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La Fiscalía Anticorrupción entiende que el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, era una pieza clave en el denominado caso Koldo. En el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, donde pide elevar una exposición razonada contra quien fuera hombre fuerte del Gobierno de Pedro Sánchez, Anticorrupción sostiene que "resulta difícil entender" la operativa desarrollada por Koldo García y el empresario Víctor de Aldama "sin la participación de Ábalos".
En el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, Anticorrupción llega además a la conclusión de "que todas las actuaciones" realizadas por Koldo García en el Ministerio de Transportes para la adjudicación de los contratos con la principal empresa de la trama corrupta, Soluciones de Gestión, durante la pandemia del Covid "estaba avalada por el ministro José Luis Ábalos".
Asimismo, la Fiscalía -que asume en su informe las pesquisas aportadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- afirma que el ex presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, durante el tiempo en el que José Luis Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes y Koldo García fue su asesor, "mantuvo con ellos una relación privilegiada que le reportó notables beneficios económicos que les fue retribuida".
En concreto, el fiscal Luis Pastor destaca que "los servicios prestados por Ábalos a Aldama fueron retribuidos por éste". En este sentido pone como ejemplo la "compra de una vivienda que, inmediatamente después de las adjudicaciones públicas investigadas, habría sido seleccionada por Ábalos y adquirida por Aldama a través de terceros". Se refiere al chalé ubicado en La Línea de la Concepción desvelado por EL MUNDO, cuyo "uso" por parte del ex ministro "se prolongaría al menos hasta octubre de 2021".
No obstante, arguye la Fiscalía que el cese de Ábalos como miembro del Gobierno de Pedro Sánchez "tuvo una serie de consecuencias sobre este inmueble" al producirse "ciertas tensiones" entre ellos que habrían derivado en el envío de un burofax para que abandonara el chalé. En cualquier caso, considera Anticorrupción que la confección de este documento fue elaborado como coartada por si se destapaba en algún momento la operación inmobiliaria.
En cuanto al "carácter económico" de la relación entre Ábalos y Aldama, el fiscal también sitúa, al igual que la Guardia Civil, el alquiler de un apartamento para la novia del primero en Madrid. Precisa que Ábalos mantuvo una relación "particular" con una mujer llamada Jessica Rodríguez, que le acompañaba a viajes oficiales y "fue contratada por un organismo dependiente del Ministerio de Transportes" al tiempo que residía en un apartamento ubicado en la Torre de Madrid. "El arrendatario", subraya Anticorrupción, era, sin embargo, Luis Alberto Escolano, "socio de Aldama", y el alquiler corría a cargo de este último.
Rescate de Air Europa
A su vez, Anticorrupción hace referencia al rescate de Air Europa, en el que, sin embargo, exculpa a Ábalos, de quien considera que "no se evidencia una participación crucial o determinante del ex ministro, todo ello sin perjuicio de que en el curso de la investigación pudieran revelarse nuevos datos".
El fiscal Anticorrupción sostiene que "se desprenden una serie de indicios que evidencian la participación de José Luis Ábalos en los hechos objeto de las presentes diligencias, que llevarían a imputarle los delitos de organización criminal, en tanto que ocupaba un papel principal en el entramado creado por Víctor de Aldama Delgado para la consecución de negocios con las Administraciones Públicas". Igualmente, ve indicios de tráfico de influencias, "en tanto que consta acreditada su intervención para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, SL, así como para la contratación por parte de dos empresas públicas (INECO y TRAGSATEC) a Jessica Rodríguez García [su amiga íntima]", así como de cohecho "en tanto que en pago de su mediación en la adjudicación de los citados contratos de suministro le proporcionó el uso y disfrute del inmueble, ubicado de La Línea de la Concepción (Cádiz) en la urbanización La Alcaidesa, así como de la vivienda sita en la Plaza de España, de Madrid".
Baleares y Canarias
El informe de la Fiscalía Anticorrupción recoge igualmente las conexiones que la trama estableció con comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. Así, asume y esgrime las revelaciones realizadas por la UCO sobre los negocios que los responsables de la red corrupta desplegaron en las Islas Baleares y Canarias, aprovechando, relata el fiscal, "la ascendiente" que tenía Ábalos sobre esas administraciones autonómicas debido a su posición como "Secretario de Organización del PSOE".
El fiscal, informa Eduardo Colom, dedica un apartado a Baleares, cuyo gobierno estaba presidido entonces (2020-2021) por la actual presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol.
Lo hace cuando desgrana cómo "durante el tiempo que Koldo García formó parte del gabinete" del ministro Ábalos facilitó a Aldama "distintas oportunidades de negocio" aparte de la selección de Soluciones de Gestión como la suministradora de las mascarillas (cobró 3,7 millones de euros de Baleares por mascarillas que resultaron ser inservibles para uso sanitario). Así, agrega, "también se hicieron negocios con la realización de test para la detección del Covid-19".
Anticorrupción destaca cuatro de esos negocios. Uno, es el que se derivó del contacto que en agosto de 2020 tuvieron Armengol y Koldo mediante el intercambio de mensajes de whatsapp ya revelados por este diario (donde Koldo le decía "vale cariño, te mantengo informada de todo"). "García contactó con la entonces presidenta del gobierno balear Francina Armengol para también ofrecerle los test, continuando las gestiones con la consejera de Sanidad, Patricia Gómez", relata el fiscal.
Meses después de esas gestiones, Eurofins Megalab, empresa involucrada en la trama por sus vínculos con Aldama, "resultó adjudicataria de al menos dos contratos con el Servicio de Salud de las Islas Baleares por un total de 1,1 millones de euros para la realización de pruebas diagnósticas a los residentes baleares que regresaban a las islas vía aérea de la Península".
Esos dos contratos, reseña igualmente Anticorrupción, "fueron adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad". Se adjudicaron entre diciembre de 2020 y mayo de 2021.