La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana en Valencia está indagando sobre cómo se descartó, por parte de quienes dirigían la emergencia de aquel 29 de octubre de 2024, la idea de confinar a la población y ordenar traslados forzosos la tarde de las riadas.
La instructora trata de averiguar cómo se descartó, quién tomó la decisión y cuál fue el cauce de esas comunicaciones siguiendo la pista de la Abogacía de la Generalitat, dado que dos de sus miembros fueron consultados sobre la viabilidad legal de ambas medidas.
En la causa ya obra un informe de la Abogacía de la Generalitat que indica que ningún alto cargo de las consellerias de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada formalmente, por escrito, a esa Abogacía, pero que sí se recibieron llamadas telefónicas de corta duración para preguntar sobre el confinamiento.
En concreto, se hace referencia a una llamada entre el subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, entonces Ricardo García, y el abogado coordinador de la abogacía en esa Conselleria, Ignacio Lleó, y a otra consulta del exsecretario de Presidencia Cayetano García al abogado general de la Generalitat, Álvaro Martínez.
Este martes han declarado los dos miembros de la Abogacía que fueron consultados aquella jornada: el abogado general, Álvaro Martínez, y el coordinador de este cuerpo en la Conselleria de Justicia, Ignacio Lleó.
El primero en declarar, Ignacio Lleó, ha explicado que recibió una llamada telefónica del subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, Ricardo García, alrededor de las 20:45 horas del 29 de octubre de 2024 en la que le preguntaba sobre la viabilidad jurídica del confinamiento.
Ha recordado que García le dijo que había una presa (Forata) en una situación extrema y le preguntó por la posibilidad legal de plantear un confinamiento o traslados forzosos de la población, sin requerir ningún informe, únicamente una constatación verbal.
El testigo, según fuentes conocedoras de su declaración, ha dicho que la protección de la vida como bien supremo está por encima de cualquier otro derecho, y que en consecuencia sí que era posible la aplicación de confinamientos o traslados forzosos.
Ha asegurado que no sabe cómo obtuvo Ricardo García la información sobre el estado de la presa de Forata y sobre las medidas que estudiaba el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) en aquellos momentos.
Posteriormente, el abogado general de la Generalitat, Álvaro Martínez, ha declarado que Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia con Carlos Mazón, le llamó en dos ocasiones aquella tarde.
La primera fue alrededor de las 19:45 horas para informarle de que había riesgo de rotura en la presa de Forata, que se planteaba un confinamiento y que cabía la posibilidad de que se le elevase una consulta al respecto; la segunda, alrededor de las 20:25 horas, es decir, tras el primer mensaje Es-Alert a la población (20:11 horas) para informarle de que no habría ninguna consulta, dado que se había descartado la posibilidad de confinar a la población.
El abogado general supo después que el subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, entonces Ricardo García, también llamó al abogado coordinador de la abogacía en esa Conselleria, Ignacio Lleó, para consultar sobre este mismo asunto.
Tras conocer ambas declaraciones, la jueza instructora ha preguntado a Cayetano García si aporta voluntariamente, en el plazo de cinco días, la factura de su teléfono móvil para cotejar la hora en la que llamó al abogado general de la Generalitat la tarde de aquel 29 de octubre de 2024.
Además, ha recabado la autorización de Ignacio Lleó para que se requiera a la Dirección General de Tecnología de la Generalitat para que remita al juzgado la facturación de sus llamadas el día de la dana a partir de las 17 horas.
Esta vía de investigación se abrió tras conocerse que el entonces jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, escribió a la consellera Salomé Pradas "Salo. De confinar nada, por favor", a las 19:54 horas.