"No hay ningún problema en el dispositivo, el dispositivo funciona y eso es lo primero que quiero decirles a las mujeres, porque se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras". Así se expresó el viernes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a propósito de las informaciones sobre fallos en las pulseras de control de maltratadores. Las declaraciones incidían en los dos mensajes que ha querido trasladar el Gobierno en este caso.
Por un lado, se minimiza lo ocurrido, indicando que los fallos han sido "mínimos, puntuales", aunque sin dar cifras exactas que puedan ratificar esa afirmación. Por otro lado, se denuncia el peligro de que cunda una alarma injustificada y contraproducente; alarma que estarían alentando de forma irresponsable la oposición y algunos medios.
El problema es que, en los últimos días, se han publicado informaciones en distintos periódicos -como la escalofriante experiencia de una mujer maltratada que relató en este diario Ángeles Escrivá el pasado domingo- que muestran que sí hay algunos problemas con los dispositivos. Problemas que van más allá del defectuoso almacenamiento de datos que se denunció en un primer momento.
Y lo que es peor: las informaciones dan fe de que distintos grupos y organismos, desde las audiencias provinciales hasta el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, avisaron al Gobierno de esos problemas. Los ministerios implicados, sin embargo, no parecieron moverse con la celeridad necesaria para resolverlos. ¿Qué provoca, entonces, la alarma? ¿Las informaciones sobre los fallos del sistema o la impresión de que el Gobierno no se los tomó en serio cuando tuvo noticia de ellos?
En un tema tan importante como este, uno quiere presuponer buena fe en todas las partes. Y es cierto que airear los problemas del sistema podría desanimar a algunas mujeres que se estuvieran planteando denunciar a sus agresores. Sin embargo, este argumento colapsa al constatar que los avisos se dieron a espaldas de la opinión pública. Y esto no llevó a que los problemas se corrigieran con la mayor rapidez.
Ha tenido que desatarse la polémica actual para que el ministerio anuncie la licitación de un nuevo contrato que incorpore "mejoras técnicas" al sistema. Si no quieren que cunda la alarma, ¿por qué parece que solo actúan cuando ya se ha extendido? Debe haber un equilibrio entre afirmar que las víctimas pueden fiarse del sistema y mostrar que las autoridades se toman en serio sus defectos. En realidad, este segundo aspecto debería reforzar el primero; la ministra de Igualdad, sin embargo, habla como si fueran incompatibles.
Al final, volvemos a una dinámica recurrente de este Gobierno. Pedro Sánchez y sus portavoces llevan años advirtiéndonos contra los bulos, la desinformación, la fabricación interesada de alarmas sociales. Pero, para que este discurso resulte creíble, el Gobierno debería actuar siempre con transparencia y mostrar una disposición a la autocrítica y a la asunción de responsabilidades. En vez de eso, nos encontramos demasiadas veces con que el discurso contra los bulos y las alarmas actúa como estrategia para gestionar informaciones comprometedoras. Permite eludir responsabilidades, en vez de asumirlas. Y conduce a preguntarse qué es, exactamente, lo que tiene tan alarmada a la ministra.