El Gobierno británico ha confirmado la clausura de un programa de acogida de afganos en riesgo de asesinato, tortura o intimidación por parte del régimen talibán a consecuencia de un error del Ministerio de Defensa, que se ha mantenido en secreto durante casi dos años.
El plan afecta a unos 25.000 afganos que prestaron servicios a las tropas y entidades británicas hasta la caída de Kabul, en agosto de 2021, tras la precipitada retirada de las fuerzas aliadas. Las identidades y otros datos personales de estos colaboradores se difundieron por "error de un oficial del ministerio de Defensa", de acuerdo con el titular del Ministerio, el laborista John Healey, quien ha intervenido personalmente en el Parlamento de Westminster.
El ministro se ha disculpado en nombre del Gobierno por el "grave incidente de datos, que nunca debería haber sucedido", según ha admitido en su comparecencia de urgencia en la Cámara de los Comunes. Las identidades filtradas procedían de la base de datos de solicitudes de visado de asentamiento en Reino Unido, que se envió accidentalmente a un correo electrónico externo en 2022. Al año siguiente, se detectó en Facebook un extracto del listado y el entonces Gobierno conservador tomó medidas extraordinarias con el fin de mitigar el riesgo de represalias contra sus extrabajadores afganos.
Defensa abrió una nueva "ruta" de entrada en Reino Unido para las estimadas 100.000 personas afectadas por la filtración de datos personales -los identificados directamente y sus familiares- y solicitó una "super orden" judicial que ha asegurado la confidencialidad de la estrategia durante 23 meses.
La garantía judicial, que se ha levantado este martes, cubría no solo los detalles y motivos del nuevo plan de asilo para ciudadanos afganos sino incluso la misma existencia del programa. Es la primera vez que trasciende que el Gobierno se ha amparado en esta potente herramienta de encubrimiento legal, a la que recurre habitualmente la élite económica y social para impedir revelaciones comprometedoras.
Los datos publicados hasta la fecha sugieren que unos 7.000 afganos han encontrado refugio en las islas británicas en respuesta a la divulgación errónea de sus identidades. Healey indicó a los Comunes que unos 900 afectados y 3.600 familiares han llegado o están en ruta al Reino Unido, a un coste en torno a 400 millones de libras (por encima de 450 millones euros). Falta por completar las tramitaciones de otros 600 identificados y los miembros de sus familias en este programa que se ha cerrado a casos nuevos.
El ministro calcula un ahorro de casi 1.400 millones de euros con la cláusula de esta ruta, que deja bajo el potencial alcance de los talibanes a 9.500 antiguos colaboradores del Reino Unido. Organizaciones de derechos humanos y despachos legales consideran prematura la medida que el Gobierno laborista ha justificado en la aparente reducción de la amenaza de las autoridades afganas dos años después de la publicación del listado.
"Hay poca evidencia de que los talibanes planeen una campaña contra antiguos funcionarios", señaló Healey en el Parlamento. La valoración se basa en las conclusiones de una revisión del incidente que el ministro puso en marcha al tomar posesión de su cargo en julio de 2024.