La ciudad de Belém, capital del estado de Pará, es conocida por muchas razones: sus lluvias torrenciales al atardecer, sus frutas amazónicas como el açaí o el cupuaçu, los sabores del jambu y el tucupi, y fiestas emblemáticas como la procesión del Círio de Nazaré. Desde el día 10 de noviembre, además, la capital ha pasado a estar en el foco internacional como anfitriona de la Cumbre del Clima (COP30), donde líderes mundiales negocian cómo frenar la crisis climática. Pero ese escaparate convive con otra Belém, menos visible y profundamente marcada por la desigualdad. La ONU define el racismo climático como la situación en la que comunidades históricamente marginadas soportan la mayor parte de los impactos del cambio climático. En Belém, esa definición tiene una traducción muy concreta en el territorio y en la vida diaria de miles de personas.
Lo confirma el reciente estudio del Instituto Pólis, Racismo ambiental e injusticia climática: el papel de las ciudades para abordar el cambio climático y combatir las desigualdades socioterritoriales. Un documento que pone cifras a esa desigualdad estructural. Belém es un territorio afectado por la pobreza, visible en el saneamiento deficiente, en las inundaciones cada vez más frecuentes y en la escasez de áreas verdes -pese al paradójico hecho de estar cercada por la mayor selva del planeta-. A ello se suma la priorización de inversiones en barrios de élite, mientras se invisibiliza a las comunidades ribereñas e indígenas.
Según el informe, la desigualdad climática tiene un componente racial profundo: el 73,3% de la población de la ciudad es negra, y en las favelas ese porcentaje asciende al 78,5%. Un patrón que refleja el resultado de un modelo urbano que ha empujado históricamente a la población negra hacia las zonas con peor infraestructura, mayor exposición al calor y más riesgo de inundaciones.
Entre el mediodía y las tres de la tarde cuando las temperaturas alcanzan sus picos diarios. Aunque lo 31-33 grados son habituales en el clima tropical de Belém, la exposición al calor varía notablemente entre los distintos sectores de la ciudad. Las olas de calor son ahora más frecuentes y su impacto depende directamente de la infraestructura disponible. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las ciudades cuenten con un 30% o más de cobertura vegetal -una media de tres árboles por persona-.
Belém, en promedio, cumple con un 33,3%, pero en los barrios de menor renta desciende al 29%, lo que implica menos sombra y menor capacidad natural para amortiguar las temperaturas. En viviendas construidas con materiales de bajo rendimiento térmico -como la madera ligera sin tratamiento- y con ventilación limitada, estas condiciones se traducen en una mayor exposición al calor extremo.
Pero la vulnerabilidad climática no se limita al calor. La ciudad se ha expandido sobre áreas frágiles donde, en las márgenes de ríos y orillas de igarapés, viven unas 136.000 personas. Allí el alcantarillado es precario, la vegetación escasa y el arbolado callejero representa apenas un tercio del registrado en las zonas de mayor renta. La superficie de suelo permeable -es decir, la capacidad del terreno para absorber el agua y evitar que se acumule en la superficie- también apunta una brecha importante: 55,7% en la ciudad frente a solo 50,6% en las favelas. Y aunque el 75,9% de las viviendas de Belém están en vías con desagües, en las favelas el porcentaje cae al 68,8%.
Esta desigualdad se vuelve aún más evidente cuando se observan las obras anunciadas para preparar Belém ante la cumbre climática de la ONU. El enorme paquete de intervenciones del Gobierno del Estado de Pará destinado en teoría a mejorar el drenaje urbano y proteger a la población de desastres climáticos, ha dejado fuera a quienes más lo necesitan. En la cuenca del Tucunduba, por ejemplo, las máquinas llegaron acompañadas de remociones forzadas que expulsaron a familias asentadas históricamente en los márgenes de los canales. Las indemnizaciones, insuficientes para acceder a barrios consolidados, empujan a mujeres negras y familias de bajos ingresos a nuevos focos de precariedad.
El documento señala también que, en la zona central histórica conocida como Primeira Légua Patrimonial, las inversiones públicas se concentran en evitar inundaciones en barrios de renta alta, mientras las áreas populares aguas abajo reciben el impacto directo del desbordamiento de los canales. En la periferia, en la llamada Área de Expansão Urbana, crecen islas de urbanización junto a vertidos de aguas residuales procedentes de condominios cerrados, lo que agrava la contaminación en barrios de baja renta.
Es el caso de Vila da Barca, una de las mayores comunidades de palafitos (los pilares son simples estacas de casas sobre el agua) de América Latina. Allí viven unas 3.000 personas en condiciones de extrema precariedad, en viviendas levantadas sobre estacas de madera en terrenos inundables a orillas de la bahía del Guajará. El pasado 14 de noviembre, una de esas casas se desplomó por problemas estructurales ligados a la erosión del suelo y a la falta de saneamiento básico, dejando a varias familias en situación de riesgo inmediato. Desde 2019, mientras Belém construía una estación de tratamiento de aguas residuales, la comunidad quedó al margen: no recibió conexión a la red y, además, tuvo que soportar la llegada de escombros, lodos y desechos procedentes de las obras, que han deteriorado aún más sus condiciones de vida.