Evitar un nuevo fracaso que pondría en cuestión el plan migratorio en Albania. El Gobierno italiano de Giorgia Meloni confía en que los nuevos migrantes recién llegados al país balcánico permanezcan en los centros de deportación albaneses, esta vez, para que no pisen el suelo italiano. Este viernes, el buque Libra de la Marina Militar italiana ha vuelto a desembarcar en las costas balcánicas a ocho migrantes -seis egipcios y dos bangladesíes- donde el Ejecutivo transalpino aspira a que la Justicia no intervenga, de nuevo, anulando las deportaciones y exigiendo el traslado de los migrantes a Italia. De otro modo, esta primera deportación tras el decreto de países seguros del Gobierno italiano, sería igualmente el segundo intento fallido de Giorgia Meloni en su estrategia migratoria en Albania.
A lo largo de la mañana del viernes, los ocho migrantes llegaron al puerto albanés de Shengjin -a unos 50 kilómetros al norte de Tirana, la capital del país-, el centro migratorio destinado a la identificación de los futuros solicitantes de protección internacional, antes de ser trasladados, directamente y en el mismo día, a la gran estructura migratoria de Gjader -a unos 20 kilómetros hacia el interior- donde se prevé que permanezcan a la espera de conocer el resultado de su solicitud de asilo. Según los principales medios de comunicación italianos, entre mañana sábado y el domingo se podría conocer la decisión de los jueces transalpinos con dos opciones: que los ocho migrantes sigan retenidos siguiendo el procedimiento de expulsión exprés desde Albania o que se exija su traslado a Italia, sobre la base de un proceso ordinario para el estudio de su solicitud de protección internacional.
El punto clave de toda la disputa jurídica acerca de las deportaciones migratorias a Albania por parte del Gobierno italiano de Giorgia Meloni tiene que ver con el concepto de país seguro. Bangladesh, Túnez y Egipto representan el 40% de los flujos migratorios del Mediterráneo Central hacia Italia. Son tres naciones que, para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo, sin embargo, no pueden ser considerados países seguros porque no todos sus ciudadanos son libres de persecuciones en todo su territorio: hay minorías étnicas en Bangladesh, homosexuales en Túnez y opositores en Egipto, por ejemplo, que pueden correr peligro en dichos países. La postura del Tribunal de Luxemburgo acerca de los países seguros, expresada en una sentencia del pasado 4 de octubre, de hecho es vinculante y obliga al ordenamiento jurídico italiano a respetarla. Rechazar de forma exprés las solicitudes de asilo de nacionales de dichos Estados, así pues, no debería seguir el procedimiento acelerado.
Cuando tuvo lugar la primera deportación de 16 migrantes -10 bangladesíes y 6 egipcios-, a mediados de octubre, la Justicia italiana anuló la permanencia de los mismos en los centros de Shengjin y Gjader atendiendo precisamente a lo sentenciado por el Tribunal de Justicia europeo. Por esta razón y ante el fracaso del primer desvío de migrantes a Albania, la primera ministra italiana Giorgia Meloni reaccionó convocando, el 21 de octubre, un Consejo de Ministros extraordinario para emitir un decreto acerca de los países seguros, para así elevar a rango de ley la definición de Bangladesh, Túnez y Egipto como tales. Lo cual, desde el punto de vista jurídico, para los jueces transalpinos está comportando una mayor dificultad a la hora de aplicar la ley italiana, ya que entra en conflicto con la Justicia europea.
Diferentes tribunales italianos, en los últimos días, han estado poniendo en cuestión o incluso desoyendo el nuevo decreto de países seguros del Gobierno de Giorgia Meloni. La sección de inmigración del Tribunal de Roma -el mismo que anuló la primera deportación a mediados de octubre- acaba de pedir opinión al TJUE para que se pronuncie urgentemente; algo que también ha hecho el Tribunal de Palermo hace tres días. El Tribunal de Catania, este lunes, anuló la retención de varios migrantes sin ni siquiera involucrar al TJUE, desatendiendo de hecho el nuevo decreto del Ejecutivo transalpino. El Tribunal de Bolonia, hace poco más de una semana, fue la primera sede judicial en involucrar al tribunal comunitario para esclarecer el eje legal de todo el plan migratorio en Albania: si el decreto de países seguros del Gobierno italiano de Giorgia Meloni está entrando o no en conflicto con lo sentenciado por el Tribunal de Luxemburgo.
Un aspecto especialmente controvertido del plan migratorio de Giorgia Meloni en Albania son los altos costes. Según informaciones publicadas en las últimas horas en los principales periódicos transalpino, cada trayecto de la Marina Militar italiana cuesta entre 8.000 y 20.000 euros, independientemente de los migrantes que lleve a bordo. Por otro lado, también está siendo noticia en el país, en las últimas horas, los costes de alojamiento de los 300 agentes militares, policiales y funcionarios transalpinos desplegados en el país balcánico; que rondan los nueve millones de euros anuales, es decir, unos 25.000 euros diarios. Todo el plan migratorio en Albania tendrá un coste aproximado de unos 1.000 millones de euros en cinco años, pero con el objetivo de deportar a unos 3.000 migrantes al mes, no ocho migrantes por travesía. Además, con la posibilidad de que tengan que ser trasladados, igualmente, a Italia.