Después de tanto tiempo pensando que el trabajo dignifica, escucho ahora una y otra vez que hay que reducir la jornada laboral "para disfrutar la vida" y, al mismo tiempo, la esperanza de vida se alarga. Choca esa concepción a la vez voluntarista y mortificante del trabajo con la realidad del mercado laboral, de las pensiones y de otras encrucijadas económicas de nuestro país: los incentivos y la productividad no están alineados. La semana ha venido cargada de ilustraciones al respecto.
Menos horas de trabajo parece algo atractivo, pero no puede hacerse con un mal diseño de incentivos. Si éstos están mal establecidos, se puede acabar peor de lo que se estaba. En la época colonial británica en la India, para reducir la población de cobras en Delhi, el gobierno ofreció una recompensa por cada serpiente muerta. La gente, rápida en identificar oportunidades, comenzó a criar las serpientes para luego matarlas y recibir el pago. Al descubrir el truco, las autoridades cancelaron el programa, lo que llevó a que los criadores liberaran las serpientes, aumentando el problema original. Este efecto cobra es un clásico de los incentivos con toque muy español.
La idea es reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales por decreto. Que algo así tenga éxito depende de cosas tan complicadas de asumir en este país (funcionarios como yo incluidos) como que el salario se ligue a la productividad. La paradoja es que discutimos sobre trabajar menos cuando hay sectores desesperados por encontrar trabajadores. Transportistas, hosteleros, sanitarios y la construcción claman por mano de obra. Mientras tanto, el desempleo ronda el 11% y el paro juvenil sigue siendo el doble que en Europa. Si una empresa debe pagar lo mismo por menos horas trabajadas, la contratación de nuevos empleados se vuelve más costosa. Y si, como se ha insinuado, la reducción se aplicase solo a grandes empresas, se estaría creando un mercado laboral a dos velocidades.
La reducción de jornada es viable en ciertos sectores, pero requiere un cambio económico y cultural. En la tecnología, la educación, la administración pública y los servicios profesionales, las nuevas formas de trabajo pueden compensar la menor carga horaria. Pero esto exige una transformación hacia un modelo basado en la evaluación por objetivos y no por presencia. No se puede aplicar el mismo criterio a un ingeniero que a un enfermero. Es indispensable establecer acuerdos sectoriales que permitan flexibilidad y adaptación a cada realidad laboral.
Otro gran tema de la semana, reincidente, ha sido la sostenibilidad del sistema de pensiones. Aquí los números son implacables. Con una natalidad en declive histórico (1,1 hijos por mujer) y una esperanza de vida en aumento, el modelo actual simplemente no cuadra. Ya hay regiones, como Canarias, donde el número de nuevos pensionistas duplica al de nacimientos. La solución hasta ahora ha sido postergar el problema: subir cotizaciones, aumentar el gasto público y confiar en que la inmigración aporte suficientes cotizantes para equilibrar las cuentas. Pero la economía no funciona con deseos. Si se necesitan más trabajadores para sostener las pensiones y al mismo tiempo se desincentiva el empleo con cargas sociales elevadas y una jornada reducida por ley, el resultado puede ser una menor recaudación y una mayor presión fiscal.
El sistema de pensiones no es sostenible. Aumentar las cotizaciones es un parche que tarde o temprano asfixiará a empresas y trabajadores.