- Política Feijóo garantiza que las CCAA del PP pondrán "toda su capacidad" para acoger a menores inmigrantes pero Valencia advierte ya de "sobreocupación"
- Política Abascal advierte de que los Gobiernos PP-Vox están "amenazados" si esas autonomías no se plantan al reparto de inmigrantes
La Generalitat exige que el Gobierno reconozca «la singularidad de Cataluña» en la política migratoria y se opone a la reforma de la Ley de Extranjería pactada con Canarias para la distribución entre las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo de Esquerra Republicana, partido que actualmente negocia con los socialistas catalanes la investidura de Salvador Illa, asegura que el sistema de reparto que se ha puesto sobre la mesa «no tiene en cuenta las cifras reales de acogida en Cataluña ni la financiación necesaria».
Por ello, el Govern presidido en funciones por Pere Aragonès amenaza con no avalar el acuerdo, en la conferencia sectorial que se reunirá el próximo 18 de julio en Tenerife, si sus propuestas no son aceptadas. Así lo aseguró ayer el consejero de Derechos Sociales en funciones, Carles Campuzano, quien criticó que «el texto pactado con Canarias no responde a los problemas y la realidad que tiene Cataluña». «Aquí también hay sobreocupación, no puede ser que solo sirva para Canarias, Ceuta y Melilla», se quejó en una entrevista en TV3 en la que señaló que de 800 plazas para jóvenes en 2017 se ha llegado a alrededor de 4.000.
El conseller reclamó «un reparto justo, equilibrado y con transparencia». Campuzano rebatió los datos del Ministerio del Interior, que sitúa a Cataluña como cuarta región de España en acogida, con 1.500 menores: «No son correctos porque están basados únicamente en la cifra oficial que determina la Fiscalía». La Generalitat asegura que de 2017 a 2023 llegaron 14.000 menores a Cataluña, de los cuales 2.300 lo hicieron el año pasado.
La oposición al acuerdo de reforma de la Ley de Extranjería es aún más taxativa por parte de Junts per Catalunya, que asegura que se plantará y votará en contra en el Congreso de los Diputados. La portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, dijo ayer que su partido no puede apoyar una ley «que da todas las capacidades al Gobierno español para imponer un reparto y sancionar a las comunidades que no acepten esta imposición».
La parlamentaria neoconvergente considera que es incompatible que JxCat apoye la modificación legal cuando está «negociando con el Gobierno la delegación completa y plena» a la Generalitat de las competencias y recursos en materia de inmigración. «Como cualquier Estado, Cataluña tiene que poder decidir sus políticas y dejar de aceptar estas imposiciones», reivindicó. En un tono aún más elevado, Nogueras acusó al Ejecutivo de «abusar de la capacidad y solidaridad que siempre ha demostrado Cataluña».
Traspaso de competencias
El pasado enero, Junts celebró, entre otras cesiones a cambio de no obstaculizar la validación de tres reales decretos del Gobierno, la «delegación integral de las competencias de inmigración» a la Generalitat. El Ejecutivo justificó que la ley orgánica que lo regule se aprobará «al amparo de la Constitución» y que la titularidad seguirá siendo estatal. «No rehuiremos asumir una política de Estado en aquellas materias fundamentales para un país», reclamó entonces el secretario general del partido neoconvergente, Jordi Turull.
El dirigente de JxCat señaló que «el aumento de la ultraderecha en Europa se produce porque hay fuerzas políticas que esquivan esos asuntos» y calificó de «indignas» las acusaciones de «xenofobia» a su formación al haber abierto un debate sobre seguridad ciudadana e inmigración.
Aunque ya el pasado mes de abril habían aparecido las primeras discordancias, la polémica entre los dos partidos independentistas catalanes y el PSOE por la distribución de los menores migrantes llegados a Canarias se cruza ahora con las negociaciones para la investidura en Cataluña, en las que el PSC necesita los votos de ERC como única vía para que Illa sea proclamado nuevo presidente de la Generalitat.
Gobiernos de PP y Vox
También se refirió ayer al acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Canarias el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que garantizó que todas las comunidades autónomas que gobierna su partido, en solitario o en coalición con Vox [Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Región de Murcia y Extremadura], cumplirán con sus «obligaciones de solidaridad» y «pondrán a disposición toda su capacidad instalada para acoger a los menores, cualquier necesidad y cualquier contingente».
El dirigente popular respondió así a las dudas suscitadas respecto a la respuesta que darán las autonomías controladas por su partido a la petición de Canarias para solventar, con ayuda del resto de los territorios, el grave problema de acogida de miles de menores inmigrantes no acompañados llegados a las islas. Y también replicó así a la advertencia lanzada desde Vox. Su presidente, Santiago Abascal, dijo ayer que aceptar una cuota obligatoria de inmigrantes «iría claramente en contra del espíritu y la letra de los pactos regionales» que tienen con el PP.