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Reino Unido restringió en noviembre de 2022 el uso de cámaras de videovigilancia chinas en edificios gubernamentales, al observar que había riesgos para la seguridad del país: "Se ha ordenado a los departamentos que cesen el despliegue de dicho equipamiento en sitios sensibles".
Horas después, Estados Unidos siguió los mismos pasos y vetó el empleo de dispositivos de telecomunicaciones producidos por firmas del país asiático. "La Comisión Federal de Comunicaciones prohíbe las autorizaciones de equipamiento chino considerado de suponer una amenaza para la seguridad nacional", recogió en un comunicado la agencia norteamericana, para justificar la restricción. En concreto, Washington puso en el punto de mira a cinco marcas: los gigantes Huawei y ZTE y las firmas Hytera, Dahua y Hikvision. Esta última es fabricante de las cámaras de vigilancia que custodian la frontera en Ceuta y Melilla.
Los contratos que el Gobierno, a través de diversos ministerios, ha formalizado con Huawei para la compra de equipos de telecomunicaciones han hecho saltar las alarmas en Europa, ante los riesgos que puede suponer para la seguridad nacional y, en consecuencia, para la salvaguarda de todo el continente. La legislación china recoge que, de solicitarlo el Gobierno de Xi Jinping, cualquier empresa del país asiático estaría obligada a compartir los datos que el Ejecutivo le requiera. Pese a ello, Interior adjudicó a Huawei un contrato de 12,5 millones de euros por el que la firma china proveerá a España de dispositivos para almacenar escuchas. Y no solo; las compras de equipos de telecomunicaciones a empresas del país asiático se cuentan por decenas, con el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska especialmente señalado, dada la trascendencia de la información que maneja.
Si Interior confió en Huawei para el almacenaje de escuchas, la misma cartera se encomendó a Hikvision para monitorizar la situación en la frontera, enclave estratégico de la seguridad nacional española. En 2021, el Ministerio sacó a licitación la contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones del perímetro fronterizo con Marruecos. Esto es: todos los dispositivos y equipamientos de vigilancia colocados en la valla de Ceuta y Melilla. Como adelantó El Español, en el pliego de prescripciones técnicas de aquella contratación se dejaba constancia de que Interior estaba colocando en la frontera dispositivos de la marca Hikvision.
"Actualmente las cámaras instaladas son unidades DOMO exterior, marca Pelco, modelo Spectra IV. Debido a la obsolescencia del equipo citado se están sustituyendo por cámaras DOMO exterior, marca Hikvision", se leía en el documento elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad. No faltaba detalle sobre los dispositivos instalados: resolución 1920x1080, "capaz de realizar una rotación de 360 grados" y con una función "autobasculante" que permite a la cámara rotar 180 grados "y reposicionarse para lograr una visualización sin interrupciones".
En cambio, no había en el pliego mención alguna a los riesgos de seguridad que podría acarrear que una marca china esté detrás de la fabricación de esos dispositivos. Las cámaras se instalaron a nueve metros de altura, entre las dos redes metálicas del doble vallado fronterizo, y estaban separadas entre sí por una distancia que oscilaba entre 78 y 432 metros. Así, los dispositivos de Hikvision se instalaron a lo largo de todo el perímetro fronterizo y quedaron integrados en el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), a través del cual se supervisa la seguridad en la frontera con Marruecos.
Ahora, a raíz de la polémica suscitada tras revelar The Objective el contrato de Interior con Huawei para el almacenamiento de escuchas, Hikvision y su papel en el control transfronterizo saltan también a la palestra. Que la firma con sede en Hangzhou (Zhejiang, China) tenga el mando de las cámaras que vigilan el vallado entre España y Marruecos, y, por tanto, de la información que estas recopilan, ha despertado preocupación en los partidos de la oposición, que no dudan en vincular estos contratos a la buena relación del Gobierno español con el chino.
El PP, no obstante, quiere aclarar estas cuestiones y exige conocer las garantías que tiene el Ejecutivo respecto a las potestades concedidas a Hikvision. Así, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para esclarecer esta arista de la polémica: "La decisión de confiar la seguridad de una de las fronteras más sensibles de Europa a una empresa con presuntos vínculos con el Partido Comunista Chino exige que el Gobierno explique con absoluta transparencia este asunto", reza el texto presentado por los populares en la Cámara Baja. El contrato para las cámaras en el vallado "pone en peligro la seguridad de los españoles", incidió ayer el vicesecretario del PP Jaime de los Santos.
"¿Ha considerado el Gobierno realizar algún tipo de evaluación de riesgos, en materia de ciberseguridad, antes de adjudicar el contrato de renovación del sistema de videovigilancia de las fronteras de Ceuta y Melilla al fabricante chino Hikvision?", cuestiona el PP, que se pregunta también si el Ejecutivo "puede garantizar que el uso de estas cámaras es seguro en cuanto al tratamiento de imágenes y datos". Los populares quieren saber si en La Moncloa se "tuvo en cuenta que la empresa Hikvision había sido vetada por su presunta vinculación con el Gobierno chino en países aliados como Estados Unidos y Reino Unido, así como en instituciones como el Parlamento Europeo".
Si se pidieron informes al CNI, si se baraja sustituir los dispositivos por otros fabricados en la Unión Europea, si hay protocolos de seguridad para proteger la información captada por las cámaras... El PP duda de la contratación con Hikvision por todas sus vertientes, y además solicita que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comparezca para explicarlo. "La Secretaría de Estado de Seguridad ha desoído todas las advertencias", creen los populares.