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Las universidades públicas tienen un problema con la inserción laboral de sus graduados. Llevan años arrastrando un desajuste entre los estudios que ofertan a los jóvenes y las demandas del mercado de trabajo. Sus antiguos alumnos tienen una tasa de afiliación a la Seguridad Social inferior a la de los que estudiaron en las universidades privadas. También muestran peores salarios, menor proporción de contratos indefinidos, menos jornadas laborales a tiempo completo y más empleados en grupos de cotización por debajo de su cualificación.
Los indicadores de la última Estadística de Afiliación a la Seguridad Social de los Titulados Universitarios -que sigue las andanzas profesionales de todos los estudiantes desde que acaban la carrera hasta cuatro años después de graduarse- muestran que la privada le ha comido terreno a la pública en cuanto a empleabilidad, algo que probablemente explica que el número de matriculados y de nuevos centros privados se haya disparado mientras que los alumnos de la pública están por primera vez en retroceso.
Los datos cruzados por los ministerios de Universidades y Seguridad Social muestran que las familias que pueden permitírselo están dispuestas a pagar los alrededor de 60.000 euros que cuesta una carrera en la privada frente a los 4.000 euros que ronda en la pública porque ven que obtienen un retorno en forma de empleabilidad para sus hijos. Dos años después de haberse graduado, los jóvenes de la promoción de 2019 en la privada presentan una afiliación a la Seguridad Social del 69%, mientras que la tasa en esa misma cohorte en la pública es del 63%, seis puntos porcentuales menor.
Las diferencias son incluso mayores nada más abandonar el campus, con una afiliación del 53% en la pública y del 61% en la privada al año de terminar los estudios, lo que equivale a una brecha de ocho puntos porcentuales. Se observa esta ventaja para la privada desde los primeros datos disponibles (los de la generación que terminó el grado en 2010) hasta ahora al año, a los dos años y al tercer año de terminar sus estudios.
Sólo cambian las tornas al cuarto año de graduación, y únicamente en la última generación a la que se ha seguido el rastro (la promoción de 2019 que estaba trabajando en 2023). La afiliación de estos estudiantes es ligeramente superior en la pública (78%) que en la privada (76%), una señal que podría indicar que algunos campus públicos han empezado a ponerse las pilas ante el avance de los privados.
En cualquier caso, los titulados de universidades privadas de todas las promociones presentan salarios superiores en todos los momentos de su carrera profesional: a los dos años de titularse, la base media de cotización de la última generación se sitúa en 28.125 euros; es decir, 3.545 euros más -un 14% de incremento salarial- que los 24.580 euros que ganan los graduados de las públicas.
Al año después de finalizar, la diferencia salarial alcanza el 18% a favor de las privadas, mientras que la brecha se modera al tercer (13%) y cuarto año (12%), aunque siempre a favor de la privada. Estos campus también van por delante en proporción de contratos indefinidos (52% frente a 49% al segundo año); en trabajos a tiempo completo (76% frente a 73%); en la tasa de autónomos (10% frente a 5%), y en contratados dentro del grupo de cotización alto, el de titulados universitarios (64% en comparación con el 52% de los graduados de campus públicos).
Los resultados de los jóvenes que han cursado un máster van en el mismo sentido y son todavía más reveladores: existe un 23% de brecha salarial (6.700 euros más) a favor de los titulados de la privada un año después de su graduación; un 7% al segundo año (2.500 euros); un 4,7% (1.500 euros) al tercer año, y un 23% (unos 7.000 euros de diferencia) al cuarto año.
Este periódico preguntó por las razones de estas diferencias a los rectores de la Universidad Complutense, la Universidad de Barcelona y la Universidad Carlos III y ninguno las ha facilitado. Sí se ha prestado a explicarlas el consejero de Universidades de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ex presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) y ex rector de la Universidad de Córdoba: «La oferta de las privadas está orientada a disciplinas con alta empleabilidad, mientras que la pública tiene que mantener todo tipo de carreras -por ejemplo, las de Humanidades- para no perder el conocimiento». Villamandos anima a fijarse en el desglose de los datos por regiones -«las privadas se encuentran sobre todo en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde los sueldos son más altos al existir un mayor índice de vida»-, por titulaciones y por universidades concretas.
Por CCAA, sólo en Andalucía, Cantabria y País Vasco el sueldo es mayor para los antiguos alumnos de la pública. En el resto de regiones salen siempre con ventaja los estudiantes de la privada. En cuanto a las titulaciones, sigue siendo más rentable hacer Medicina en la pública (su base de cotización a los dos años es de 32.287 euros,235 más que para los de la privada), al igual que ocurre en las ingenierías (30.051 euros en la pública frente a 28.130 euros en Ingeniería de Organización Industrial) y en grados científico-técnicos, muy solicitados por el mercado.
Por contra, en las carreras jurídicas y de negocios, hay beneficios para los de la privada. En Administración de Empresas, las más altas bases de cotización las alcanzan, a los dos años de graduarse, los titulados de las privadas Ramon Llull (30.395 euros), Icade (28.803 euros) o IE University (27.476 euros). Las públicas con mejores resultados en términos salariales, siempre según esta estadística, son la Politécnica de Cataluña (26.115 euros), la Carlos III (24.984 euros) o la Universidad Autónoma de Barcelona (24.873).
En las universidades, hay en la práctica dos grupos diferenciados: por un lado, un puñado de públicas muy demandadas por los alumnos en varias titulaciones, que igualan o superan en empleabilidad a las privadas, y, por otro, el resto de las públicas, con menor inserción laboral. Antonio Cabrales, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III y que integró el grupo gubernamental España 2050 para mejorar la formación de la población, sostiene que estos datos demuestran que «el mercado laboral discrimina en términos de calidad» porque «las universidades públicas con salarios más altos coinciden con las que salen más arriba en los rankings».
Cabrales apunta también a la importancia del «efecto de las conexiones familiares» -«los estudiantes de las privadas pertenecen a familias con más posibilidades de contactos y, si tu padre trabaja en una consultoría, es más fácil que encuentres un hueco en ese campo»- y a una menor vinculación de la pública con el mercado laboral. «Las privadas tienen más recursos para dedicar a sus departamentos de orientación laboral. Me da la sensación de que las universidades públicas, salvo excepciones, no le dan tanta importancia», lamenta.
Margarita Arboix, ex rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona y catedrática de Farmacología en este campus, también lleva la autocrítica por ese camino: «Las universidades privadas nos están ganando el terreno sobre todo en los máster y en las áreas de Ciencias Sociales, Derecho o Economía. Las públicas tenemos culpa en que somos muy lentas. A nosotros nos costó tres años actualizar la estructura de la carrera de Medicina, mientras que las universidades privadas crean y cancelan programas en poco tiempo. Son más ágiles. Ellas se adaptan mejor al mercado, con temas muy ligados a la realidad económica y social. Tienen profesores que trabajan en empresas y las clases son más prácticas».
¿Por qué la universidad pública no se toma más en serio la inserción laboral de sus graduados? «Porque no tenemos ningún incentivo para hacerlo», responde Clara Eugenia Núñez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Uned. «La financiación que recibimos de las CCAA no está vinculada a ese objetivo, sino que depende del número de matriculados. Se nos da más dinero por tener más estudiantes de nuevo ingreso, pero nadie mide el éxito en empleabilidad. Falta competitividad y capacidad para reaccionar », añade. Cuando fue directora general de Universidades de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2009, Núñez puso en marcha un sistema de financiación por objetivos que estuvo vigente hasta 2011. Todavía recuerda las dificultades que tuvo para reunir los datos de inserción laboral de los graduados que ahora se muestran en este reportaje: «Las universidades se negaban a dármelos, ponían mil excusas. Ha habido un pacto de silencio entre ellas».
Actualmente no hay ninguna comunidad autónoma que aporte más fondos a aquellas universidades públicas que se toman más en serio la inserción laboral, a pesar de que cada vez más expertos en gestión universitaria lo reclaman. «Yo pondría estímulos para compensar a los profesores que fomentan la empleabilidad», dice Arboix. Cabrales es partidario de crear contratos-programa que «incentiven» a las universidades que pongan recursos para orientar profesionalmente a sus estudiantes y también ve necesario «poner más interés» en impulsar los estudios que demanda el mercado. Según una investigación publicada recientemente en Funcas, no hay plazas suficientes en las universidades públicas para las carreras con más salidas laborales. Jorge Sainz, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y coautor de este trabajo: «Todas las universidades catalanas siguen ofreciendo Filología Catalana aunque la demanda sea escasa. Los criterios no son los del mercado».
«La universidad privada está muy encima de sus estudiantes porque, si los pierde, hay consecuencias. Les hace mucho caso para retenerlos los cuatro años y da mucha importancia a la docencia. En la pública, las tasas de abandono de las carreras son altísimas. No hay incentivos ni competencia. Los profesores estamos demasiado concentrados en hacer investigaciones que no son relevantes pero que nos permiten acceder a puestos de funcionarios y ascender en el escalafón». Las palabras de Núñez apuntan a otras «ineficiencias», en este caso en la investigación, que presenta la universidad pública: «Publicamos muchos artículos, pero el índice de impacto que tienen es bajísimo. Se publica para prosperar en la carrera, pero no para resolver problemas».
«El sistema incentiva especialmente poco publicar cosas buenas, porque la excelencia máxima está poco recompensada», añade Cabrales, que estuvo trabajando en University College London y puede comparar: «En las universidades británicas, hay catedráticos que cobran el equivalente a 50.000 euros y otros que ganan 500.000. Eso en España es imposible». ¿En qué podría ser más productiva la universidad pública? «En el tiempo que pasan los investigadores haciendo papeleo», dice.
El ingeniero José Manuel Torralba, director del Instituto IMDEA Materiales y catedrático de la Universidad Carlos III, coincide en que «en el sistema público hay una burocracia excesiva». También cree que podría mejorarse la relación con los antiguos alumnos y el márketing. «No hacemos ningún esfuerzo por vendernos porque hay una financiación de café para todos».