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España tiene 96 universidades, 50 públicas y 46 privadas, 13 de las cuales -el 28%- han sido tramitadas por cinco gobiernos regionales (Madrid, Andalucía, Galicia, Canarias y el País Vasco) durante el mandato de Pedro Sánchez. Cuatro de ellas salieron adelante pese a no cumplir con los criterios técnicos. Y en tramitación se encuentran otros 10 campus privados de Extremadura, Galicia, Asturias, Baleares y Madrid que podrían ver frenados sus expedientes por la inminente puesta en marcha del decreto del Gobierno que, tras un primer intento fallido, nace con el propósito de endurecer los criterios académicos y financieros exigidos para crear nuevas universidades.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma por la vía de urgencia de una decreto anterior que en 2021 puso en marcha el entonces ministro Manuel Castells para hacer lo mismo. Como parece que no ha servido para impedir la aparición de «chiringuitos o academias que priman sin rigor ni escrúpulos el negocio sobre la calidad», en palabras de la ministra actual Diana Morant, el Gobierno se autoenmienda ahora. La intención es iniciar desde hoy el proceso de audiencia pública para recibir en siete días todas las enmiendas del sector -las universidades privadas de cierta edad no ponen muchas pegas- y tenerlo aprobado «lo antes posible», en torno a mayo o junio.
En realidad, el Gobierno ha tenido siete años para limitar la expansión de estas universidades privadas, que especialmente han florecido durante su mandato. Desde la creación de la última universidad pública, en 1998, el número de privadas casi se ha triplicado al calor del crecimiento demográfico y de las nuevas expectativas laborales, pasando de 16 a 46. Desde 2018, cuando arrancó la primera legislatura de la administración Sánchez, las CCAA han tramitado y los parlamentos regionales han aprobado 13 nuevos campus. Es decir, una de cada cuatro universidades privadas.
La mayoría de estas nuevas universidades privadas -10 de 13- se ha concentrado en regiones gobernadas por el PP, como la Comunidad de Madrid (Esic Universidad, Cunef Universidad, Universidad Villanueva, Udit y la Universidad Internacional de la Empresa, promovida por el Grupo Planeta) y Andalucía (Ceu Fernando III, Alfonso X El Sabio Mare Nostrum, la Utamed financiada por la Fundación Unicaja con la que colabora el Grupo Vocento y la Universidad Europea de Andalucía), así como Galicia (la Universidad Intercontinental de la Empresa impulsada por la obra social de Abanca).
Pero también se han autorizado la Universidad de las Hespérides y la Universidad Tecnológica de Canarias estando de presidente Fernando Clavijo (CC), mientras que en 2021 el Parlamento vasco dio el visto bueno a la European University of Vitoria-Gasteiz (Euneiz) -liderada por el principal accionista de los clubs Alavés y Baskonia- con los votos del PNV, PSE, PP, Cs y Vox y el único rechazo de Bildu y Podemos.
La Euneiz no tuvo, sin embargo, el apoyo de la agencia de evaluación vasca Unibasq, que consideró que su oferta «es más propia de un centro adscrito a una universidad que de una universidad».
También recibieron informes desfavorables de la Conferencia General de Política Universitaria -presidida por el Ministerio de Universidades y en la que participan las CCAA- la Udit de Madrid, la Utamed de Málaga, la Universidad Villanueva de Madrid y la Universidad Tecnológica de Canarias. Aun así, salieron adelante.
El Gobierno quiere ahora endurecer los criterios, para que, entre otras cosas, además del informe de los técnicos del Ministerio, que puede ignorarse, sea necesario un informe preceptivo y vinculante de la Aneca o de las agencias autonómicas. Además, va a recentralizar las universidades que tengan más de un 80% de su oferta online, pues pasarán a ser «de ámbito nacional» y tendrán que ser aprobadas por las Cortes. Hay actualmente nueve universidades en esta modalidad a distancia en España, tres de ellas surgidas desde 2018.
En todo caso, las más damnificadas por el nuevo decreto pueden ser las 10 que se encuentran todavía en proyecto. Hay cuatro en Extremadura: la Universidad Abierta de Extremadura y la Universidad Internacional de Extremadura, ambas en Badajoz, el CEU Núñez de Balboa en Jerez de los Caballeros y la Universidad Europea de Extremadura en Cáceres.
También se han anunciado las primeras universidades privadas de Asturias -la Universidad Europea de Asturias, en Gijón- y de Baleares -la Universidad de Mallorca, que ya tiene el visto bueno de la consejería-.
Por otro lado, hay movimientos para convertir en universidad el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga). Y, nuevamente en la Comunidad de Madrid, se han dado los primeros pasos para elevar de rango al Centro Universitario Felipe II y la Escuela Universitaria de Artes TAI, a las que se sumaría la Universidad Abierta de Europa, aunque ya recibió un informe en contra del Ministerio.