Ana trabajó durante 18 años como enfermera en su país, Venezuela. Fue antes de cruzar el Atlántico en avión y probar suerte en España. Con ella se trajo a su hija y a su nieto. Ana dice que ya no aguantaba más «la presión asfixiante» del régimen de Nicolás Maduro contra su propia población.
Jairo, soldador colombiano, hizo un viaje parecido junto a su mujer, Ángela, aunque antes de llegar a tierras españolas trabajó en Polonia y en Ucrania. En este último país ayudó a ensamblar un refugio construido sobre una antigua cancha de baloncesto para que la población local pudiera cobijarse de los ataques militares rusos. La pareja decidió instalarse en Europa a causa de la violencia y la inseguridad que genera el crimen organizado en su Colombia natal.
El peruano Alberto José aterrizó en España porque las bandas criminales de su país le extorsionaban. O pagaba una cantidad de dinero de manera recurrente o tenía que dejar de vender frapuccinos por las calles de su pueblo, Tumbes, muy próximo a la frontera de Perú con Ecuador. Llegaron a dispararle en su propia casa. Sin pensarlo demasiado, él y su hermano mayor cogieron un vuelo y se plantaron en el aeropuerto de Barajas.
Todos ellos, Ana, Jairo, Alberto José y su hermano están acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Los cuatro, así como cientos de latinoamericanos más, han seguido un proceso migratorio único, inédito hasta ahora, para alcanzar España. La ciudad, que abrió las puertas de su CETI en 1999, se ha convertido en una vía exprés para conseguir documentación en regla para quienes llegan a la península procedentes de países latinoamericanos.
Hasta octubre de 2023, hace ahora dos años, nunca se había producido la llegada de un solo inmigrante latino a dicho centro. Melilla, como ciudad autónoma española ubicada en el norte de África, exclusivamente había recibido en el CETI a inmigrantes que cruzaban la frontera de manera irregular, ya fuera colándose a pie por alguno de sus pasos fronterizos terrestres o saltando la valla que separa la ciudad de Marruecos, el país vecino. En su mayoría procedían de países africanos, pero nunca había sucedido lo que está ocurriendo ahora: jamás habían llegado desde la península venezolanos, colombianos, peruanos, argentinos o bolivianos...
La razón es sencilla. Conseguir en la península una cita para petición de asilo resulta sumamente complejo. «Una quimera», asegura Jairo, el soldador colombiano. En marzo de 2024, el Consejo General de la Abogacía Española, a través de su subcomisión de Extranjería y Protección Internacional, ya denunció que se estaba vulnerando el derecho de miles de personas a pedir asilo ante el Gobierno español por la imposibilidad de obtener cita previa por internet para formalizar la solicitud. Por teléfono es igual de complejo.
Sin embargo, en Melilla ese trámite se resuelve en cuestión de minutos. Cualquier extranjero irregular en España podía coger un vuelo o embarcarse y plantarse en la comisaría de la ciudad, o en el mismo CETI, y se iba inmediatamente con la cita concedida, para uno o dos meses después. Algún latino probó suerte primero y, a partir de ahí, funcionó el boca a boca, que hizo correr como la pólvora la noticia entre la comunidad latinoamericana que ya estaba en España y también entre quienes pretendían emigrar a este país desde el otro lado del charco.
Hay quien cuenta que los primeros latinos en tramitar una petición de asilo en Melilla entraron con su pasaporte por el paso fronterizo de Beni Ensar y que, una vez en la ciudad, se deshicieron de él y acudieron al CETI como si hubieran accedido de manera irregular.
Pero a la enfermera Ana quien se lo dijo fue una amiga venezolana que había viajado a Melilla desde la península y que había ingresado en el CETI. Le explicó que era un proceso «muy rápido». Ana, al enterarse, no lo dudó y organizó el viaje de inmediato.
«Llegamos a España el pasado 18 de febrero y el 25 ya estábamos en Melilla. Al aterrizar en Madrid, cogí un tren hasta Alicante y luego un autobús a Almería. Por último, nos subimos a un barco que nos trajo hasta aquí», le contaba a Crónica este pasado miércoles Ana Miranda, de 47 años, a las puertas del CETI melillense.
Esta enfermera procede de Los Teques, una ciudad de 330.000 habitantes ubicada a 30 kilómetros al sur de Caracas, la capital de Venezuela. «Conmigo vinieron mi hija y mi nieto, que sólo tiene dos años. Creemos que aquí los tres podemos tener mejor futuro que en mi país. Desde nuestra llegada, en Melilla estamos muy bien».
A Ana, a su hija y al crío de ésta le entregaron hace una semana la conocida como tarjeta roja. Se trata del documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional. Tiene validez durante año, con opción de ir renovándose si la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, no da respuesta a la petición en ese plazo.
Dicha tarjeta se concede una vez que la solicitud de asilo del extranjero se admite a trámite. Con ella, los miembros de esta familia venezolana ya tienen acceso a la asistencia médica, disponen de un permiso temporal de residencia y la posibilidad de trabajar de manera regular al transcurrir seis meses desde la concesión.
«Mi hija y yo estamos muy felices, no lo podemos esconder», admite Ana. «Ella está ahora recogiendo al niño de la guardería», contaba durante su encuentro con este periodista.
«En el CETI nos tratan muy bien. Tenemos una cama donde dormir, nos dan comida, asistencia jurídica... Venir a Melilla ha sido una decisión que ha cambiado nuestras vidas», celebra.
SÓLO SE CONCEDIÓ UN 3,79% DE LAS PETICIONES DE 2024
Durante 2024, España recibió 167.366 solicitudes de protección internacional, según cifras aportadas por el Gobierno. Ese año, la Oficina de Asilo y Refugio resolvió 96.251 casos. Pero el país concedió 6.355 estatutos de refugiado. Sólo el 3,79% de las solicitudes se resolvieron de manera positiva.
Los cinco primeros países de procedencia de las personas que recibieron dicho estatuto el año pasado fueron Nicaragua, Siria, Afganistán, Colombia y Honduras. Sin embargo, 33.534 ciudadanos, venezolanos en su mayor parte, consiguieron la autorización de residencia por razones humanitarias durante un año (la tarjeta roja).
Por nacionalidades, el país de procedencia con más solicitantes fue, precisamente, Venezuela, con 66.134 peticiones, un 39,5% del total, seguido de Colombia (40.140). Ambos países sumaron el 63,5% de los expedientes formalizados en 2024. Les siguieron, por número de solicitudes, Mali (10.673), Perú (10.427) y Senegal (7.708). Las cinco primeras nacionalidades concentraron el 80,7% del total de los expedientes registrados.
SE HA FRENADO EL ACCESO AL CETI
Durante el mes de octubre de este año, el CETI de Melilla, con una capacidad de acogida que ronda las 780 personas, ha promediado una población que rondaba los 270 ocupantes, según fuentes al tanto de los registros internos. Alrededor de 75 de ellas eran venezolanas, sobre 55 procedían de Colombia y otra decena era de distintos países de Sudamérica.
Pero en febrero de 2025 se registró uno de los picos más altos de ocupación latina del CETI. La población llegada de países como Colombia o Venezuela era mayoritaria. Se llegó a albergar a 850 personas (por encima de su capacidad máxima). Hubo 315 colombianos, 310 venezolanos, 60 peruanos y 25 solicitantes de asilo más procedentes de terceros países de Latinoamérica, como Argentina.
Desde entonces, el Ministerio del Interior ya no concede citas previas in situ en Melilla a los extranjeros latinos y tampoco acceso al CETI para quien haya llegado desde la península. En los últimos meses la cifra de inquilinos en el centro temporal de extranjeros ha ido reduciéndose de manera paulatina debido a que muchos de los receptores de la tarjeta roja se han ido mudando a la península en busca de trabajo.
«Ahora mismo quedamos muy pocos allá dentro», cuenta el venezolano Lenin Hernández, de 46 años. «A principios de año había más latinoamericanos que nunca y apenas había marroquíes ni morenos (se refiere a los subsaharianos)».
Lenin llegó a Melilla en enero de este año. Llevaba cinco meses malviviendo en Madrid, enlazando trabajos informales. Un conocido le habló de la «vía melillense». Él no se lo podía creer. Llevaba «demasiado tiempo» intentando coger cita para pedir asilo, pero siempre sin éxito.
«Llegaron a pedirme 400 y hasta 600 euros por revenderme una cita en el mercado negro. Pero nunca me llegaba la plata. Una vez pagué 80 euros para iniciar ese trámite, pero me engañaron. Cuando llegué aquí y conseguí cita ese mismo día, me quedé alucinado».
Lenin tiene a toda su familia en Venezuela. Allí dejó a su mujer y a sus tres hijos. El hombre anhela volver a verlos. Le gustaría que, en un horizonte «no muy lejano», pudieran venirse a vivir a España. Por el momento él ya dispone de la tarjeta roja. «Creo que me queda poco tiempo aquí en Melilla. Estoy enviando mi currículum a muchas empresas y espero encontrar trabajo muy pronto. A partir de ahí, el destino verá lo que me depara», explica.
la BANDA QUE REVENDÍA CITAS
El contrabando de citas de petición de asilo es constante en España. En noviembre de 2024, la Policía Nacional dio a conocer una operación con la que se logró desarticular una organización criminal dedicada al acceso ilegal en la aplicación de cita previa del servidor de la Administración General del Estado. El entramado delictivo desarrolló un sistema para la obtención de citas previas on line de trámites de extranjería utilizando bloqueos mediante bots en un servidor informático de la administración.
Fueron detenidas 21 personas en las provincias de Alicante (17), Murcia (1) y Valencia (3). Los investigadores policiales calcularon que cada uno de los integrantes de la banda ganó alrededor de 9.000 euros mensuales mientras estuvo activa. Cobraban entre 15 y 30 euros por cada cita que vendían.
Un año antes, en 2023, se realizó una operación similar. Se investigó judicialmente a 25 personas, aunque de manera inicial se detuvo a 69. Llegaban a revender las citas por hasta 200 euros.
GUILLERMO RECORRIÓ MEDIA ESPAÑA HASTA LLEGAR A MELILLA
Guillermo González, de 27 años, es otro de los venezolanos que todavía continúan en el CETI de Melilla. Primero emigró a Barcelona desde su país natal. Más tarde, vivió durante unos meses en Sevilla. Un día, una amiga que había iniciado los trámites para el asilo en la ciudad autónoma le contó que allí el proceso para la obtención de cita previa era «muy ágil» y que, si quería, podría acceder a los servicios de acogida temporal.
En febrero pasado, Guillermo se presentó en Melilla. Ese mismo día consiguió cita, fecha y hora, para solicitar que España le conceda el estatuto de asilo. Era para mayo. Por el momento ya ha recibido también la tarjeta roja que le permite establecerse en España de manera legal durante un año y trabajar en el mercado laboral formal.
Guillermo es preparador físico personal. Antes de probar suerte en España vivió un tiempo en Perú. Ahora sabe que quiere quedarse aquí, construir un futuro. «Venir a Melilla me ha abierto un horizonte que tenía mucho más oscuro estando en la península. Desde allí, uno llamaba y llamaba para coger cita previa, o se metía en internet, y nunca conseguía nada. Aquí fue llegar y conseguirla. La pena es que eso ya no está ocurriendo. Los que quedamos fuimos los últimos en beneficiarnos», asegura a las puertas del CETI.