Pere Aragonès ha decidido anticipar las elecciones catalanas y convocarlas para el próximo 12 de mayo. El presidente de la Generalitat ha reaccionado así tras ver sus Presupuestos tumbados en el Parlament.
Los republicanos se han quedado a un solo diputado sacar adelante las cuentas. Aragonès acudía al pleno con el apoyo del PSC asegurado y recabó a última hora el de Cristina Casol, una ex diputada de Junts desterrada al grupo mixto tras denunciar a la formación de Carles Puigdemont por acoso laboral. Pero no fue capaz de torcer el brazo de los comunes, que resultaban aritméticamente determinantes para que los Presupuestos fueran tramitados.
El partido liderado por Ada Colau se enrocó al vincular su respaldo a las cuentas a que el Govern prohibiera la construcción del complejo de ocio y juego que Hard Rock proyecta en Tarragona, una cesión que Aragonès no aceptó alegando que, de hacerlo, estaría «prevaricando» y porque el PSC, su único socio presupuestario, está a favor de que «Las Vegas del Mediterráneo» -como lo han apodado los comunes- vean algún día la luz.
En un desesperado intento de forzar la rectificación de la formación hermana de Sumar, el Govern ofreció paralizar Hard Rock mientras durara el episodio de sequía, amparándose en la normativa aprobada para paliar el actual episodio de emergencia climática, pero los comunes no tragaron con el parche, mantuvieron su todo o nada y empujaron los Presupuestos por el precipicio con la inequívoca intención marcar perfil a unos meses de los comicios catalanes.
En ese clima de enfrentamiento abierto arrancó una sesión parlamentaria con aroma a precampaña. La consejera de Economía del Govern, Natàlia Mas, irrumpió acusando a sus otrora socios -los comunes sí aprobaron los Presupuestos de 2023 con el PSC y ERC- de «incoherencia y electoralismo». Y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, arrojó sobre la bancada de los ecologistas una incongruencia palmaria: «En Madrid Gobiernan con el PSOE y aquí se niegan a pactar estos Presupuestos».
«Están en modo campaña electoral», insistió la portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, quien subrayó a los comunes que Hard Rock está en marcha desde 2014 y que ello no les impidió formar parte del tripartito presupuestario del pasado año.
Si algo se puso de manifiesto en el pleno que sepultó los Presupuestos del Govern fue la descomposición del frente de izquierdas que sustenta al Gobierno.
En los últimos días, ERC había contactado con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, para que, a su vez, presionara a los comunes. Los republicanos pidieron a Díaz reciprocidad, pues están dispuestos a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pero la vicepresidenta del Gobierno no accedió al trueque planteado por los independentistas y se justificó en la autonomía de sus socios catalanes. «Deciden los comunes», zanjó al ser preguntada por el portazo de los de Colau a ERC.
Quien ya se frotaba las manos ante una la derrota presupuestaria de Aragonès era Junts. Su portavoz en el Parlament, Albert Batet, utilizó el pleno para pedir al presidente del Govern que «convoque elecciones por un mínimo de patriotismo». «No podemos alargar esta agonía. ¿Qué más le falta para ver que así no puede seguir? Continuar aferrado a la silla no es la solución», propinó el neoconvergente.
La nota surrealista que se niega a abandonar la política catalana también estuvo presente en la jornada. Acabado el debate matinal, la presidenta del Parlament, Anna Erra, de Junts, decidió levantar la sesión y posponer la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos hasta la tarde. ¿El motivo? Que un diputado de Vox no estaba presente en el hemiciclo y su ausencia hubiera provocado un empate entre los partidarios de que los Presupuestos salieran adelante y de los que pretendían tumbarlos. En esas circunstancias, el reglamento dice que las cuentas seguirían su tramitación, por lo que Erra decidió aplazar la votación dos horas, motivando la queja de diputados de ERC y el PSC, que veían una oportunidad dorada para ver el proyecto presupuestario aprobado por un despiste de Vox.
«Tongo», pudo escucharse en el hemiciclo, al considerar que Erra actuó al servicio de su partido y no siguiendo el criterio al que su rol institucional le obliga.
Ya en la sesión vespertina, el Govern dispuso de una segunda e inesperada oportunidad para ver los Presupuestos aprobados, pues Ciudadanos exigió que el voto del diputado fugado de Junts, Lluís Puig, no se contabilizase para cumplir con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, que lo prohíbe. Pero tampoco la presidenta del Parlament accedió a esta petición y, esta vez sí, las cuentas de Aragonès sucumbieron.