La Fiscalía Anticorrupción investigará si el expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, cobró comisiones irregulares de empresarios a cambio de anular sanciones y archivar pleitos, después de que el sindicato Manos Limpias haya interpuesto una denuncia, según han confirmado fuentes fiscales a EL MUNDO.
La denuncia fue interpuesta por esa organización el pasado 12 de junio y fue ampliada este martes, después de que se conociera la dimisión del alto cargo del Ministerio de Hacienda y su sustitución en el puesto por José Ignacio Ruiz Toledano.
Marco Sanjuán alegó que dimitía por "voluntad propia" y por "razones personales", aunque su salida se produjo después de que el diario El Debate publicara varias informaciones en las que le acusaba de haber cobrado presuntamente a empresarios a los que posteriormente favoreció en procedimientos fiscales. En un caso pudo cobrar 100.000 euros de un empresario por estimar "un recurso a la carta", según esas informaciones.
En la denuncia que ahora investigará la Fiscalía, a la que ha tenido acceso EFE, Manos Limpias atribuye al expresidente del TEAC delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, delito de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de los abusos en el ejercicio de su función.
El autodenominado sindicato se hace eco de una información según la cual un empresario admitió haber pagado a Marcos Sanjuán hasta 100.000 euros y afirma que "no se trata de un simple recorte de prensa" sino de "unas notitias criminis que tienen toda la apariencia de un delito penal, por lo que ha de investigarse", dado que se trataría de "delitos gravísimos".
Manos Limpias sostiene que el presidente del TEAC es un cargo similar al del presidente del Tribunal Supremo y que el denunciado, que fue nombrado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debería ser "el máximo garante en la relación ciudadanos-Administración Tributaria, y además en un momento de la campaña sobre la renta que afecta a millones de contribuyentes".
Añade en este punto que "el denunciado ya inició esos presuntos delitos cuando desempeñó el puesto de Presidente del Tribunal Económico Administrativo de Castilla y León", cargo que ostentó diez años.
La denuncia relata un "modus operandi" según el cual el denunciado supervisaba personalmente la redacción de recursos a favor de empresas o de ciudadanos que habían sido sancionados por la Agencia Tributaria. "La preparación de esos recursos para su aprobación tenía la compensación de una mordida en dinero en efectivo o a través de un sistema de sociedades interpuestas y de amigos personales como testaferros para ocultar el origen real de los pagos y dificultar el rastreo de las operaciones", añade la denuncia.
A continuación detalla un caso referido a la empresa de hidrocarburos Discomtes Valladolid y otro sobre la Refinería Olmedo.
María Jesús Montero negó este miércoles que Marco Sanjuán fuera su número tres, como se había publicado, y defendió su inocencia al asegurar que "es mentira" que haya cobrado ninguna comisión irregular.
Los tribunales económico-administrativos son órganos administrativos especiales, no jurisdiccionales, que están integrados en Hacienda pero que cuentan con independencia funcional. Su misión es resolver los recursos relativos a la aplicación de los impuestos en una fase previa a la vía judicial.