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El barro llegó literalmente a la puerta del Palau de la Generalitat el 9 de noviembre de 2024. Tuvieron que pasar 11 días desde la dana para que la ira y la indignación social explotasen en la primera de las manifestaciones y se volviesen definitivamente contra quien habitaba -y sigue habitando un año después- la sede del Gobierno valenciano. A punto de cumplirse el aniversario de una tragedia con 229 víctimas mortales, la presión social para que Carlos Mazón dimita sigue viva en las calles de Valencia.
Más de 50.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno, y 32.000 según la Policía Local, han vuelto a manifestarse este sábado en una nueva protesta que ha colapsado el centro de la capital valenciana -con tractores incluidos- al grito de "Mazón dimisión" o "el president a Picassent". Desde la cabecera de la marcha, convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, las víctimas de la tragedia han vuelto a clamar contra un presidente que siguen ubicando en el Ventorro. "Tú comiendo y bebiendo y la gente muriendo", rezaba uno de los tantos carteles que se alzaban por encima de las cabezas de los manifestantes.
Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de Octubre, se ha vuelto a mostrar contundente contra Mazón: "No le reconocemos como presidente ni lo legitimamos". "Le deseamos tantos años en prisión como vidas ha segado", ha afirmado en declaraciones a los medios, en las que ha lamentado que no haya lo que ha acuñado como "jurisprudencia emocional".
Toñi García, de la Asociación de Víctimas del 29 de Octubre de 2024, ha sido otra de las encargadas de poner voz a la rabia de las víctimas, que han llegado a pedir incluso a Mazón que no asista al funeral de Estado del próximo día 29. Toñi, que el día de la dana perdió a su marido, Miguel Carpio, y a su única hija, Sara Carpio, ha señalado "la incompetencia y la negligencia en la gestión de la dana".
"Toda España sabe que es inaceptable que un presidente de la Generalitat siga en su puesto de trabajo cuando el 80% del pueblo valenciano no lo quiere", ha censurado. "Le pedimos a Mazón que asuma responsabilidades políticas", ha insistido. "El presidente a la prisión y todo su gobierno, dimisión".
Junto a las víctimas han estado trabajadores del teléfono de Emergencias de la Generalitat 112 o los bomberos. Jesús Gómez, bombero del Consorcio Provincial de Valencia, ha asegurado que estarán al lado de las víctimas "todo el tiempo que haga falta".
La Generalitat se había anticipado este sábado a la protesta difundiendo que lleva movilizados 2.500 millones de euros para la reconstrucción: "Es el mayor esfuerzo presupuestario realizado por una comunidad autónoma en España en toda la historia para afrontar las consecuencias de una catástrofe natural sin precedentes".
Pero el lema y el grito de "Mazón dimisión" se ha mantenido intacto tras un año de protestas. Muchas otras cosas, sin embargo han cambiado desde entonces. El clamor que el 9 de noviembre le estalló en la cara por primera vez a Mazón le hizo tambalearse en la silla de su despacho presidencial en el Palau. Si pocos apostaban entonces por su continuidad -fuera y dentro del PP-, lo cierto es que Mazón aguanta.
No sólo eso, pues el presidente valenciano ha dejado claro que piensa agotar la legislatura, sobrevive con el oxígeno de Vox y, a diferencia de otros barones del PP, negocia por segunda vez sus presupuestos con el partido de Santiago Abascal. No tiene garantizado que vaya a ser el próximo candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat -el partido fía su futuro a la reconstrucción y las encuestas-, pero en su entorno no descartan que quiera intentarlo.
El gran obstáculo en el camino de Mazón es la instrucción judicial. Si aquella primera gran manifestación que sacó 130.000 personas a la calle llegó precedida por la confesión obligada de la comida en el Ventorro, la protesta de este sábado llega con el foco judicial en el restaurante. El último movimiento de la Audiencia de Valencia, ordenando la citación como testigo de la periodista que comió con Mazón, abre por primera vez la puerta a recabar contra el presidente indicios que permitan a la jueza de Catarroja pedir su imputación.