La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un notario, dos abogados y a otras dos personas como presuntas autoras del expolio del patrimonio de una mujer de 80 años, que padece alzhéimer y que llegó a ser hospitalizada al encontrarse tóxicos en su cuerpo.
Los detenidos son cuatro varones y una mujer -la cuidadora de la anciana- de entre 46 y 71 años, acusados como presuntos autores de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional, según informa la Policía Nacional en un comunicado.
El juez ha abierto también una línea de investigación por un posible delito de homicidio en grado de tentativa.
Agentes de la Comisaría de Distrito de Ruzafa iniciaron las investigaciones en junio a raíz de la denuncia de la familia de la víctima, que manifestó que cada vez le resultaba más difícil contactar con ella o mantener encuentros presenciales.
Los familiares consultaron la situación patrimonial de la víctima en el Registro de la Propiedad y comprobaron que la totalidad de los bienes inmuebles habían sido enajenados.
Constataron además que la mujer había procedido a la venta de sus inmuebles, con el asesoramiento e intervención de dos letrados, que resultaban ser también abogados de la parte compradora, y las ventas se realizaron por un valor muy inferior al que realmente tenían los bienes inmuebles en cuestión.
Además, todas se llevaron a cabo ante el mismo notario, que era el encargado de dar legalidad al acto, e incluso en la venta del piso donde residía la afectada, pese a transmitirse en régimen de nuda propiedad, se llegaron a establecer condiciones gravosas y desfavorables para ella, que contemplaban la posible pérdida del usufructo.
Durante las primeras investigaciones de los agentes se comprobó la presencia de todos los investigados en las operaciones, que se hicieron en poco más de un año.
Los abogados, además, realizaban un doble asesoramiento, favoreciendo al comprador y dejando totalmente desprotegida a la vendedora, y habían obtenido un poder de subsistencia que les facultaba a poder administrar todo el patrimonio de la víctima, que padece alzhéimer.
Posteriormente, los agentes averiguaron que el notario se personó junto con el comprador al objeto de hacer gestiones para suprimir el usufructo de la afectada, entrevistándose con vecinos y realizando preguntas encaminadas a demostrar que ella ya no vivía allí, cuando sí era su vivienda habitual.
Comprobaron además que la cuidadora había sido incluida en el testamento, siendo ésta la persona que mayor influencia ejercía sobre la octogenaria y encargada de realizar las extracciones de dinero de la cuenta de la mujer.
Como consecuencia de todas estas operaciones, los beneficios obtenidos eran de aproximadamente unos 785.000 euros, añaden las fuentes.
La operación policial culminó con la detención de estas cinco personas, como presuntas autoras de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional, respectivamente.
Posible delito de homicidio en grado de tentativa
Los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial. El juez de Valencia que investiga el supuesto expolio ha abierto también una línea de investigación por un posible delito de homicidio en grado de tentativa.
Según informa a EFE el Tribunal Superior de Justicia valenciano, ese posible delito no se atribuye en estos momentos directamente a ninguno de los investigados pero se investiga "después de que un informe médico haya constatado la presencia una sustancia química en el organismo de la víctima que puede resultar mortal para una persona de su edad y sus dolencias".
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia recibió este miércoles, durante su servicio de guardia, a los cinco detenidos y acordó, conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, la libertad provisional de todos ellos.
Para cuatro de los detenidos el magistrado adoptó como medidas cautelares la retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional, así como comparecencias en sede judicial cada quince días.
Para el quinto detenido, notario, el magistrado no adoptó medidas cautelares al entender que los indicios de su participación en los hechos son menores que los existentes contra los otros cuatro investigados.
Comentarios