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De nuevo aparece ante los pies el precipicio. El Gobierno, con una patente fragilidad parlamentaria, quiere aprobar la próxima semana en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería a fin de modificar el artículo 35 de la norma para que sea obligatorio el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. Pero, a día de hoy, no tiene los apoyos necesarios.
Socios de gobernabilidad como Junts y ERC no son partidarios de esta reforma, y piden que Cataluña quede excluida; mientras que el PP pone condiciones a su apoyo y no termina de desvelar su posición.
Pero en lugar de poner el foco y la presión en sus socios de gobernabilidad, a fin de tratar de sacar la reforma con quienes auparon y sostienen a Sánchez en La Moncloa, el haz de luz apunta a Alberto Núñez Feijóo. «Hoy hay problemas en Canarias y Ceuta, y necesitamos que el PP deje de ponerse de perfil por miedo a una pérdida de votos por su derecha», fue el mensaje que lanzó ayer el PSOE a través de su portavoz Esther Peña. «Apoyen esta reforma de la Ley de Extranjería que lo único que pretende es que todas las CCAA sean solidarias con las comunidades fronterizas en el sur».
Junts ha dejado claro que no apoya esta reforma. Es más, exige un trato de favor: que Cataluña quede excluida de esa obligación. Algo que no acepta La Moncloa. «Lo que pretenden no tienen cobertura jurídica», dicen en el Gobierno. «No podemos aceptar que ninguna comunidad quede fuera».
No se busca ni se pretende negociar con la formación que lidera Carles Puigdemont para que reconsidere su posición. «El objetivo es el PP», trasladan fuentes de la dirección socialista. Su argumento es que los populares presiden la mayoría de las comunidades y que la norma obligará a Cataluña a acoger a menores migrantes no acompañados.
«Junts nunca ha querido ser un partido de Estado», justifican en el PSOE para centrar sus esfuerzos en el PP y no en los independentistas catalanes. «El que quiere ser un partido de Estado es el PP. Por eso, las cuestiones de Estado las negociamos con ellos». Sin embargo, sí hay conversaciones con los independentistas para los Presupuestos, asunto de Estado y piedra clave para que Sánchez apure la legislatura.