El Ministerio del Interior reconoció ayer que lleva un año sin designar un perito para la investigación judicial sobre las obras presuntamente fantasma en 12 comandancias de la Guardia Civil licitadas a un constructor relacionado con el caso Mediador. Fuentes ministeriales corroboraron de manera cronológica las informaciones desveladas por EL MUNDO de que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha estado cerca de 12 meses sin nombrar un profesional y que finalmente la magistrada ha tenido que acudir a otro ministerio, el de Hacienda, en busca de ayuda. El complejo peritaje que solicita es crucial para el avance de la investigación porque de él depende saber si esos trabajos se ejecutaron realmente o no.
ATAQUES A LA JUEZ. El Ministerio del Interior responsabiliza a la magistrada de los retrasos en la instrucción al no haber avisado de que el trabajo de peritaje era «45 veces superior al comunicado en un principio», en referencia al primer y único intento que hubo de contar con un profesional de estas características y que no fructificó. Interior llegó a designar una perito, que el pasado mes de junio, en cuanto vio lo que se le encomendaba, comunicó que no tenía capacidad para abordar la tarea. Su designación se comunicó al juzgado el 1 de abril y el día 11 fue citada por la magistrada. El 26 de abril la perito se personó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero -y otra vez el Ministerio del Interior descarga contra la juez- «no se le proporciona ninguna documentación». Semanas después, esta profesional desiste de llevar a cabo el trabajo. «Con fecha 9 de junio de 2022, tras recibir toda la documentación del juzgado y comprobar que el volumen a peritar era prácticamente 45 veces el comunicado en un principio, y ante la imposibilidad material y técnica de poder llevar a cabo el peritaje, la perito designada comunica que no puede llevar a cabo el encargo». La causa continuaba por tanto sin perito, el elemento fundamental para que la magistrada pueda avanzar en su investigación. Sin esta prueba, el asunto quedaba en una vía muerta, como está ahora.
UN AÑO DE RETRASO. El 31 de marzo del año pasado, la magistrada instructora ya había solicitado un peritaje para poder avanzar. La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios, dependiente del Ministerio del Interior, solamente disponía de la perito -arquitecta- que declinó hacer el trabajo por exceso de volumen. Era la única persona titulada en ese sector y además provenía del ámbito de Guardia Civil. Tras la renuncia, el caso quedó de nuevo sin profesional para analizar los cuarteles y comandancias bajo sospecha. En noviembre, cinco meses después de que la técnica especialista rechazara el trabajo, el Ministerio de Interior acaba comunicando al juzgado que no tiene más peritos habilitados para acometer esta función. La instrucción judicial estuvo ese tiempo parada ante la falta de respuesta del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a pesar de la urgencia por progresar en las diligencias.
PERITOS «INVIABLES». El Ministerio del Interior, el área con mayor personal de todos los ministerios, llega a la conclusión de que no dispone de peritos para ejecutar el encargo de la magistrada y así lo expone abiertamente. «La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad remite un extenso informe al juzgado explicado la inexistencia de técnicos habilitados, así como la ausencia de estructura territorial de apoyo, por lo que resulta inviable acceder al requerimiento judicial», explica Interior en un escrito del pasado noviembre. Un mes antes, ante la ausencia de soluciones, Asuntos Internos había comunicado a la magistrada que el área de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, podría llevar a cabo las periciales acordadas. El pasado 26 de enero, pasados 10 meses desde su primera solicitud a Interior, la magistrada instructora acabó pidiendo a Hacienda que designara un profesional.
ALEJAR AL MINISTRO. En el comunicado de ayer sobre la información de este diario el Ministerio del Interior presenta a un Fernando Grande-Marlaska totalmente ajeno a lo que sucede en una parte esencial de su ministerio y distante de la que quizá sea la situación más delicada que tiene la Guardia Civil desde hace años. En primer lugar, asegura que no tiene conocimiento de ningún requerimiento del juzgado en busca de perito para examinar las obras. Textualmente dice el ministerio: «El juzgado de instrucción nunca ha cursado ninguna comunicación, oficio o diligencia, ya sea de forma oficial o extraoficial, ni al ministro del Interior ni a su gabinete ni al Área de Relaciones con los Tribunales». Al mismo tiempo, sin embargo, reconoce que la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios, dependiente del Ministerio del Interior, es la que facilita la perito especialista que finalmente rechazó realizar el trabajo el pasado mes de junio. Este área, por tanto, conocía las necesidades del juzgado para desatascar el caso. Tanto es así que «remite un extenso informe al juzgado explicado la inexistencia de técnicos habilitados, así como la ausencia de estructura territorial de apoyo, por lo que resulta inviable acceder al requerimiento judicial», dice el ministerio.
SOLUCIÓN PRÁCTICA. Ante la inacción del Ministerio de Interior, la magistrada resuelve cambiar el enfoque. Dirige sus peticiones al Ministerio de Hacienda. Lo hace el pasado mes de enero en busca de soluciones tras un parón de casi un año en su trabajo. Ahora se encuentra a la espera de la designación de peritos que se trasladen a las 12 comandancias investigadas, con sus respectivos cuarteles (la cifra rondaría las 90 inspecciones), para tener un punto de partida cierto sobre el que continuar con la investigación.
NEXO CON EL 'CASO MEDIADOR'
Un empresario. La investigación sobre el caso Cuarteles tiene un vínculo con el caso Mediador: ambos comparten un empresario, un constructor con base en Canarias llamado Ángel Ramón Tejera de León y conocido como Mon.
Con el general. El sumario de Mediador recoge la celebración de un encuentro en un restaurante de Tenerife en el que Mon coincidió con el general de división Francisco Espinosa, así como con el mediador de la trama y con otro empresario.
Fraude fiscal. Mon no está imputado en Mediador, pero sí en el caso Cuarteles por irregularidades en las obras y en otra causa por fraude fiscal. La Fiscalía le pedirá en el juicio previsto en abril tres años de cárcel y medio millón de multa.
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