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El PP pide "la revisión" de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que ordena la devolución de parte del Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) abonado desde 2008 por la empresa Urbicsa a los ayuntamientos de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat por la Ciudad de la Justicia.
Los populares consideran que "debe esclarecerse" si el recientemente dimitido presidente de este órgano, José Antonio Marco Sanjuán, "influyó en el resultado o hubo imparcialidad". Este ex alto cargo y miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado cesó en su puesto la semana pasada, "por motivos personales", después de la publicación de informaciones que le atribuyen el supuesto cobro de mordidas a cambio de archivar pleitos fiscales.
Fuentes del PP aseguran que los servicios jurídicos municipales de L'Hospitalet "se han sorprendido" al conocer la resolución del TEAC, que en el caso la segunda ciudad más poblada de Cataluña supondría el reembolso a Urbicsa de "entre 25 y 35 millones de euros". Esta cantidad correspondería a una parte del IBI de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat. El tribunal administrativo estima las alegaciones de la empresa al entender que no se le puede atribuir este impuesto local en su totalidad, ya que no no es titular del conjunto.
Urbicsa argumentó que explota zonas concretas, como los aparcamientos o locales comerciales y de restauración. En cambio, la Generalitat de Cataluña, que gestiona los espacios judiciales o los calabozos, no está contemplada en el reparto del valor catastral. Asimismo, la compañía denunciaba que estaba pagando por unas categorías catastrales valoradas como oficinas de lujo que ahora el tribunal rebaja en su resolución (de categoría 1 a 3).
Ciudad de la Justicia
Urbicsa (Urbs ludex et Causidicus SA) es la sociedad concesionaria encargada de la financiación, construcción, mantenimiento y explotación de la Ciudad de la Justicia, así como de la comercialización de oficinas, locales y aparcamientos en su entorno. Inaugurada en 2009 sobre los terrenos del antiguo cuartel de Lepanto, en la frontera entre Barcelona y L'Hospitalet, este complejo está compuesto por ocho edificios que, además de albergar sedes judiciales de ambos municipios, se ha convertido una potente área de negocios.
Los distintos Tribunales Económico-Administrativos del Estado (central, regionales y locales) no pertenecen al Poder Judicial, sino que son órganos administrativos encargados de resolver las reclamaciones que impugnan actos tributarios ante la propia Administración.
Pese a tener independencia funcional, los TEAC están integrados en la Secretaría de Estado de Hacienda, con rango de Dirección General, es decir dos escalones por debajo de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, aseguró el martes, en una comparecencia en el Senado, que el cese de Marco Sanjuán no fue impuesto por la vicesecretaria general del PSOE y líder del partido en Andalucía, que defendió "la trayectoria de más de tres décadas" de este funcionario de carrera.
La Fiscalía Anticorrupción anunció la apertura de una investigación a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias contra Marco Sanjuán por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho, entre otros delitos, tras la publicación en El Debate del testimonio de un empresario anónimo que, supuestamente, le habría entregado más de 100.000 euros a cambio de anular algunas reclamaciones fiscales que le afectaban.