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El Gobierno de Canarias defendió en 2022 que sea el Estado el que asuma la responsabilidad de los menores extranjeros no acompañados hasta que estén documentados en vez de que su asistencia obligatoria en las mismas condiciones que los niños nacidos en España recaiga "en exclusiva" en las comunidades a las que llegan. Lo hizo en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que el Ministerio de Derechos Sociales convocó el 9 de marzo de aquel año, sin que la propuesta prosperara.
En aquel momento el presidente canario era Ángel Víctor Torres, que en la actualidad es ministro de Política Territorial. Desde su nuevo puesto de responsabilidad, ahora sostiene que "la competencia de inmigrantes mayores de edad es del Estado, pero los menores son competencia autonómica". Y que "la única solución posible" a la crisis migratoria que sufren las islas es una reforma de la Ley de Extranjería para que la acogida de las personas que no han cumplido los 18 años sea obligatoria por parte del resto de autonomías, cuya tramitación en el Congreso fue rechazada hace un mes por los votos en contra de PP, Vox y Junts.
En la citada Conferencia Sectorial de 2022, por parte del Gobierno de Canarias tomó la palabra la entonces viceconsejera de Derechos Sociales de Canarias, Gemma Martínez, en nombre de la consejera, Noemí Santana, representante de Podemos en el cuatripartito presidido por el socialista Torres. Ya en ese momento describió la situación de las islas como "totalmente insostenible" por la presencia de 2.819 niños no acompañados procedentes de otros países -una cifra que ahora asciende a 5.200- y se quejó de que no estaban recibiendo "ningún tipo de apoyo por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones".
Según consta en el acta de aquella reunión, esgrimiendo un informe jurídico "Canarias pone en tela de juicio, y lo dicen así de contundente, que la responsabilidad de los menores extranjeros no acompañados sea competencia exclusiva de las comunidades (...) porque consideran que, al menos, son competencias concurrentes con el Estado en aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la cual indica que, hasta que los menores no sean documentados, son responsabilidad del Estado".
"Tiene toda la lógica, son menores en frontera que son competencia de Extranjería y, en el momento en el que se han documentado, el propio artículo 35.4 de la mencionada ley dice que, 'determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores de la comunidad autónoma en la que se halle'. ¿Por qué las comunidades autónomas tienen que asumir a los menores desde su entrada en territorio español? Eso no lo dicen en ningún sitio", argumentaba en aquel momento el Gobierno autonómico de Torres.
En su intervención en 2022, la viceconsejera de Derechos Sociales reconoció que estaba poniendo sobre la mesa un debate "complejo" y "nuevo", pero que, según dijo, también era "necesario" y que "tiene una base jurídica". En este sentido explicó que cuando Canarias -al igual que otras comunidades- introdujo en su Estatuto de Autonomía el artículo referido a que los menores de edad tienen derecho a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social "no se pensaba en la tutela de los menores extranjeros no acompañados".
Sin 'plan b'
Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Política Territorial para preguntarle por el cambio de posición de Torres respecto a la que mantenía su Gobierno en 2022, pero no ha obtenido respuesta. Tampoco han precisado si el Ejecutivo tiene ahora un plan b al intento de reforma de la Ley de Extranjería -impulsado por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria (CC) y rechazado por la mayoría del Congreso en el mes de julio- para abordar las "situaciones de contingencia migratoria extraordinaria" cuando se produzca "una sobreocupación de las plazas del sistema de protección que supere el 150% del número de plazas disponibles" en la comunidad a la que han llegado.
El actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), insistió este miércoles en que lo ideal sería que la modificación de la citada norma se haga mediante un decreto ley y pidió al Gobierno de Pedro Sánchez -con quien se reúne el viernes para abordar la cuestión migratoria- "todos los esfuerzos para que salga", informa Europa Press. En el Ejecutivo han rechazado hasta ahora esta alternativa con el argumento de que no podría ser convalidado en el Congreso -un trámite obligatorio antes de que transcurran 30 días desde su promulgación- y que podría generar inseguridad jurídica cuando fuera rechazado si se hubieran hecho traslados de menores a otras regiones.