DNI, antecedentes penales, voto por correo o 'gerrymandering': las batalles legales y políticas que marcan las elecciones de noviembre

Teddy Roosevelt, uno de esos presidentes larger-than-life que gustan tanto en EEUU, tan capaz de abatir un elefante como de sobrevivir a un atentado, dijo una vez que "un voto es como un rifle: su utilidad depende del carácter de quien lo utiliza". Pero aunque este país se independizó por la representación y el derecho a elegir, la experiencia demuestra que en muchos casos es más fácil todavía disparar un arma que votar. O al menos, que ese voto tenga la utilidad deseada.

El sistema electoral de EEUU, con una alternancia bastante pacífica desde finales del siglo XVIII, es complicado, engorroso, polémico y lleno de mecanismos impropios de la primera potencia mundial. Los padres fundadores diseñaron un modelo lleno de pesos y contrapesos para una nación recién anticipada y temerosa de las facciones y del rey Jorge, pero que no consideraba libres a los negros ni capacitadas políticamente a las mujeres. Hoy, casi 250 años después, sigue habiendo millones de personas que no pueden acudir a las urnas, luchas salvajes para manipular las circunscripciones o ejércitos de abogados para impugnar resultados.

El 5 de noviembre, los estadounidenses votarán para escoger quién ocupará la Casa Blanca. O, con más precisión, votarán para que un Colegio Electoral escoja al próximo presidente o presidenta. El voto popular no cuenta. Cada estado tiene asignado un número de miembros del Colegio Electoral, hasta un total de 538: 435 por cada escaño en la Cámara de Representantes, 100 por cada uno de los senadores y tres que corresponden al Distrito de Columbia, donde se ubica Washington. En todo el territorio, salvo dos excepciones (Nebraska y Maine) es un todo o nada, y el candidato que saca más votos en el estado se lleva todos los votos del Colegio Electoral. Y después son esos grandes electores, designados en cada estado a su manera, los que escogen al presidente.

Pero además, a pesar de que la batalla entre Kamala Harris y Donald Trump lo monopoliza todo, se renovará también la Cámara de Representantes entera, un tercio del Senado y los ciudadanos se pronunciarán en unos 150 referendos (ballot measures) sobre el aborto, los derechos de ciudadanía, el propio sistema electoral, penas de cárcel para pedófilos, salarios mínimos, medicinas o matrimonios del mismo sexo.

La polémica es permanente y de costa a costa y pone en cuestión la afirmación de Lincoln, en la misma onda que Roosevelt, de que "la papeleta es más fuerte que la bala" (ballot y bullet en inglés). En 2020, Trump no aceptó la derrota y trató de revertir los resultados, siendo el asalto al Capitolio el episodio más extremo. Hoy, su equipo, su partido, sigue sin querer decir en público, o sin atreverse para no enfadar al líder, que Biden ganó. Y eso, inevitablemente, marca el tono para el resto de disputas.

Georgia y la impugnación

Una de las batallas legales y políticas más duras se produjo en 2020 en Georgia y se espera que se vuelva a producir, con cientos de abogados y voluntarios movilizados para denunciar e impugnar recuentos. Trump perdió el Estado hace cuatro años y hoy es igual de clave. Instó entonces a la Junta Electoral del Estado, a las autoridades municipales y a las electorales a no certificar los resultados. No lo logró y varios de sus colaboradores acabaron entre rejas o con multas millonarias por difamación. Así que esta vez, los republicanos, que controlan el Gobierno y la legislatura estatal, han modificado la forma en que los condados del estado cuentan y certifican los votos.

La Junta Electoral, compuesta por cinco personas, estuvo dirigida en el pasado por el secretario de Estado. Pero como éste, Brad Raffensperger, un republicano, se negó a encontrar los miles de votos que Trump necesitaba para ganar, fue destituido. La Junta tiene una mayoría republicana (integrada por un ginecólogo jubilado, un ex senador estatal y una personalidad mediática ultraconservadora) y, entre otras cosas, por ejemplo, está presionando para instalar a personas que defienden que Biden robó las elecciones de 2020 como parte de un equipo de observadores en el condado de Fulton, el de mayor tendencia demócrata.

Las nuevas reglas permitirían a los miembros de la Junta Electoral del condado a realizar investigaciones "razonables" antes de certificar los resultados. Los opositores argumentan que esas reglas también podrían causar caos, porque no se define el concepto de "investigación razonable". Igualmente, han aprobado, usando su mayoría de tres frente a dos, la obligación de que haya recuentos manuales de todas las papeletas emitidas antes de que se entreguen al condado para su conteo y tabulación, lo que podría retrasar mucho la notificación de los resultados y ser causa de pleitos.

California y el DNI

Uno de los temas mas polémicos de la campaña, y el fetiche de Elon Musk, es el de quién tiene derecho a voto y la identificación. No es baladí. El sistema de voto en EEUU es mucho más complicado que en Europa. El censo no es automático, sino que el votante tiene que registrarse para poder votar, señalando además si es republicano o demócrata (sin efecto a nivel nacional, pero importante para la participación en las primarias de los partidos) o de ninguno de los dos. Para ese registro es necesario identificarse. Pero para votar después, el día de las elecciones, no forzosamente.

En EEUU no hay el equivalente a un DNI nacional. Los ciudadanos pueden tener pasaporte, o no. Suelen usar el carné de conducir como documento de identidad con foto, o algún carné de tipo estatal. Y eso tiene consecuencias. A priori parece muy obvio y razonable que para poder votar haya que presentarse en el colegio con la papeleta y la documentación. Pero muchos estados, y California es el gran ejemplo, no sólo no lo piden, sino que abiertamente litigan para que no sea un requisito.

Los republicanos, ya que California casi siempre vota a un presidente demócrata, dicen que es para cometer fraude dejando votar a millones de personas que no son ciudadanos norteamericanos. Los legisladores, el gobernador y muchas asociaciones insisten en que la exigencia de esa documentación supondría que muchas minorías, hispanas o afroamericanas, no votarían. Porque si no hay un documento único, y cada estado o condado puede poner los requisitos que quiera, el que tenga el poder podría maniobrar, como ocurrió sistemáticamente hasta hace unas décadas, para exigir los papeles que históricamente las minorías no tienen.

Los datos dicen que no pedir prueba de identidad el día del voto no lleva al fraude masivo, ya que hay controles previos que exigen identificarse, y controles posteriores que cuadran las papeletas con los colegios y las peticiones. Pero es un sistema lento, engorroso, que claramente da menos confianza y que exige cruzar datos constantemente para ver que en los censos de registrados no sigue habiendo fallecidos o gente que se ha ido o no tiene la ciudadanía.

Hay 14 estados que no piden DNI. Y California de hecho ha aprobado una legislación, a instancias de su gobernador, para impedir que los municipios que quieran exigirlo, como ha intentado Huntington Beach, no puedan. Un estudio del Brennan Center encontró solo 30 votos sospechosos de no ciudadanos entre 23,5 millones de votos en 2016, el 0,0001% de los emitidos. Pero para la mayoría de norteamericanos el fraude es una preocupación real, según las encuestas de opinión.

Tennessee y la prohibición de votar

Casi todos los estados de EEUU tienen leyes que suspenden o retiran el derecho a votar a quienes han sido condenados por delitos graves, pero la mayoría permite que esos derechos se reestablezcan una vez cumplida la condena. En Tennessee, sin embargo, los legisladores (de mayoría republicana) se mueven en dirección contraria, y el impacto es mayúsculo. En torno al 9% de la población en edad de votar del Estado tiene prohibido hacerlo, pero los efectos son particularmente agudos entre la población negra, ya que el 21% de sus adultos no tiene derecho a voto por sus antecedentes, el ratio más brutal del país.

El proceso para recuperar los derechos de ciudadanía es eterno y casi imposible, tanto por la vía judicial como por un perdón del gobernador. Y es que no sólo hay un claro interés electoral, sino que el derecho a portar armas va en el mismo paquete. Menos de un 1% de los que lo intentan lo consigue, lo que va a dejar a medio millón de personas sin opción de escoger presidente este noviembre. En otros lugares, como Nebraska o Missouri, el Tribunal Supremo estatal tiene causas pendientes sobre la recuperación de derechos que se podrían fallar antes del 5 de noviembre.

Utah y la manipulación

Uno de los conceptos de la política estadounidense que se ha hecho famoso en todo el planeta es el del gerrymandering, que consiste de forma simplificada en manipular las circunscripciones electorales, bien cambiando los límites geográficos, bien uniendo o dividiendo distritos para beneficiar o perjudicar a un partido, un grupo étnico o una minoría específica. En EEUU ha sido una práctica habitual a nivel local o estatal. El último gran ejemplo es el del estado de Utah, cuyo Tribunal Supremo se ha pronunciado hace unos días en un caso específico.

En 2018, los habitantes de Utah aprobaron una serie de medidas en referéndum que legalizaron el cannabis medicinal, ampliaron Medicaid y establecieron un proceso de rediseño de distritos independiente. En 2020, una Comisión Independiente de Redistribución de Distritos recomendó una serie de mapas electorales, pero la mayoría republicana los ignoró e impulsó su propio diseño, partiendo los bastiones demócratas, especialmente el de Salt Lake, la capital, en cuatro distritos electorales. El caso terminó ante la Corte Suprema de Utah, que el 11 de julio emitió un fallo unánime que enfureció a los legisladores republicanos de Utah, que han intentado enmendar la Constitución del Estado para no tener que acatar.

Nebraska y el colegio electoral

Una de las batallas más interesantes de este ciclo electoral ha tenido lugar en Nebraska, que es uno de los dos únicos estados del país que no mantiene el principio de dar todos sus votos del colegio electoral al candidato más votado del Estado. Nebraska tiene cinco votos y le da dos automáticamente al que consiga más papeletas, pero los otros tres se asignan al ganador de cada distrito. El Estado es tradicionalmente republicano, pero en 2020 Biden sacó uno, al imponerse en el distrito de Omaha, la capital. Y es lo que Trump quería impedir a toda costa.

El Partido Republicano ha intentado a la desesperada cambiar las leyes estatales para intentar asegurarse los cinco votos del colegio, ya que las encuestas pronostican un resultado muy apretado, y ese voto puede ser decisivo. Si Harris se impone en los tres estados del llamado muro azul (Pensilvania, Michigan y Wisconsin) y Trump lo hace en el cinturón del sol (Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada), la carrera podría convertirse en un empate 269-269.

La presión ha sido asfixiante y los republicanos han intentado conseguir los votos para cambiar una tradición histórica. Pero el senador estatal Mike McDonnell, de su propio partido, se desmarcó de la iniciativa asegurando que no se pueden cambiar las reglas de juego cuando quedaban menos de dos meses para las elecciones.

Mississippi y el voto por correo

El Comité Nacional Republicano (RNC en sus siglas en inglés) ha presentado más de 100 demandas por todo el país, la mayoría destinadas a garantizar que los votos por correo se cuenten solo si llegan antes del día de la elección, que las papeletas enviadas por correo cumplan con requisitos como tener fecha; y que los no ciudadanos, a quienes se les prohíbe legalmente votar en las elecciones federales, no puedan hacerlo. Uno de sus focos en Pensilvania, sobre todo en el tema del voto por correo, ya que tradicionalmente los demócratas lo usan mucho más.

El RNC, codirigido por la nuera de Donald Trump, sostiene que las normas por ejemplo de Pensilvania (uno de los seis o siete llamados battelground state o estados decisivos, los que pueden inclinar la balanza a un lado u otro y que las encuestas marcan una y otra vez como increíblemente igualados) sobre el voto por correo "ignoran la ley" y "erosionan la confianza pública en nuestras elecciones", y que la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte "violó la ley" por la forma en que registra a los votantes.

Pero la atención está puesta especialmente en Mississippi, que tiene un caso que puede acabar en el Supremo precisamente sobre la fecha de entrada del voto por correo. El Estado permite que las papeletas con matasellos del día de las elecciones lleguen hasta cinco días después y aún así se cuenten. Otros 12 estados, incluidos California, Florida y Nueva York, y el Distrito de Columbia tienen períodos de gracia similares. Los republicanos impugnaron la ley en un tribunal en enero argumentando que la ley federal pone fin a la votación el día de las elecciones. Pero los funcionarios defienden que no hay problema, y cuentan con el apoyo del Departamento de Justicia, que cree que la medida restrictiva podría perjudicar a los votantes militares y a los del extranjero.

Florida y los huracanes

Los huracanes Helene y Milton, que en las últimas semanas han golpeado con dureza Carolina del Norte o Florida, tienen también impacto en el proceso electoral. La pasada semana, dos jueces federales de Tallahassee y Atlanta se negaron a extender el plazo para registro de votantes en ambos estados, desestimando la petición de diversas asociaciones cívicas. A diferencia de las elecciones de 2020, cuando los republicanos se opusieron a cualquier cambio en los plazos y normas relacionados con la pandemia, como la ampliación del voto por correo, ambos partidos están ahora a favor de flexibilidad.

En Carolina del Norte, un estado clave para la victoria de Trump, el 8% de los votantes se encuentran en condados afectados por el huracán Helene, entre ellos hay muchos de zonas rurales con tendencias conservadoras. En ambos estados se permitirá que las juntas electorales locales modifiquen los días, horarios y lugares de votación anticipada y escojan colegios alternativos si los previamente seleccionados se han visto afectados. Las juntas también pueden permitir que cualquier votante que no pueda llegar al lugar de votación de su distrito electoral el día de la elección emita su voto en la Oficina Electoral Central.

Los independientes

Uno de los temas menores, pero fascinantes, de las elecciones en un país que es históricamente bipartidista son las aspiraciones de los candidatos independientes. Los nombres más famosos son los de Ross Perot, un centrista multimillonario que llegó a sacar 20 millones de votos en 1992 y más de ocho en 1996; el reaccionario racista George Wallace, que sacó casi 10 en 1968. O el verde Ralph Nader, a principios de este siglo con poco éxito. Pero incluso en 2024 ha habido otros aspirantes.

El principal, Robert F. Kennedy Jr., sobrino de JFK y ex demócrata que ahora apoya a Trump tras retirarse. O la verde Jill Stein, candidata desde hace ocho años. La gracia, sabiendo que uno está fuera y la otra no tiene presencia generalizada, es si su nombre saldrá en las papeletas y si eso puede restar votos a Biden o Trump, y dónde. Kennedy se retiró de la carrera cuando Carolina del Norte ya había impreso más de tres millones de documentos con su candidatura. Él, desesperado para no arañar votos a Trump en un estado clave, apeló al Supremo estatal, que de forma polémica aceptó su planteamiento. Irónica y burdamente, en Nueva York intentó lo contrario, que sí se quedara, por si podía quitarle algo a Biden, pero los jueces no lo permitieron.

La ecologista Stein no tendrá votos en todos los estados, ya que los supremos de Nevada o de Ohio no lo han aceptado, pero sí estará en sitios clave como Wisconsin, Michigan y Pensilvania, y los demócratas están gastando millones en anuncios para que los votantes escuchen un mensaje: un voto para ella es un voto para Trump.