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En el PSOE dan por superado el coste electoral que la Ley de Amnistía pudo tener en las elecciones previas a las autonómicas de Cataluña. En esa última cita con las urnas su candidato, Salvador Illa, se impuso con rotundidad a las fuerzas independentistas que, a su vez, no sumaron una mayoría absoluta por primera vez en décadas, por lo que consideran que su aprobación definitiva este jueves en el Congreso será inocua en los resultados de los comicios al Parlamento Europeo del 9 de junio, en los que Teresa Ribera será su cabeza de lista.
Fuentes de la dirección de Ferraz consideran que el PP "está tratando de estirar un chicle que ya no existe" con la celebración el domingo de una nueva manifestación multitudinaria en Madrid contra una medida de gracia que borrará los delitos de los encausados por el 1-O. Además, el grupo parlamentario de Alberto Núñez Feijóo ha pedido que la votación final sea por llamamiento para que los diputados socialistas tengan que levantarse de su escaño para decir sí a una norma que insisten en que es "inconstitucional" en vez de "pulsar un botón con vergüenza escondida".
"¿Qué es lo que proponen ellos para Cataluña? A un partido de Estado se le exige mucho más que volver a la judicialización de la política, que fue lo que ya hicieron en 2017", sostienen en el PSOE. Además, apuntan que la controversia en torno a la amnistía "murió" con el escrutinio de las urnas en Cataluña, que la única opción de que pudiera utilizarse como arma electoral era que Illa "se hubiera pegado un castañazo" y acusan a la formación que lidera la oposición de estar "alimentando a la ultraderecha" con la "exacerbación" de su discurso. "Entre la copia y el original, la gente vota al original", advierten.
Públicamente ya sólo dos barones socialistas siguen cuestionando la ley con la que Pedro Sánchez ha tratado de poner punto final al procés a cambio de los votos de ERC y de Junts para su investidura: el senador aragonés, Javier Lambán, que se ausentó de la Cámara Alta para no incumplir la disciplina del partido y pagará 600 euros de multa, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, muy crítico siempre en todas sus declaraciones. El resto de dirigentes, incluso los menos entusiastas, dieron por zanjado el debate después de que la militancia respaldara mayoritariamente la medida en una consulta interna.