El fracaso de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, un triunfo para el nacionalismo catalán contra "un 155 bancario"

Cuatro momentos claves de la ya fracasada OPA de BBVA sobre Banco Sabadell han concitado, durante el último año y medio en Cataluña, una reacción unánime y casi idéntica en argumentos, con una alineación casi imposible de patronales, sindicatos, agentes económicos y partidos políticos de signo diametralmente opuesto. Tanto en el inicio, en mayo de 2024, como en su resolución, a última hora de la tarde de ayer, pasando por la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el anuncio de las condiciones impuestas por el Gobierno el pasado mes de junio.

En todos estos casos, un mensaje claro de defensa de un modelo bancario arraigado al territorio y en el que el independentismo incluso se ha referido a la oferta pública de adquisición como "un 155 bancario", en alusión al artículo de la Constitución aplicado en 2017 para intervenir la Generalitat tras la declaración unilateral de independencia en el Parlament. Así lo ha llegado a expresar, precisamente, quien presidía entonces el Govern, el líder de Junts, Carles Puigdemont, que el jueves, tras conocerse que la oferta quedaba sin efecto, celebró "el fracaso del intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña" y señaló que, ahora, "lo más importante" es que Sabadell "refuerce los vínculos con la red económica y social" de la región.

La OPA hostil lanzada a las puertas de las últimas elecciones catalanas ha tenido como principales argumentos en contra los perjuicios que podía suponer para el tejido empresarial, particularmente para las pymes, el cierre del grifo crediticio; para los clientes particulares, la posible desaparición de oficinas y, para la plantilla, una hipotética pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, la operación financiera trascendió, ya desde el inicio, en plena campaña electoral, como una causa catalana en la que el establishment nacionalista volvió a recuperar lemas que remiten a dos episodios político-económicos del reciente pasado: la OPA sin éxito que Gas Natural (hoy Naturgy) lanzó sobre Endesa en 2005 y que acabó mezclada en el camino del debate parlamentario del Estatut y, dos décadas antes, el caso Banca Catalana.

La desaparecida entidad financiera fundada por la familia Pujol fue intervenida por quiebra a principios de los ochenta y la Fiscalía presentó una querella por el supuesto desvío de fondos contra varios directivos, entre los que se encontraba el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, quien convirtió en casus belli lo que definió como "una jugada indigna" del PSOE de Felipe González, que presidía el Gobierno. El caso acabó finalmente archivado y Banco de Vizcaya se haría con el control de Banca Catalana en 1985 y la acabó por absorber en lo que después se convertiría en el actual BBVA.

Instituciones, entidades y élites empresariales se han volcado en este casi año y medio para que la entidad bancaria fundada en 1881 en Sabadell siguiera conservando el nombre de la ciudad, especialmente después de que el pasado enero el consejo de administración aprobase el retorno de la sede social a Cataluña, que abandonó hace ocho años tras el referéndum del 1-O, al considerar que ya no se daban "las circunstancias que motivaron su traslado" a Alicante en aquel agitado octubre de 2017.

Con un larga ovación al discurso de apertura del presidente Josep Oliu, la primera junta de accionistas tras el regreso a la localidad barcelonesa ya evidenció en marzo el factor emotivo que ha acabado por hacer fracasar la estrategia del presidente de BBVA, Carlos Torres, quien probablemente no leyó la importancia que ese componente sentimental iba a tener en la decisión final.

"Injerencia política"

Hace dos semanas, el tercer mayor accionista de Banco Sabadell, el empresario mexicano David Martínez Guzmán, criticó "la injerencia política" del proceso y comunicó que acudiría a la OPA con la totalidad de las acciones que controla (3,86% del capital) a través de Fintech Advisory. El respaldo conseguido por Oliu por parte de las patronales Foment del Treball, Pimec y Cecot, las distintas Cámaras de Comercio catalanas o el influyente Círculo de Economía llegó también a la política, donde todo el arco parlamentario catalán se pronunció en contra de la oferta pública de adquisición de la entidad financiera vasca. Si bien desde el cuartel general de Génova se optó por mantener la neutralidad, el PP catalán se alineó también con el resto de grupos.

La interferencia política en este proceso llegó al punto, incluso, de provocar situaciones contradictorias como la protagonizada por Junts per Catalunya con el dictamen de la CNMC en mayo, con el voto a favor de Pere Soler al aval, bajo condiciones, a la OPA. Soler, ex concejal de CiU y director de los Mossos d'Esquadra bajo el Govern de Puigdemont, fue nombrado por el Gobierno, a finales del año pasado, consejero del organismo regulador a petición de los neoconvergentes.

Con una convocatoria de urgencia a los medios de comunicación, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, se vio obligado a reiterar el rechazo "sin matices" de su partido y descargó la responsabilidad de paralizar el proceso en la decisión que después tuvo que tomar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Las condiciones fijadas darán a las pymes catalanas y baleares una cobertura y protección por encima del resto de empresas españolas", justificó Puigdemont el voto de Soler tras cuatro días sin haberse pronunciado sobre el aval de la CNMC.

Después de que el procés consumara su fracaso, Banco Sabadell ha encarnado para el independentismo una de las formas alternativas de ganar o conservar soberanía, en este caso con la asimilación de la entidad como un nuevo intento de tener una banca propia de Cataluña, el viejo sueño con el que la familia Pujol y otros empresarios compraron la Banca Dorca de Olot (Girona) para convertirla en Banca Catalana, cuyos activos son hoy parte de BBVA.