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Ni "evento extraordinario" ni "causa mayor": el caos de la red ferroviaria se debe a "una falta de previsión notoria" por parte del gestor de infraestructuras, que es Adif. Y por tanto, los clientes afectados por los retrasos y cambios en la programación de los viajes de la alta velocidad en España mantienen su derecho a su compensación económica. Es el dictamen de los expertos jurídicos de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin): "No se puede admitir que no se pueda reclamar" las correspondientes indemnizaciones a las operadoras, insisten en base a los compromisos mínimos que establece el Reglamento 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
La aplicación de límites temporales a la velocidad (LTV) en la vía ferroviaria que acomete Adif ha extendido los retrasos en casi todos los corredores. Se agudiza esta situación para los 40.000 viajeros diarios del tramo entre Madrid y Barcelona, donde los trayectos se han alargado formalmente en 25 minutos (lo acordaron ayer Adif y las empresas) y se han suprimido varios trenes diarios para facilitar, además del flujo de trenes, el mantenimiento de la propia vía.
Y entre medias, el viajero de la alta velocidad ve cómo se alargan sus trayectos o se cambian sus horarios de viaje, se interrumpen las conexiones en varios tramos, y las alternativas de transportes pasan por su propio bolsillo (ya sea optando por hacer el viaje en avión, en autobuses regionales o en coche).
Porque, salvo el Plan Alternativo de Renfe, que pone a disposición de sus clientes servicios de autobuses para no impedir los viajes en los Córdoba (donde la circulación de los trenes queda interrumpida tras el accidente de Adamuz), no se han ofrecido más opciones para los viajeros del ferrocarril, o en su defecto, medidas que disminuyan el gasto.
En este sentido, las distintas plataformas de consumidores animan a los afectados a denunciar su situación y reclamar las correspondientes compensaciones económicas. El procedimiento es el habitual, explican desde Facua: solicitar la devolución de las cantidades a la empresa ferroviaria a través de los canales disponibles (como la web oficial), y en el caso de que no se acepte, denunciar ante los organismos competentes.
La duda sobre este trámite surgía en los últimos días a raíz de los anuncios de distintos operadores. Si bien cada empresa aplica una política de compensación o reembolso por retrasos y cancelaciones que dependerá del tiempo de retraso, algunas ya se están desvinculando de las demoras causadas por las LTV. Es el caso de Iryo, que hace unos días (y de forma previa al aviso de Adif de cancelaciones) advirtió en su web que los trayectos entre Madrid y Barcelona, y Madrid y Valencia, pueden sufrir "retrasos ajenos a la responsabilidad del operador". Por tanto, y en lo que respecta a los billetes adquiridos con posterioridad al 28 de enero, no se aplicarán las políticas habituales de compensaciones por retraso. Para el resto de circunstancias, mantienen su política habitual. Y la misma situación se da con Renfe, que explica que "los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a estas limitaciones de velocidad".
En este contexto, las compañías ferroviarias se acogen al artículo 19 de la normativa europea para explicar que, una vez hecho el aviso, no son responsables de las indemnizaciones por demoras o cambios en los viajes adquiridos posteriormente. Pero, en todo caso, y ya sea antes o después del aviso, no se puede eludir la compensación a los viajeros en el compromiso de puntualidad (que se incluye en el propio billete). Rubén Sánchez, portavoz de Facua, aclara que las compensaciones por demoras se contemplan en el mencionado Reglamento europeo, en el caso de que las operadoras no se hagan responsables y apliquen sus propias políticas: hasta por dos horas de retraso se abonará el 25% del precio del billete, y superior a esas dos horas será del 50%.
"Dado que Adif ha sido quien ha modificado los horarios, y pese a aducir que lo hace por seguridad, tendrá que ser el que indemnice a las compañías para que, a su vez, ésta traslade las compensaciones a los usuarios", explican desde Asufin.
Adif y el Ministerio de Transportes no responden a las peticiones de información que este medio les ha planteado al respecto.
La gestión de los derechos para los clientes del tren es, cuanto menos, singular: sus condiciones no están reguladas por el Ministerio de Consumo, como en otros sectores, sino por el propio Ministerio de Transportes, designado a tal fin por las autoridades de la UE. Fuentes del primero consideran que la cuestión de las indemnizaciones es, de hecho, "compleja" de resolver. Porque el responsable del desorden ferroviario es, precisamente, quien tendrá la última palabra sobre quién asume el coste del presente caos.