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Los cinco integrantes de la manada de Castelldefels han aceptado condenas que oscilan entre los tres años y 11 meses de prisión y ocho años y cinco meses como culpables de los delitos de "agresión sexual con penetración" y "pertenencia a grupo criminal".
El acuerdo de conformidad de las defensas con la Fiscalía y las acusaciones particulares ha permitido una importante rebaja de las condenas a las que se exponían, de hasta 53 años de cárcel, a cambio de pagar a las víctimas indemnizaciones por los daños causados y pedirles perdón. En concreto, deberán abonar conjuntamente a cada una de ellas 30.000 euros y 7.827 euros y 3.305 euros a dos de las víctimas por los perjuicios psicofísicos ocasionados.
Los cinco hombres violaron y grabaron a tres chicas en un piso de la localidad barcelonesa y difundieron las imágenes entre marzo y mayo de 2021.
Lo hacían a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, a través de un chat denominado K-Team en el que hablaban de las víctimas y se jactaban de las agresiones sexuales que habían cometido.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado hoy sentencia in voce tras la conformidad de las partes. Inicialmente, la Fiscalía reclamaba penas de prisión que oscilaban entre 28 y 53 años. En total, el Ministerio Público pedía 196 años para todos los integrantes, tres españoles, un rumano y un cubano de entre 30 y 36 años, a los que consideró "grupo criminal para la comisión de delitos contra la indemnidad sexual".
Los cinco condenados han reconocido la autoría de los hechos que aparecen relatados en el último escrito de acusación, que se pactó el pasado viernes y que excluye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los de agresión sexual continuados que la Fiscalía había contemplado en su primer texto. El acuerdo entre las partes incluye los atenuantes de "reparación del daño, confesión tardía y arrepentimiento".
Las penas suman un total de 32 años y siete meses de cárcel para los autores de las violaciones en grupo: tres años y 11 meses, seis años para dos de ellos, ocho años y tres meses y, la mayor condena, de ocho años y cinco.
Asimismo, el tribunal les ha impuesto la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de las víctimas, así como la de comunicarse con ellas por cualquier vía durante 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.
Los acusados, que han hecho uso de su derecho a la última palabra para disculparse con las víctimas y resaltar su "esfuerzo" para empezar a abonar la responsabilidad civil, también tendrán una inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividades que impliquen contacto regular y directo con menores de edad, ya sean retribuidos o no, durante 10 años, así como ocho años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena de prisión.
Confinamiento por la pandemia
El grupo contactaba por redes sociales y aplicaciones de citas con jóvenes "con baja autoestima", una de ellas con grado de discapacidad, hasta ganarse su confianza y las invitaban a fiestas en el domicilio de uno de los procesados, ubicado en Castelldefels, aprovechando el cierre de locales de ocio y las restricciones de movilidad a causa de la pandemia de covid.
Los miembros de la manada de Castelldels crearon "un clima de sometimiento" que llegó a "mermar e incluso anular la capacidad de reacción de las perjudicadas", según señala el escrito de acusación. Pese a acudir de forma voluntaria, las víctimas desconocían "el carácter grupal y sexual" con el que se organizaron aquellos encuentros.
Estaba previsto que los culpables, cuatro de los cuales estaban bajo prisión provisional desde hace casi tres años, declarasen mañana a puerta cerrada ante el tribunal en un juicio que estaba programado hasta la próxima semana en la Sección novena de la Audiencia de Barcelona.
"En los próximos meses ya van a poder salir en libertad", ha expresado tras hacerse pública la sentencia el abogado Juan Gonzalo Ospina, encargado de la defensa de dos de los condenados, en referencia al tiempo que llevan en la cárcel de forma preventiva y la rebaja de penas acordada.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares se han opuesto a la suspensión de las condenas de privación de libertad.


