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Foment del Treball rechaza el nuevo modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana.
La patronal catalana califica de "claramente insuficiente" la propuesta detallada esta mañana por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque "no resuelve los déficits históricos y estructurales que Cataluña tiene en financiación e inversión en infraestructuras", según ha argumentado su presidente, Josep Sánchez Llibre.
Foment ha dedeñado el acuerdo por el que hoy han sacado pecho tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como el líder de ERC, Oriol Junqueras, y no ha escondido su sintonía con el mensaje de Junts, que hoy ha insistido en que la única meta debe ser el concierto económico.
En esa misma línea, la patronal catalana ha reclamado "ambición" para conseguir "una Agencia Tributaria de Cataluña que recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos generados en la comunidad y con capacidad normativa".
Foment ha recalcado que, desde 2009, "Cataluña sufre un déficit estructural en financiación y también en inversión en infraestructuras por parte de las Administraciones públicas". En concreto, la organización empresarial cifra en 42.500 millones de euros el déficit acumulado hasta el año 2023.
5.200 euros por habitante
Fuentes del Govern y de ERC han explicado hoy que, con el nuevo sistema, Cataluña recibiría 5.200 euros por habitante (tomando como referencia la población ajustada). Esta cifra sería un 52% superior a los 3.400 euros del año 2023 (datos de la última liquidación disponible), es decir, 1.800 euros más por persona.
Asimismo, han indicado que en próximas negociaciones se abordará la ampliación de la cesión de la recaudación del IVA (más allá del 56,5% pactado) que necesitará Cataluña para financiar competencias propias, como las de seguridad (Mossos d'Esquadra) o el sistema penitenciario, las denominadas "no homogéneas". Los cálculos cifran en unos 4.000 millones de euros anuales el coste de esos servicios públicos.
Sobre el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña (mantener la misma posición en la clasificación antes y después de recibir transferencias del Estado), las mismas fuentes han señalado que "está garantizado porque el modelo es claro y transparente" y que "no podría verse alterado por la intervención del ministro de turno" en un hipotético cambio de Gobierno.
Pimec y "déficit fiscal"
Precisamente, la otra gran patronal catalana, la organización de pequeñas y medianas empresas Pimec, ha subrayado en su valoración del nuevo modelo pactado por el Gobierno, la Generalitat (PSC) y Esquerra que la ordinalidad debe quedar "explícitamente blindada por ley" para garantizar que Cataluña ocupa la tercera posición, tanto en aportación como en recepción de recursos, en la lista de las comunidades autónomas de régimen común.
La entidad presidida por Antoni Cañete considera "positivos" los avances del sistema propuesto por socialistas y republicanos, pero ha lanzado una advertencia: "Incluso en el escenario de cumplimiento íntegro del acuerdo, el déficit fiscal de Cataluña (la diferencia entre lo que la región aporta a la caja común y lo que recibe) seguirá siendo muy elevado, lo que pone de manifiesto que la reforma no resuelve todavía el desequilibrio de fondo del sistema".