Óscar camina por su parcela de 7.000 metros cuadrados a las afueras de Jerez de la Frontera (Cádiz) dejando a cada lado lanchas semirrígidas de 10, 12, 14 metros de eslora, lujosos barcos de recreo, coches de alta gama, motos de agua... Son parte del ingente botín que, poco a poco, el Estado le va arrebatando al narco.
«Los motores de las lanchas que usan para meter hachís y cocaína me los he quitado de encima porque estaba harto de los intentos de robos, día sí, día no. Los he llevado a otro depósito. Los narcos saben dónde estoy y vienen a tratar de llevárselos. Son carísimos. Muchos vienen para tratar de revenderlos luego. Menos mal que estoy pendiente las 24 horas del día», cuenta Óscar Rodríguez, propietario de uno de los principales depósitos judiciales que hay en la provincia de Cádiz.
Hasta allí le llegan bienes incautados en las operaciones policiales contra los clanes de la droga del sur de la península: lanchas de los traficantes de Sanlúcar de Barrameda, los coches de los narcos que operan en la ribera del Guadalquivir, incluso focos, sistemas de extracción y aires acondicionados de los que tienen macroplantaciones bajo techo de marihuana en el interior de la provincia.
Óscar cuenta que intenta que la Guardia Civil o la Policía Nacional estén presentes durante las intervenciones que realiza. Asegura que casi siempre hay «miradas amenazantes o comentarios intimidatorios» cuando le piden presentarse con su grúa. Si no son los propios narcos detenidos, son personas vinculadas a ellos o su negocio que se han acercado a ver cómo retira una lancha de una playa o se lleva dos motos de agua de un lujoso chalet tras una operación contra el blanqueo de capitales.
«Yo siempre explico lo mismo cuando hablo de mi trabajo. Yo no le he quitado nada a nadie, mi labor no es más que ejercer la guardia y custodia de bienes incautados. Si un juez, con el paso del tiempo, ordena que se devuelvan a sus dueños, yo hago el camino de vuelta y se pone en manos de sus propietarios», comenta este jerezano de 44 años. «Pero claro, como te ven llegar al sitio con los agentes, hablar con ellos, que te acompañan en el traslado...», añade. «Desmontando plantaciones de marihuana, vi a algún conocido. Tengo amigos que se dedican a esto, se dedicaron y se dedicarán. Ellos tomaron un camino y yo otro. Ya está. Pero yo no les quito nada, no pueden reprocharme nada».
Óscar es dueño de este depósito judicial desde 2008. Antes se dedicaba a la hostelería. Un día, un amigo le comentó que los depósitos de Cádiz estaban «colapsados» y le recordó que él tenía «un terreno muerto de risa», en desuso. Decidió realizar una serie de adaptaciones, presentó su propuesta ante la Administración y se le concedió el servicio.
Pese a que no se arrepiente de nada, afirma que es un trabajo ingrato. Cuenta que ha trabajado en día de Reyes, en Navidades, de madrugada, los domingos... «Hay que estar con el móvil encendido 24 horas, siete días a la semana. Yo puedo decirle a un guardia que ya iré el lunes a retirar una lancha que han intervenido un viernes, pero no es serio. Lo más probable entonces es que el lunes la embarcación ya no esté donde estaba. Soy muy responsable con lo que hago. Pero es cierto que no le deseo este trabajo ni a mi peor enemigo», cuenta.
«Yo vivo aquí, mi casa está dentro del depósito judicial. Mis perros y yo, porque estoy separado y mi hija vive con mi ex. Tengo 14 cámaras vigilando todo el perímetro. Si no salta una, salta otra. Al final te acostumbras, pero al que lo ve desde fuera le sorprende mi modo de vida, claro», admite.
Una vida de película
El pasado 28 de marzo se estrenó en los cines la película Tierra de nadie, ambientada en la ciudad de Cádiz y en las playas y ríos de su alrededor. En ella aparecen como personajes principales el actor vasco Karra Elejalde, quien interpreta el papel de un emigrado del norte convertido en narco local; el gallego Luis Zahera como agente de la Guardia Civil, y el andaluz Jesús Carroza, que da vida al dueño de un depósito judicial. Los tres forman un triángulo de viejos amigos donde el tráfico de drogas entrelaza sus vidas ante la llegada de una violenta banda extranjera.
En gran medida, el personaje de Jesús Carroza está inspirado en la vida de Óscar Rodríguez, quien ayudó al actor a meterse en el papel. El productor del film, Álvaro Ariza (Barbate, Cádiz), le pidió a Óscar si podría colaborar en perfilar el personaje del dueño de un depósito judicial que vive en aprietos por la presión de los narcos. Óscar aceptó «sin dudarlo». «Álvaro y yo nos conocemos desde hace muchos años porque, además de mi trabajo rutinario, soy especialista de cine. Él sabe que mi día a día no es sencillo. Me dijo: "Tu historia merece ser contada en cine". Y así fue».
El vínculo entre actor y personaje de la realidad ya estaba tejido con anterioridad. El actor Jesús Carroza y Óscar Rodríguez se conocían desde hacía años, cuando Óscar enseñó al intérprete Jesús Castro a pilotar motos de agua para el largometraje El Niño, en el que Carroza, de nuevo sumergido en el mundo del narco, hacía de mejor amigo del protagonista.
«Jesús Carroza y yo tenemos una bonita relación de cercanía y amistad. Cuando supe que él interpretaría el personaje del dueño de un depósito judicial, me alegré muchísimo. Ha hecho un trabajo magnífico. Mientras se aprendía el guión y trabajaba su personaje, me preguntó muchas veces si tenía que hacer esto de una forma o de otra, si esto sucedía así o asá. Fueron conversaciones muy naturales, pero me pedía consejo. El resultado final es magnífico. La película tiene mucha verdad. El espectador se dará cuenta al instante», afirma Óscar Rodríguez, quien se dejó ver por alguno de los días de rodaje de la película. «Jesús ha hecho una interpretación primorosa».
POSIBLE GOLPE AL 'PETAQUEO'
En los últimos cinco o seis años, Óscar Rodríguez está viendo que, cada vez con mayor frecuencia, tiene que remolcar narcoembarcaciones que los traficantes usan para abastecer de combustible a las lanchas principales que trasladan su mercancía a tierra firme. Son las conocidas como petaqueras, ya que a bordo llevan grandes garrafas llenas de gasolina. Son el alimento para los motores de las gomas que esperan en alta mar al momento idóneo para mover la droga.
Sin embargo, en muchas ocasiones y por muchos indicios que existan, los tripulantes que se emplean en esta actividad ilícita, en caso de ser detenidos, suelen quedar libres de imputación de delitos.
¿Por qué? Por la dificultad que la investigación policial y judicial tiene para vincular ese combustible con la actividad de un clan criminal de la droga. Los arrestados sólo tienen problemas judiciales cuando en la causa constan pruebas irrefutables, como una escucha telefónica o una secuencia de fotos durante un seguimiento.
Pero ese horizonte puede estar en proceso de cambio. El pasado 27 de marzo, la Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz, cuya sede se encuentra en Algeciras, firmó un auto en respuesta al recurso presentado por la Fiscalía a la puesta en libertad sin cargos de un detenido por poseer 164 petacas de gasolina (más de 5.000 litros). Aunque no se le pudo vincular con ninguna organización de narcotraficantes, los magistrados consideran que esa acumulación de combustible representa un «riesgo consciente y voluntario de la seguridad colectiva», tipificado como delito en el artículo 568 del Código Penal, que prevé penas de entre tres y ocho años de cárcel.
El citado auto plantea toda una revolución en el negocio del narco porque ayudaría a cortar las vías de suministro de los traficantes. Hasta ahora, llevar en una furgoneta o en una embarcación decenas de petacas de gasolina, o acumularlas en un almacén, apenas ha tenido respuesta penal. Pero eso puede cambiar.
La ley permite para los particulares la tenencia de un máximo de 60 litros para el transporte y suministro de gasolina, por lo que, a juicio del citado tribunal, el artículo 568 del Código Penal es una herramienta que encaja a la medida en la estrategia judicial para la lucha contra el narcotráfico.
En caso de recurso por parte de la defensa del investigado, el Tribunal Supremo (TC) tendría la última palabra. Si el Alto Tribunal avala el planteamiento de la Audiencia de Cádiz en Algeciras, se sentará jurisprudencia al respecto y la justicia se dotará de otro recurso más para combatir a las bandas del tráfico de drogas.
Mientras la realidad judicial trata de abrirse nuevos horizontes con los que batallar frente al narco, el de Óscar Rodríguez sigue estando en ese depósito donde se almacenan aquellos bienes que antaño les pertenecían. «Fíjate, yo tengo abierto un recurso contencioso-administrativo porque la Junta de Andalucía me debe un millón de euros. ¡Y aquí sigo, dando el callo, aunque a veces me quiten las ganas!».