La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, intenta asaltar una institución que debe ser independiente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIreF) colocando como nueva presidenta a Inés Olóndriz, su actual 'mano derecha' en financiación autonómica que ha tenido ya fricciones con la mayoría de comunidades autónomas.
Una muestra es el papel de Olóndriz en tiempos recientes. Es actualmente secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y también secretaria del Consejo de Político Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne a gobierno y comunidades autónomas, con deber de que las actas reflejen fielmente los debates. Sin embargo, según el acta de la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Olóndriz chocó con los consejeros de Hacienda de comunidades del PP por presentar como «abstención» en la votación de la quita de deuda, lo que fue, en realidad, una ausencia. Los consejeros no se abstuvieron, sino que abandonaron la sala en la tormentosa reunión de febrero del pasado año.
La consejera de Extremadura, Elena Manzano, se quejó a Montero de que lo que había hecho Olóndriz era "falsear el acta" y "contravenía el reglamento" y la legalidad, pero ministra y secretaria mantuvieron su posición esgrimiendo un informe verbal de la Abogacía del Estado.
«Somos conscientes de que el Ministerio defiende una interpretación y las comunidades y ciudades defienden otra. Ante esta discrepancia consideramos que debe prevalecer el criterio de la presidencia [en el CPFF es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero]», zanjó Olóndriz. Sí aceptó rectificar el acta anterior, porque había puesto «Cataluña» en vez de «el señor Junqueras», provocando el enfado de los consejeros populares. La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, mantiene no obstante un recurso judicial contra el acta elaborada por Olóndriz por equiparar el plantón con un presunto voto de abstención sobre la quita de deuda.
El episodio muestra, según fuentes populares, el sesgo político de Olóndriz que la incapacita, a su juicio, para ser presidenta de la AIReF durante los próximos seis años en sustitución de la saliente Cristina Herrero.
El artículo 24 de la Ley Orgánica de creación de este organismo establece que «la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estará dirigida y representada por un Presidente que será designado, entre personas de reconocido prestigio y experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio».
Olóndriz, licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y funcionaria de carrera en el Ayuntamiento de esta capital tiene perfil técnico, pero ha ocupado un cargo político en los últimos seis años como secretaria general y su salto directo desde el Ministerio supervisado al organismo que lo debe supervisar de forma independiente es altamente polémico.
El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, que fue funcionario de la AIReF, carga contra el intento de nombramiento: «Es un ejemplo más de cómo el Gobierno invade desde la política la independencia de los órganos reguladores y destruye la credibilidad de los mismos. Lo único que le importa es evitar la crítica».
El rechazo del PP no sólo debilita a cualquir candidato, sino que puede frustrarlo por el peculiar sistema legal de nombramiento del presidente de la AIReF, que empuja al consenso. Para suceder a Herrero es necesario reunir mayoría en la comisión de Hacienda del Congreso y, si no, en la del Senado. Por tanto, si no logra Montero amarrar todos los votos de los socios de investidura, incluido el de Junts, en el Senado (PP) decaería la candidatura de Olóndriz.
Fuentes de Junts aseguran a este diario que aún no tienen posición sobre ella. Esquerra, por su parte, puede apoyarla al ser la alta funcionaria responsable del diseño de la quita de deuda y el nuevo modelo de financiación autonómica anunciado por Junqueras. Este último plan debilita las arcas del Estado en 20.000 millones anuales, una cesión que critica la actual AIReF.