Vivienda y unidad de mercado. Esos son los dos principales ejes de la Declaración de Asturias que suscribirán los 11 presidentes autonómicos del PP y el vicepresidente de Canarias el domingo en Oviedo, tras una jornada de trabajo en Colunga, el sábado, con la dirección nacional de los populares. Además de estos dos puntos, se articulará un plan común para «reducir al máximo la burocracia» y un compromiso para «acelerar proyectos de inversión».
Más allá de las medidas principales de vivienda, ya adelantadas por este diario, una de las claves de la declaración autonómica, que ya está ultimada a falta de unos flecos, será la creación de una suerte de «mercado único» de las comunidades del PP, según revelan a EL MUNDO fuentes de diversos gobiernos autonómicos. Ayer, de hecho, hubo una reunión de los consejeros de Presidencia de estas 12 comunidades con la dirección de Génova, para perfilar estos últimos retazos de la declaración, según las fuentes.
En la reunión se consensuó de manera ya definitiva que las autonomías populares se comprometerán a desarrollar leyes de unidad de mercado para unificar su normativa y fijar un «principio de eficacia» en todo su territorio (el 70% de la población española). O sea, para que toda empresa que esté legalmente establecida en una región pueda ejercer su actividad económica en todas las demás, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos en dicho lugar.
De esta manera, si una empresa comenzase a funcionar con una declaración responsable en Almería -o sea, sin necesidad de tramitar licencia-, podría actuar de igual manera y sin requisitos adicionales en Huesca, en Alicante o en Madrid, por ejemplo, sin que fuera necesaria burocracia adicional. «Lo que más nos piden las empresas de cualquier sector es que reduzcamos la burocracia», justifica uno de los consejeros presentes en la reunión de ayer.
Esta unidad de mercado servirá también para que cualquier producto legalmente producido al amparo de la normativa de una comunidad pueda circular y ofertarse libremente en el resto desde el momento de su puesta en el mercado.
Estos cambios son de un gran calado político, económico e ideológico. El PP coge así el testigo de la Ley de Unidad de Mercado de Mariano Rajoy y resucita sus dos preceptos principales. Cuando el último Gobierno nacional del PP aprobó en 2013 esa norma para homogeneizar los requisitos de actividad, Cataluña la recurrió ante el Tribunal Constitucional. En 2017, el Alto Tribunal le dio la razón y anuló los dos artículos que establecían el «principio de eficacia» de la normativa empresarial de una autonomía en todo el territorio estatal.
El Tribunal avaló la constitucionalidad del principio de eficacia en todo el territorio, pero sólo para aquellos casos en los que exista «un mínimo estándar normativo común o equivalente aplicable por las comunidades». Y eso es justo lo que quiere conseguir el PP, un estándar para que su mercado común quepa en el perímetro de la Constitución. «Así no habrá limitaciones por burocracia y estableceremos un mercado común en las comunidades del PP», explican en otra consejería de Presidencia.
«La Declaración de Asturias que vamos a aprobar va a contraponer estos temas útiles al tema de Franco con el que Sánchez quiere establecer una cortina de humo», explican las mismas fuentes. Es decir, el PP quiere incidir en temas sectoriales contantes y sonantes para poder criticar por contraste los fastos del 50 aniversario de la muerte del dictador.
Hay que recordar que en el pasado mes de septiembre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya impulsó la propuesta de crear un marco común que favorezca la actividad empresarial. Esa iniciativa, denominada «Régimen 20», pretende eliminar la disparidad de requisitos administrativos entre comunidades autónomas y entidades locales y, al mismo tiempo, reducir trámites, según explicó el Ministerio en un comunicado.
En la reunión de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, el 18 de septiembre, se acordó dar los pasos para establecer esta suerte de ventanilla única de gestiones, dentro de la cual deberían incardinarse los nuevos trámites simplificados que quiere lanzar el PP.
Eso, a juicio de los consejeros populares consultados ayer por este diario, es una buena medida, pero no soluciona el problema del «principio de eficacia». O sea, no permite que la normativa de una autonomía sea automáticamente válida en todo el territorio español. Una vez que las 12 comunidades del PP suscriban la Declaración de Asturias, en ésas sí podrá serlo.