Casi 295.000 millones de euros. Son los ingresos tributarios que entraron en la caja pública en 2024, batiendo un nuevo récord de recaudación y generando un colchón suficiente para que el Gobierno pueda hacer guiños fiscales este año a más de cinco millones de contribuyentes. Así lo ha considerado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en cuestión de días ha dado marcha atrás a dos polémicas decisiones que habían levantado en armas a dos colectivos de rentas medias y bajas: los mutualistas jubilados y los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI).
Primero accedió a negociar con la vicepresidenta segunda una solución para dejar exento de tributación el salario mínimo. Tras una tensa negociación, Montero impuso su fórmula y Yolanda Díaz terminó aceptando el pasado viernes una deducción en la cuota para que los perceptores no vean mermados sus ingresos por el pago de impuestos este año. La ministra de Trabajo aspiraba a arrancar un incremento del mínimo exento en el IRPF no sólo para 2025, sino garantizado para futuras subidas del SMI. Sin embargo, la titular de Hacienda sólo admitió una excepción para este año, a través de deducciones, evitando un ajuste en profundidad del impuesto.
La opción de Díaz -elevar el mínimo exento hasta los 16.576 euros anuales que supone el SMI para librar del pago de impuestos a sus perceptores- hubiera tenido un coste para las arcas públicas de entre 1.500 y 2.000 millones de euros, según los cálculos de Hacienda. Sin embargo, la solución propuesta e impuesta finalmente por Montero va a limitar el impacto de este gesto fiscal a unos 200 millones, que es el coste de aplicar una deducción en la cuota del IRPF al 20% de los contribuyentes que cobran el salario mínimo (es decir, algo menos de medio millón sobre un total de 2,4 millones) y que se hubieran visto obligados a pagar IRPF por ser solteros y no tener hijos y, por tanto, no poder beneficiarse del mínimo personal y familiar.
Los técnicos de Hacienda del sindicato Gestha, no obstante, rebajan el coste recaudatorio de esta deducción hasta los 162 millones de euros. En todo caso, piden convertir el acuerdo temporal al que han llegado las vicepresidentas en una medida de carácter permanente para acompasar la senda alcista del SMI. Consideran que se trata de una medida eficaz para compensar la no deflactación del IRPF tras años de tensiones inflacionistas y que además la recaudación tributaria "tiene músculo suficiente" para asumir el coste. Con todo, advierten al Gobierno de que debe asegurarse de que no se produce un salto de escala en el gravamen y le instan a modificar el reglamento de renta para que en el cálculo de las retenciones se tenga en cuenta la nueva deducción, de manera que estos trabajadores queden sin retención el resto del año.
Al medio millón de declarantes con SMI que se van a ver beneficiados este año se suman 4,8 millones de mutualistas jubilados que también recibieron la semana pasada una buena noticia por una modificación in extremis de la ministra Montero. Es el total de contribuyentes a los que la Hacienda pública les debe dinero por lo que cotizaron de más a las mutualidades entre los años 1967 y 1978, según estimaciones de Gestha. A finales del año pasado el Ministerio cambió repentinamente el criterio y fijó una devolución escalonada en un plazo de cuatro años, pero ante las quejas del colectivo la vicepresidenta se ha visto obligada a dar marcha atrás y desembolsar todas las devoluciones en un único pago en 2025.
La propia Montero anunció el jueves pasado que tras "escuchar a los colectivos, sindicatos y grupos políticos" se impulsará un cambio normativo para acelerar al máximo las devoluciones. "El objetivo es que los contribuyentes con derecho a reintegro reciban la devolución de una vez y a lo largo de este año", señaló la vicepresidenta en la rueda de prensa en la que presento las cifras récord de recaudación y la mejora del déficit público al 2,8% del PIB. "La Agencia Tributaria está en condiciones de poder atender estas solicitudes en ese solo pago", afirmó.
A la cantidad total a devolver a los mutualistas, que son 5.900 millones de euros, contando con la parte de las haciendas forales, hay que restarle las cantidades que ya se reintegraron en 2024, antes del primer cambio de criterio de Hacienda. Según el último informe de recaudación tributaria mensual, a finales del año pasado se habían devuelto algo más de 1.300 millones. De modo que el monto restante, sumado a los 200 millones que costarán las deducciones en el SMI, da como resultado unos 4.800 millones de euros en guiños fiscales.
Lo sindicatos valoraron positivamente la rectificación de Hacienda respecto al IRPF de los mutualistas, no obstante, en una nota conjunta advirtieron de que las devoluciones deberían incrementarse por los intereses de demora (4,0625 % anual en este momento). Y en cuanto al SMI, desde la UGT dieron la bienvenida al acuerdo alcanzado entre Díaz y Montero, pero lamentaron que la discusión sobre la tributación de estas rentas volverá a repetirse el año que viene si no se abordan las "deficiencias de nuestro sistema fiscal" con "visión estructural" y "de manera participada" con los interlocutores sociales. Por ello, el sindicato presentará esta misma semana una queja al Defensor del Pueblo, solicitando su "intervención" para garantizar "una política fiscal sobre los salarios que sea coherente con el mandato constitucional de igualdad y progresividad".