Un matrimonio y seis vecinos. Todos evangélicos, todos ganaderos llegados de otras tierras para progresar en una región plagada de colonos. La guerrilla les citó a principios de abril y nunca volvieron a dar señales de vida. Tampoco las autoridades han tomado acciones para lograr su libertad. Los dirigentes locales se escudan en la peligrosidad de la zona. Y las fuerzas militares guardan un silencio que hiere a los familiares de Óscar García, Maryuri Hernández, Maribel Silva, Isaid Gómez, Carlos Valero, Nixon Peñaloza, James Caicedo y Jesús Valero. "Aparte de servirle a Cristo, le servía a la comunidad", comenta un pariente de Caicedo.
"Aparte de servirle a Cristo, le servía a la comunidad", comentó un pariente de Caicedo, de 58 años y padre de dos hijos.
Sucedió en el departamento de Guaviare, en la Orinoquía colombiana, en Pueblo Seco, caserío del término municipal de Calamar, población que siempre está bajo el mando de una banda criminal. Antes eran las Farc de Timochenko, hoy día líder del partido político Comunes. Y hoy son dos disidencias de Farc -que encabezan alias Mordisco y alias Calarcá-, las dueñas del territorio. Ambos formaron una sola banda, pero el año pasado se dividieron y desde entonces libran una guerra en la que los civiles llevan la peor parte.
Este periódico preguntó a un comandante de una de las facciones de las Farc si sabía algo de su paradero. Respondió con un mensaje críptico que no aclaraba nada y solo deslizaba lo complejo de la situación.
Las familias aún no saben cuál de los dos los tiene ni por qué no les liberan. Solo que el 4 de abril citaron a dos de ellos y, al día siguiente, a cinco más. Maribel Silva, madre de dos niños pequeños, acompañó a su marido creyendo que volverían a las pocas horas. En esa Colombia controlada por los grupos terroristas es normal acudir a las reuniones que convocan puesto que ejercen la verdadera autoridad.
Lejos del Guaviare, en el sureño Caquetá, el marido de Sandra Milena Martínez anda desesperado por el secuestro de su mujer. Las Farc de Mordisco la raptaron en noviembre, embarazada de cuatro meses, y ni mandan pruebas de vida ni hacen exigencia económica alguna.
"Creo que ya dio a luz. Es un niño y cuando se la llevaron estábamos decidiendo qué nombre ponerle. No entiendo por qué no me dicen qué quieren", le cuenta a este diario Camilo, que prefiere no dar su apellido.
La ONU y la Defensoría del Pueblo han clamado por su libertad, sin que hayan tenido respuesta alguna. Martínez trabajaba en una ONG dedicada a apoyar comunidades rurales. Nunca tuvo problemas con la guerrilla ni amenazas ni nada que sugiriera que la podían secuestrar.
También en Caquetá las dos disidencias están enfrentadas a tiros. Lo mismo que en Cauca, si bien en el departamento del oeste de Colombia, hay que agregar a la confrontación sangrienta a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, al ELN y a la Nueva Marquetalia (otra disidencia Farc).
Atentados constantes
Los atentados contra las estaciones de policía y el Ejército son constantes. Les bombardean con drones, arma que no tienen las Fuerzas Militares ni siquiera para contrarrestarlos.
El pasado 14 de mayo las Farc de Mordisco cometieron tres atentados simultáneos en Timba, El Plateado y Tacueyó, que dejaron un muerto, varios heridos y graves destrozos materiales en viviendas de las tres poblaciones
"Alzamos la voz desde el territorio, No más indolencia ¡No podemos estar condenados al olvido!", escribió en sus redes sociales Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, hastiado de las arremetidas subversivas y no ver nunca la luz al final del túnel.
Recordaron el ataque de las Farc de Mordisco de hace justo un año. Acribillaron a balazos el cuartelillo y asesinaron a dos policías y dos presos que estaban en los calabozos Luego asaltaron el Banco Agrario y se llevaron un jugoso botín.
"Necesitamos apoyo urgente", suplicaban los agentes a sus superiores. "Mi sargento, no me deje morir. El apoyo tierra, colabórenme con el apoyo". Pero no mandaron refuerzos a tiempo.
La recurrente falta de respuesta eficaz de militares y cuerpos de seguridad, que el Gobierno de Gustavo Petro ha debilitado con drásticos recortes tanto presupuestarios como de altos oficiales, es la crítica permanente de la oposición política, así como de los alcaldes y gobernadores que padecen la oleada terrorista.
En el vecino Jamundí, población limítrofe con Cali, departamento del Valle del Cauca, Angie Bonilla, madre de Lyan, niño de 11 años secuestrado por las Farc el 3 de mayo, clamaba este lunes por su libertad, en el transcurso de una manifestación ciudadana que recorrió las calles de la cabecera municipal. Aunque Gustavo Petro es muy activo en su cuenta de X, aún no ha escrito ni una línea sobre el niño.
Jamundí, además, lleva meses siendo escenario de bombazos y homicidios.
Asesinato de policías
En cuanto al llamado Plan pistola de las AGC, otro dolor de cabeza que consiste en asesinar policías en cualquier lugar, estén trabajando o de permiso. Ya van 23 muertos por un plan que iniciaron para vengar detenciones de algunas cabecillas.
Aunque son más los departamentos afectados por el terrorismo, quizá la región del Catatumbo, que incluye 11 municipios de Norte de Santander, sea la que atraviesa la situación más difícil. Limítrofe con Venezuela, sigue enzarzada en la guerra que el ELN, que cuenta con el apoyo del gobierno chavista, declaró a las Farc de Calarcá en enero pasado. Según el último balance que publica la gobernación, van 130 homicidios de civiles; trece militares y policías asesinados, además de 66.468 personas que debieron dejar sus hogares y 11.490 que no pueden desplazarse de sus caseríos para salvaguardar sus vidas.
La mayor parte de las víctimas las causa el ELN, a pesar de lo cual el presidente Petro insiste en reanudar el proceso de paz con dicha banda criminal. Un paso al que pocos auguran futuro porque en el propio ELN no hay unanimidad respecto a los pasos a seguir y ni siquiera han aceptado dejar de secuestrar a ciudadanos como un modo de financiación.
Petro informó que el pasado lunes, en su audiencia con León XIV, pidió al Papa que el Vaticano acoja unas nuevas conversaciones de paz. Pero la Santa Sede tuvo que desmentir en un comunicado que trataran ese punto. Cabe anotar que Gustavo Petro prometió en su campaña y nada más asumir la presidencia, que en solo tres meses sellaría la paz con el ELN.