Vía libre al viraje energético de Galicia. El Gobierno de Alfonso Rueda ha sacado hoy adelante en el Parlamento autonómico los Presupuestos regionales para 2025 en un pleno que, además de alumbrar las nuevas cuentas públicas, ha dado luz verde al nuevo marco renovable del territorio, una batería de medidas que ha puesto en pie de guerra a todo el sector eléctrico dentro y fuera de las fronteras nacionales.
El citado marco normativo, el nuevo marcapasos del despliegue de energías limpias en la región, ha sido incluido en la norma de acompañamiento a los Presupuestos, una suerte de 'Ley Escoba' en la que el Ejecutivo autonómico ha incorporado, entre otros asuntos, la obligación de desmontar de forma escalonada unos 3.000 aerogeneradores en el territorio, con más de 25 años de antigüedad, para sustituirlos por otros nuevos, y la intervención de la producción de los nuevos parques que, a partir de mañana, deberán vender una parte de su electricidad a empresas gallegas.
Aquellos promotores que no repotencien sus parques se enfrentarán a la revocación de permisos y al cierre de instalaciones. Y solo aquellos que reserven parte de su producción a las compañías locales podrán disfrutar de un mejor trato administrativo en la región. El borrador de dicha ley experimentará cambios tras la incorporación de enmiendas, por lo que en el frente empresarial ya esperan para reaccionar a su letra pequeña tras la publicación de la versión final en el boletín oficial autonómico.
El giro de la política renovable de la Xunta obsesiona desde hace meses a todo el sector energético, como ha venido informando este periódico. Ayer mismo, las tres grandes patronales del ramo a nivel nacional -la eléctrica (Aelec), la eólica (AEE) y la renovable (Appa)- firmaron un manifiestoconjunto sin precedentes contra las medidas anunciadas que, según denunciaban, amenazan "principios constitucionales". Entre otras, representan a gigantes como Iberdrola, Endesa, Acciona o Naturgy. Hace un mes, fue WindEurope, la patronal de las grandes eólicas europeas, la que envió un correo electrónico al propio Alfonso Rueda advirtiendo de que, de seguir adelante, este ajuste normativo, "contrario a los principios básicos del derecho europeo", desataría una nueva ola de "arbitrajes internacionales".
La dicotomía entre industria, renovables y medioambiente está marcando cada vez más la agenda política de las CCAA. Galicia no está sola en su empeño por intervenir el despliegue de energías limpias en favor de un mayor retorno para el territorio. Baleares fue pionera en legislar en esta dirección en 2019 y, desde entonces, Cataluña, Navarra, País Vasco y la propia Galicia han seguido su estela. Las tres últimas, este mismo año.
Hoy, este pulso entre desarrollo industrial y sostenibilidad ha copado buena parte del debate en el Parlamento gallego. Desde el PSOE regional han afeado que de las 97 enmiendas planteadas al texto legislativo solo se hayan aceptado cuatro y han denunciado que el sistema energético autonómico se ha convertido en un modelo "Frankestein", resultado de un escenario de "bandazos regulatorios" y "falta de seguridad jurídica". Paradójicamente, la nueva hoja de ruta del PSOE a nivel nacional, fruto de la votación del último Congreso Federal del partido, incluye medidas muy similares a las adoptadas por la Xunta de Rueda, en detalle, la propuesta en favor de una ley nacional que obligue a los promotores verdes a ceder el 20% del capital de sus parques a vecinos y ayuntamientos, o el trato preferente a proyectos de regiones altamente generadoras de energía limpia, como adelantó este diario.
A la inseguridad jurídica que sufren las renovables en Galicia contribuye la intensa judicialización que vive el sector en el territorio. Actualmente, hay paralizados más de 60 proyectos, para los que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha decretado la suspensión cautelar a raíz de denuncias de grupos activistas locales, contra el criterio del propio Tribunal Supremo.
Desde el BNG han instado al Ejecutivo autonómico a "visitar más empresas" para comprobar su impacto ambiental, en alusión a la polémica generada alrededor del proyecto de la empresa Altri para construir una fábrica de fibras textiles en el territorio. Alrededor de este proyecto se ha desatado una enorme polémica a la que han aludido desde el Bloque, que ha recordado la multitudinaria manifestación convocada el pasado fin de semana contra el proyecto de la macroplanta de celulosa.
Desde la bancada 'popular', han defendido que las políticas de la Xunta promueven el crecimiento económico de la región y han reafirmado que "si Altri contamina, no habrá planta, pero si Altri no contamina, la habrá". Además, desde el partido del Gobierno han criticado a los dos partidos progresistas por estar "instalados en el pasado" frente a su enfoque "a favor del empleo, la industria y el desarrollo" de Galicia.