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Banco Sabadell escenifica hoy oficialmente su regreso a Cataluña. Dos meses después de aprobar el retorno de su domicilio social a la sede histórica de la plaza Sant Roc de Sabadell (Barcelona), la entidad celebra esta tarde una junta general de accionistas marcada por la OPA de BBVA, cuya reunión ordinaria del accionariado será precisamente mañana.
En un encuentro previo con medios de comunicación, el presidente del banco, Josep Oliu, ha emplazado al Gobierno a "velar por el bien común y el futuro de España y pensar si esta operación conviene al país". El banquero ha asegurado que "pymes y grandes empresas se han mostrado horrorizadas con una OPA en la que pierden los accionistas de Sabadell y también los de BBVA".
"Hace tiempo que quería que el banco regresara a Cataluña y ahora se han dado las circunstancias", ha explicado respecto a la decisión de volver a esta comunidad autónoma más de siete años después de haber trasladado su sede social a Alicante, tras el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.
En idéntica línea, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado que la oferta pública de adquisición de BBVA sobre la entidad que dirige "pone en peligro el bienestar" de España por su afectación sobre el tejido empresarial y, en especial, sobre las pymes.
"El Gobierno no puede parar la OPA, pero sí cambiar las condiciones de una operación peligrosa para el país porque afecta al 70% de su tejido de pequeñas y medianas empresas", ha valorado el primer ejecutivo del banco catalán.
Decisión de la CNMC
Las juntas de accionistas de ambas entidades financieras llegan en un momento clave para la OPA. En las próximas semanas se espera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apruebe la hipotética fusión sujeta a compromisos que BBVA cree suficientes para mantener la competencia, pero que Banco Sabadell reclama que vayan más allá.
Tras la resolución del organismo regulador, el Gobierno podría elevar la cuestión al Consejo de Ministros e imponer medidas adicionales vinculadas al interés general. En este sentido, Oliu se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez entenderá "el daño" que la operación puede tener en Cataluña, la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, "los territorios donde el tejido empresarial se ha manifestado más en contra de la OPA".