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La Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha apuntado a las deficiencias estructurales en el despliegue del Cuerpo como una de las razones del resultado de las dos últimas tragedias en la provincia de Toledo. Según esta organización, mayoritaria de representación de los agentes, el asesinato del niño de 11 años en Mocejón (Toledo) ilustró "las deficiencias en la capacidad de respuesta" y "permitió al asesino huir, y hasta el momento, sigue sin ser capturado". En las declaraciones recogidas por Europa Press, también piden reflexionar sobre el modelo de seguridad en las zonas rurales.
"Aunque se activaron dos patrullas, una desde Seseña, a 39 kilómetros de distancia, y otra desde una localidad cercana, junto con el apoyo del Seprona desde Illescas, situado a casi treinta minutos, el tiempo de respuesta fue de cuarenta minutos". Según Jucil, en estos momentos "no se ofrece la seguridad adecuada a los habitantes de los pueblos en España" tras los sucesos ocurridos este fin de semana, en referencia también a la menor de 17 años que fue tiroteada por su padrastro en Otero, también en la demarcación de Toledo.
La asociación ha señalado que ambos sucesos ocurridos en Castilla-La Mancha "revelan una grave realidad". "Jucil pone el foco en el "déficit" de efectivos que, a su juicio, se extiende también por toda España y "deja a muchas comunidades rurales en una situación creciente de vulnerabilidad". El último catálogo de puestos de trabajo "revela un déficit significativo de efectivos" en la provincia de Toledo donde, según ha detallado, "se necesitarían al menos 200 guardias civiles adicionales para cubrir adecuadamente las necesidades de seguridad".
La cobertura del territorio con los diversos cuerpos es una competencia que depende del Ministerio del Interior. Y en efecto, la despoblación en algunas zonas ha ido acompañada también de la retirada efectivos en zonas rurales, donde la seguridad ha venido recayendo sobre la Guardia Civil. El pasado febrero, el PP llegó a denunciar en el Senado el cierre de 61 cuartes.
CASO DE OTERO
En ese pequeño municipio de Toledo, un hombre mató a tiros a su hijastra. "La situación fue aún más grave que en Mocejón" pues, según subraya Jucil, se dio un primer aviso de la discusión y media hora después, citando a los testigos, fue "cuando se escucharon los disparos, sin que ninguna patrulla hubiese llegado en este lapso hasta el lugar donde se produjo la llamada de emergencia".
En opinión del asociación, esta actuación dejó a la comunidad "desprotegida en un momento crítico" y en el que una presencia preventiva de los guardias civiles "podría haber arrojado un resultado diferente a los hechos.
"Estos tiempos de respuesta son inaceptables", ha declarado el portavoz de Jucil, Javier Montero. "En situaciones de emergencia, cada minuto cuenta, y los residentes en las áreas rurales no pueden seguir soportando esta situación de desprotección. No podemos permitir que la distancia y la falta de recursos pongan en riesgo la vida de los ciudadanos".
Por último, la asociación ha exigido "una reflexión seria e inmediata" sobre el modelo de seguridad que se ofrece en las áreas rurales, y han solicitado "que se adopten medidas urgentes para garantizar una presencia y una respuesta más efectiva de las fuerzas de seguridad en estas zonas".
"Es imperativo repensar y reforzar el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, especialmente en las áreas rurales", ha explicado Montero. "Todos los ciudadanos, sin importar donde vivan, tienen derecho a una protección adecuada y eficaz. No podemos permitir que ocurran de nuevo situaciones como las sufridas este fin de semana en dos pueblos de Toledo", concluye el portavoz de Jucil.