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En su desfile militar más grande hasta la fecha, los talibán celebraron ayer tres años en el poder en un ostentoso acto ante 10.000 hombres, entre ellos funcionarios, militares y diplomáticos. La ceremonia tuvo lugar en Bagram, al noroeste de Kabul, en una base aérea donde tres años antes aún paseaban militares estadounidenses. El que fue centro operativo de la lucha contra los talibán y el Estado Islámico ahora es un lugar cargado de simbolismo para un Gobierno que sigue buscando reconocimiento dentro y fuera de la fronteras de Afganistán. El 15 de agosto de 2021 las fuerzas talibán tomaron la capital, después de que el Gobierno respaldado por Estados Unidos colapsara y sus líderes huyeran al extranjero.
En el desfile militar para conmemorar su triunfo, el ministro de Defensa talibán, Mullah Yaqoob, elogió los logros alcanzados en estos últimos tres años, como el fortalecimiento de la ley islámica o el establecimiento de un régimen militar "que ha proporcionado paz y seguridad al país".
El régimen anunció que diplomáticos extranjeros acudieron al acto, pero no especificaron qué cargos ostentan ni de qué países eran. Medios locales informaron de la asistencia de representantes procedentes de Rusia y China, pero ningún país confirmó su presencia en la ceremonia. Pese a ostentar tres años en el poder, el Gobierno talibán está marcado por la ausencia de reconocimiento. La comunidad internacional sigue estudiando cómo relacionarse con Kabul para poder retomar acuerdos comerciales y diplomáticos sin que esto suponga un apoyo claro a sus medidas más polémicas, como impedir que las niñas tengan acceso a la educación y las mujeres al mercado laboral.
"No hay intentos de reconocer todavía a los talibán, pero existe un reconocimiento de facto, particularmente entre los países de la región", asegura Shaharzad Akbar, que presidió la Comisión de Derechos Humanos de Afganistán hasta la toma de los talibán. La activista alude a gobiernos como Rusia, China o India. "Los invitan a reuniones, permiten que los talibán envíen a sus funcionarios a las embajadas. Al final el reconocimiento oficial no importa, porque mientras sean tratados como autoridades normales, es lo que cuenta", describe.
Una de las estrategias para mejorar su imagen ha sido a través del turismo, con la apertura de parques naturales y visitas a lugares históricos que hace décadas fueron atacados por los propios talibán por considerarlos una herejía. Si bien lograron un ligero impulso del turismo en el último año, la estrategia se ha visto resquebrajada por los graves problemas de seguridad que padece el país.
En los últimos tres años han aumentado los ataques del Estado Islámico contra los talibán y contra las minorías del país, principalmente la comunidad musulmana chií. En mayo, tres españoles murieron en la ciudad de Bamiyán, en el centro del país, en un ataque del grupo terrorista. Sin poder impulsar la economía con el turismo, ni el sector primario y con acuerdos comerciales rotos por la ausencia de reconocimiento de la autoridad talibán, la situación humanitaria en Afganistán se ha deteriorado con mucha rapidez.
Según datos de Naciones Unidas, 23 millones de personas, -más de la mitad de la población- necesita ayuda humanitaria. La escasez de recursos económicos es tal que la ayuda humanitaria supone el 30% del PIB del país. A ello se le añade el último golpe de los talibán, apartando a las mujeres del mercado laboral y condenando a la pobreza a miles de familias. "Se han introducido amplias prohibiciones con un efecto discriminatorio para las mujeres", denunció un informe de la misión de la ONU en Afganistán. Además de no poder participar en política, las mujeres han sido apartadas totalmente del mercado laboral, se han impuesto aún más condiciones a su vestimenta en el espacio público y se les obliga a viajar por el país acompañadas de un hombre. Tampoco se les permite entrar solas en ciertos lugares como parques o bosques. A las niñas se les prohíbe la educación y también han sido apartadas de la universidad, en una negación total de sus derechos que ha sido calificada por organizaciones humanitarias como "apartheid de género". "Puede que sea un largo camino, pero si se califica de apartheid de género, se puede utilizar luego como instrumento para responsabilizar a los talibanes por sus actos", señala Akbar.
"Las violaciones de derechos humanos, así como la imprevisibilidad de las medidas coercitivas, contribuyen a un clima de miedo e intimidación entre segmentos de la población", señala el informe. Akbar describe que miles de mujeres siguen intentando estudiar o trabajar desde casa con sus ordenadores, pero corren el riesgo de ser perseguidas por los talibanes. "Este año hemos documentado al menos trece casos de detenciones de estudiantes o profesores que daban clases secretas", lamenta. "Estos esfuerzos, aunque son limitados por la represión talibán, son importantísimos, porque permiten a muchas niñas seguir con su educación", añade.