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La defensa del trasvase Tajo-Segura se ha convertido en una prioridad para la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que miran ahora a la gestión que desde Castilla-La Mancha se hace de un agua que, a partir de 2027, se negará al regadío de la cuenca mediterránea. El Gobierno de Carlos Mazón, a través de la Dirección General de Agua de la Generalitat, ha elaborado un informe que abre un nuevo frente en una batalla histórica.
La propuesta de nuevas reglas de explotación del trasvase hecha por el Gobierno contempla la reducción al 50% de los caudales en 2027, lo que es considerado por los regantes como la muerte de un recurso esencial para mantener la producción, el PIB y el empleo. Esos argumentos han sido reivindicados desde todos los sectores y las administraciones regionales, que ahora dan un paso más para exigir al Gobierno la paralización de las nuevas normas: mirar la gestión que del agua se hace en el Alto Tajo.
Según reza en el informe, a cuyos diez puntos esenciales ha accedido EL MUNDO, Castilla-La Mancha mantiene «el grifo abierto» en los regadíos de la cabecera y del Jarama, que «no están modernizados y no se tiene constancia de que dispongan de balsas suficientes para regular las aguas que precisan, por lo que sus dotaciones son muy elevadas, excesivas», recogen. «En la cabecera del Tajo se hace uso de 12.000 m3 como media para regar una hectárea, mientras que los usuarios del trasvase utilizan 5.200». Eso supone «un desperdicio de recursos». «En los desembalses para cubrir las necesidades de los regadíos de diversos municipios castellanomanchegos se llega a desaprovechar de promedio unos 100 hectómetros cúbicos anuales, curiosamente el mismo volumen que el Ministerio pretende recortar del Trasvase», recoge este informe, elaborado por la Generalitat pero respaldado por los gobiernos de López Miras y Moreno Bonilla.
Por tanto, «el trasvase no es el problema del Tajo». «Las reglas de explotación nada tienen que ver con los problemas de calidad y cantidad en Toledo. No tienen ninguna relación con las demandas de uso y restricciones ambientales en la cuenca y solo perjudica a los receptores del trasvase», aseguran. Y es que consideran que se están cubriendo «con creces» los caudales ecológicos que, por otra parte, indican que son muy superiores en el Tajo que los que se exigen para el Júcar.
La respuesta manchega: la desalación
Para garantizar la «igualdad de trato entre los agricultores del Tajo y del Segura», piden más control sobre «el grifo abierto» y al Gobierno que invierta los 68 millones que prevé el Plan Hidrológico del Tajo para modernizar los regadíos, ahorrar los 100 hectómetros cúbicos que se desperdician y que se podrían utilizar «para cubrir el caudal ecológico».
Este informe, que presentó Mazón con la consejera y el secretario de Agua de Murcia y Andalucía, ya ha tenido contestación del Ejecutivo de García-Page. El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, recordó la escasez que viven los regadíos en el Alto Tajo frente a la ausencia de limitaciones en el Segura con el agua trasvasada y exigió que se eche mano de la desalación.