Una Cataluña a dos velocidades: repunte macroeconómico lastrado por la herencia del 'procés' y la desigualdad social

Viernes 19 de abril, cinco y media de la mañana. Una imagen sorprende a las puertas de la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona) en pleno cambio de turno. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, reparte folletos informativos entre los trabajadores de la primera empresa en volumen de negocio de Cataluña explicando las bondades de la gestión de su partido en el Govern de la Generalitat. Una estampa de impacto que muestra, a la vez, que la economía ha vuelto con fuerza a la política catalana tras unos años con un rol muchas veces residual en el debate público.

Es evidente que hoy no es así y que tendrá un papel incidente en la votación de este domingo. Un anticipo electoral precisamente a consecuencia del fracaso de los Presupuestos autonómicos para este año y con la paralización del proyecto del macrocomplejo de ocio y casinos Hard Rock en Tarragona como línea roja de los comunes que impidió que las cuentas públicas salieran adelante en el Parlament.

La impronta del procés dibujaba un Parlament dividido en bloques estancos hasta hace poco. Pero, especialmente tras la salida de Junts del Ejecutivo de coalición con Esquerra hace un año y medio, las políticas de vivienda, la suspendida ampliación del aeropuerto de El Prat o la fiscalidad han hecho más visible en la Cámara el eje derecha-izquierda en debates y votaciones. En el último tramo de la legislatura no ha sido extraño ver a los neoconvergentes coincidir en el voto con Vox, PP y Ciudadanos, a ERC, CUP y En Comú Podem enfrente y al PSC basculando según la cuestión.

Sin los 2.600 millones adicionales presupuestados, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tenía pocos alicientes para agotar el mandato antes de ir a las urnas a principios de 2025, con Carles Puigdemont presumiblemente ya de vuelta beneficiado por la Ley de Amnistía. Nada que ganar y mucho por desgastar, con una crisis por la sequía que se ha convertido en el principal problema para los catalanes, según datos del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el equivalente autonómico al CIS. Para los encuestados, las «relaciones Cataluña-España» son hoy, por debajo, una preocupación similar a la que generan el paro y la precariedad laboral. Las restricciones al uso del agua en la actividad económica (parcialmente flexibilizadas este martes, a cinco días del 12-M) presagiaban unos meses de mala digestión en contraste con el discurso triunfalista de Esquerra Republicana.

Sin el símil de que «va como una moto» empleado habitualmente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para referirse a la economía española, Aragonès presume con otras palabras de PIB, exportaciones, inversión extranjera (con un pujante ecosistema empresarial en sectores como la tecnología o la biomedicina), tasa de desempleo por debajo del 10% y contratación de más profesores, personal sanitario y agentes de los Mossos d'Esquadra. Unos datos macroeconómicos al alza para dar carpetazo a la crisis derivada de la pandemia de covid, pero que en su reverso esconden tantas otras cifras preocupantes.

Según datos del Instituto de Estadística de la Generalitat, uno de cada cuatro catalanes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, en base a los parámetros que mide el indicador europeo AROPE. En esta encuesta de condiciones de vida, un 20% de la población declara no poder mantener su hogar a una temperatura adecuada, un porcentaje que supone un 0,8% más que en 2022.

Sube también hasta el 8,9% (en 2022 era el 8%) el índice de personas que viven en situación de privación material y social severa, es decir, quienes no pueden permitirse al menos cuatro de nueve conceptos de consumo básico. Y es la franja infantil la que sale peor parada. Más de 440.000 niños (uno de cada tres) sufrieron riesgo de pobreza o exclusión social en 2023, Una situación cronificada que, excepto en 2016, en la última década ha superado siempre el 30%.

Explica todo ello que ocho de cada diez catalanes crean que las desigualdades de renta y riqueza entre pobres y ricos son muy grandes en la región, tal y como refleja otro reciente barómetro del CEO.

Industria

La deslocalización industrial ha golpeado en los últimos años a Cataluña, que busca que el peso del sector secundario dé un paso al frente hasta situarse en el 25% de la economía de la región. El reciente acuerdo para que la empresa automovilística china Chery ocupe los antiguos terrenos de Nissan en Barcelona, en una alianza con la española EV Motors, ha cerrado una carpeta abierta sobre la mesa durante toda la legislatura. Ha sucedido con otras compañías, como Bosch o recientemente Danone, pero el mayor impacto causado por un cese de actividad fue el anuncio, en pleno inicio de la pandemia en 2020, por parte del fabricante de vehículos japonés de abandonar sus fábricas catalanas tras más de cuatro décadas y con más de 2.500 empleados. El desembarco de Chery cierra, por ahora, un largo proceso de reindustrialización de los terrenos que Nissan dejó definitivamente hace un año y medio.

La de 2024 es una Cataluña muy rezagada en la generación de energías renovables, que dentro de seis años, según los objetivos marcados en la ley de cambio climático aprobada en 2017 en el Parlament, deberían cubrir la mitad de la demanda eléctrica. La energía verde tan solo representa hoy el 15%, mientras que la nuclear permanece en un 60%.

Este retraso crónico se ha revertido parcialmente en los dos últimos años, aunque de manera insuficiente para compensar la paralización de los proyectos eólicos y fotovoltaicos que ha habido en la última década. Cataluña genera únicamente el 4% de la energía renovable en España.

Regreso de empresas

Los cabezas de lista del 12-M competían el pasado jueves por aparecer en los titulares periodísticos sobre la OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell. Más allá de las consecuencias económicas y empresariales de la operación, subyace la progresiva mengua de centros de poder y decisión en Cataluña. El retorno de las empresas que trasladaron su sede social a otras comunidades a finales de 2017 (como CaixaBank, el propio Sabadell o Naturgy), tras el referéndum del 1-O y la posterior declaración de independencia, volvió a la palestra con las negociaciones para la investidura de Sánchez y lo ha hecho también en esta campaña. Incluso con la polémica propuesta que hizo Junts en enero para imponer sanciones a las compañías renuentes.

En el último trimestre de aquel 2017, más de 3.000 corporaciones solicitaron el traslado de su domicilio social a otras comunidades y, desde entonces, el saldo negativo entre bajas y altas supera las 4.000. Significativo también es el trasvase desde la provincia de Lérida a la vecina Aragón de empresas catalanas que hallan en esta comunidad un ecosistema más flexible para la inversión, con menos barreras burocráticas y mayor agilidad en los plazos administrativos.

Impuestos

Además de la seguridad jurídica, el empresariado demanda políticas atractivas en materia de fiscalidad. Y ha sido este uno de los temas estrella en la campaña electoral. Con una quincena, Cataluña lidera la clasificación de impuestos propios autonómicos, seguida por Valencia y Andalucía, con ocho, en una lista que cierra Madrid, con ningún tributo.

Según cálculos del Observatorio de Derecho Público de Barcelona, con datos del Ministerio de Hacienda, la Generalitat recaudó con estos gravámenes, como el de las bebidas azucaradas o las viviendas vacías, más de 863 millones de euros en 2022, un 45% del total de todas las comunidades.

Por otra parte, un informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales señala a Cataluña como la región donde más tributan por IRPF las rentas de 30.000 a 45.000 euros brutos anuales, con una diferencia de 492 euros respecto al País Vasco, donde menos carga fiscal existe.

"Con la inflación, las clases medias y populares se han empobrecido para engordar las arcas públicas en lugar de haber deflactado los tramos autonómicos, como han hecho otras comunidades", denuncia la patronal Foment del Treball, que habla de "un infierno fiscal que frena la inversión y la atracción de talento".

"El sistema impositivo requiere una revisión, racionalización y simplificación exhaustiva", aconseja el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, que, como Foment, insiste en que es necesario "eliminar el impuesto sobre el Patrimonio" y "reducir los tipos aplicados en el de Sucesiones para situarlo en torno a la media de la OCDE".

"Quizás sea necesario un enfoque del sistema fiscal centrado más en el ciudadano y la economía y menos en las necesidades del sector público, y sobre todo que dé seguridad y no cree un sentimiento de injusticia", señala el decano del Colegio de Economistas de Cataluña, Carlos Puig de Travy. En este sentido, pide "centrar la atención en las figuras que pueden frenar la actividad económica y la generación de valor en la sociedad".

En sintonía con estas tesis, durante toda la campaña han sido habituales los guiños de Junts, que ya no esconde su alma convergente, al electorado catalanista más reacio a las políticas de izquierdas, aunque poco amigo de las aventuras unilaterales. Los 77.000 votos que en 2021 fueron a parar al PDeCAT (el partido heredero de CDC y del que acabó surgiendo JxCat) o los casi 103.000 que eligieron la papeleta de Unió Democràtica en 2015, tras desligarse de Convergència por su viraje independentista, son un considerable botín que, en ambos casos, se quedó sin premio en escaños.