La Agencia Valenciana Antifraude constata que las empresas de Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig, recibieron publicidad institucional del Ayuntamiento de Morella de manera irregular entre 2020 y 2024. Esta resolución parte de una denuncia formulada en abril de 2023 por el Partido Popular en la que pedía que se investigase el pago de 408.000 euros a través de 629 facturas a las empresas del hermano del ex dirigente socialista entre 2015 y 2024 sin que mediara ningún proceso de licitación.
La conclusión de la investigación realizada por la Agencia concluye que hubo una "contratación irregular de la publicidad institucional" por parte del consistorio castellonense entre 2020 y 2024, en los periodos en los que fue alcalde el socialista Rhamsés Ripollés, hasta mayo de 2023, y el independiente Bernabé Sangüesa a partir de entonces, que accedió a la Alcaldía con apoyo del PP.
Antifraude, que no ha facilitado el expediente ni siquiera a los denunciantes, no cuantifica la cantidad que se abonó sin soporte legal ni a qué empresas de Francis Puig se hizo, pero sí recomienda al Ayuntamiento de Morella que revise "de oficio" las facturas abonadas "sin contrato relativas a publicidad institucional durante el periodo 2020 a 2024" para comprobar si el precio abonado por las prestaciones se adecúa "al valor de mercado".
Además, da tres meses al consistorio para que apruebe "un plan de medios anual" que establezca "el reparto de acuerdo a criterios objetivos" y "planifique la inversión publicitaria para cada anualidad". Además, todas las campañas de publicidad y promoción institucional y su coste deberán publicarse en el portal institucional.
El PP considera que esta resolución destapa unas irregularidades que ellos defienden pudieron comenzar en el año 1996, cuando comienza la contratación habitual con esta empresa, y que podrían elevarse al millón de euros, "porque hay cientos de facturas sin ningún tipo de soporte legal".
"El siguiente paso, una vez analizado el informe íntegro que hemos solicitado a la AVAF, será estudiar emprender las posibles acciones legales que correspondan y se deriven de las irregularidades detectadas", advierte el portavoz adjunto del PP en Cortes, Salvador Aguilella.
Pendiente de juicio
Francis Puig está pendiente de saber si se sentará en el banquillo por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental. El juez de instrucción abrió auto de procesamiento el pasado mes de enero, que fue impugnado por la defensa del hermano del ex presidente al considerar que las pruebas contra él son "una sucesión de simples opiniones o prejuicios que no revisten la cualidad de simples indicios", contra el criterio de la Fiscalía, que pide para él cuatro años de cárcel.
Según el juez y el fiscal consideran constatado, Francis Puig y su socios Juan Adell Bover, a través de sus empresas Comunicacions dels Ports y Canal Maestrat, habrían percibido de manera irregularsubvenciones para el fomento del valenciano de la Generalitat Valenciana entre los años 2015 y 2018. Para ello, habrían empleado facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas.