconocer matrimonios celebrados en otros Estados de la UE, pero difícilmente modificará su propia definición legal del matrimonio sin desatar una crisis constitucional. Así, el país queda atrapado en una contradicción inédita: reconocer legalmente lo que, al mismo tiempo, niega en su propio ordenamiento.
Si en Polonia la situación es complicada, en Hungría es abiertamente explosiva. El primer ministro, Viktor Orban, ha convertido la defensa de la "familia tradicional" en uno de los pilares de su proyecto político. La Constitución húngara prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, y su Gobierno ha aprobado leyes restrictivas bajo el pretexto de la "protección de la infancia", dirigidas directamente contra la visibilidad del colectivo LGTBIQ+. En los últimos años incluso se ha llegado a prohibir o bloquear la celebración de la marcha del Orgullo en Budapest.
En este contexto, la sentencia de Luxemburgo supone un golpe simbólico de enorme calado. No obstante, incluso dentro del propio sistema húngaro han aparecido grietas: el Tribunal Constitucional ha advertido recientemente de una omisión legal por no existir ningún mecanismo para reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero e instó al Parlamento a legislar, al menos, su reconocimiento como parejas registradas.
Desde la organización Háttér Society, una de las principales defensoras de los derechos LGTBIQ+ en Hungría, se interpretó ese paso como un avance histórico: "Es un hito importante en nuestro camino hacia la igualdad de derechos". Ahora, con la sentencia del TJUE, la presión ya no es sólo interna, sino también europea.
Aunque el principio de igualdad de derechos no debería depender jamás de una mayoría social, los datos de opinión pública aportan una dimensión política nada desdeñable a este conflicto. En Polonia, el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo ronda el 40% de la población, mientras que en Hungría se sitúa en torno al 30%. Son cifras minoritarias, pero en ningún caso marginales: hablan de millones de ciudadanos. Las implicaciones, sin embargo, son muy distintas en cada país.
En Polonia no hay elecciones generales ni presidenciales a la vista. En Hungría, el escenario es más volátil. Con elecciones previstas el próximo año, ese tercio de la población que ya respalda el matrimonio igualitario -especialmente concentrado en entornos urbanos y jóvenes- adquiere un peso político distinto. La cuestión deja de ser cuántos apoyan el matrimonio igualitario y pasa a ser si ese respaldo, ahora reforzado por una sentencia del TJUE, puede transformarse en discurso público, en presión social y, sobre todo, en voto. En un sistema que ha proyectado una imagen de unanimidad en torno a la "familia tradicional", la sola visibilización de esa minoría relevante ya supone un factor de desequilibrio.
En Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia, la decisión también ha generado inquietud. En estos países, el rechazo al matrimonio igualitario se apoya en una mezcla de tradición religiosa, conservadurismo social y ecos de un orden moral heredado del pasado. Tampoco es irrelevante que, en buena parte de esta región, existan partidos y gobiernos con afinidades prorrusas, en un contexto en el que Rusia ha convertido la persecución de la homosexualidad en parte de su identidad política.